Juzgar violaciones por el precio final del producto es una manera sencilla de detectar la ilegalidad que obvia, sin querer, lo que no está en la tablilla ni en el mostrador, y merece igual enfrentamiento. Porque a estas alturas, donde la inflación se hincha desde el surco, el tarimero viene siendo el último eslabón de una cadena que argolla a muchos de los que hoy nos quejamos solo en el mostrador.
Traduciendo: si un boniato se pregona a 5.00 pesos la libra no es, ipso facto, que los tarimeros de Ortiz quieran ganar demasiado y violar de un tirón el tope de 1.50 la libra, establecido por el Gobierno avileño en julio de 2019 (un acuerdo que es hoy la cartilla con la que se dirimen las ilegalidades y se hace cumplir el tope de precios). Si vemos el fenómeno así, solo en la tarima, tenemos varias opciones y soluciones: se hacen advertencias, se decomisan productos, se imponen multas, se cierran quioscos… y el efecto de querer proteger a la población de precios abusivos nos dará legalidad en el mostrador, pero no necesariamente más boniatos en la mesa.
Ahora, si entendemos que en el trasiego hay carretoneros que se ganan 100.00 pesos por traer un saco; camioneros de Camagüey que lo pagan, al momento, a 4.00 pesos la libra, en el campo avileño; que cuando a los guajiros se les cae el rendimiento a menos de la mitad y no tienen fertilizantes (como es el caso) quieren sacarle a 10 sacos lo que iban a ganarle a 20; que Acopio paga el quintal a 70.00 pesos (y no al instante); que en medio de todo escasea el alimento animal y hasta un boniato picao se paga bien…
Si entendemos eso, entendemos un panorama mucho más complejo en el que no solo los vendedores de Ortiz cargarían con “las culpas”. Aunque tampoco así se estimularía la producción, en ese contexto el boniato sí circula y tensa los bolsillos que hoy pagan carísimo los precios ilegales.
Ante tal pujanza parecen no divisarse soluciones felices que, a corto plazo, ofrezcan productos del agro de manera asidua y legal. Ni topar precios, ni dejarlos a merced de la especulación. ¿Entonces?
Las apuestas parecían caldear los ánimos este jueves mientras el Grupo Provincial de Enfrentamiento (GPE) recorría el Mercado de Ortiz y, aun sin imponer multas, dejaba claro, una vez más, qué podía hacerse y qué no. En respuesta, la secretaria allí de la sección sindical coincidía en apegarse a lo establecido y clamaba por un encuentro donde las autoridades que fijan y topan precios se sienten con las partes implicadas a analizar el problema.
“No podemos vivir ni irrespetando la legalidad ni pagando altas multas; ni cerrando puntos, porque este es nuestro empleo y tenemos que mantener familias; ni desconociendo, por ejemplo, que hoy una minindustria paga 250.00 pesos por una lata de ají cachucha que tiene 30 potes, más o menos, y por tal razón no te la traen aquí para que los vendas a 5.00. Lo mismo pasa con paladares y productos que van al cayo. Los que mueven mercancías no están llegando aquí por los precios que tenemos fijados.”
Lo que dice Yunieska Domínguez Álvarez, lo secundan Yarianna Machado Súñiga y Fernando Rodríguez Montes, otros cuentapropistas de ese mercado que aseguran que “los precios están mandaos mucho antes de llegar al mostrador” e invitan a Invasor a comprobarlo frente a comerciantes y productores.
El jefe de ese grupo de enfrentamiento, Irán Cano González, está consciente de esa complejidad, sin embargo, admite que su tarea en estos días se circunscribe a estos escenarios en el sector cuentapropista y estatal.
Un resumen de Evaristo González Camacho, al frente de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en la provincia, ilustra el accionar de un cuerpo de inspectores que, al menos en la DIS, ocupan solo 74 de las 120 plazas existentes.
No obstante, el grupo de enfrentamiento lo integran también la Policía, Fiscalía, Oficina Estatal de Comercio, Finanzas… En consecuencia, del 19 de noviembre al 9 de diciembre ese equipo ha realizado 520 visitas y ha detectado 91 violaciones e impuesto multas por un valor de 95 075.00 pesos.
Amén de ello, el reto sigue estando fuera de ese circuito, donde hoy también debe enfrentarse la ilegalidad o medirse teniendo en cuenta los vericuetos que hoy la complejizan.
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Si el estado vende el queso fundido a 30 pesos , ese será un punto de referencia al igual que los productos de las tiendas en MLC. Solo con diálogo y constancia diaria en aplicar lo establecido de podrá ir sorteando la situación donde su solución comenzará cuando exista producción.
Exelente Artículo, hacia tiempo que no te felicitaba . Enhorabuena.
Brmh