A Marino Murillo Jorge, presidente de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos, no le tembló la voz cuando explicó que, como resultado de la Tarea Ordenamiento, unas 426 empresas del país podrían terminar 2021 con pérdidas. Una puede interpretar que es el precio a pagar por devolverle a la Economía las condiciones básicas para su desempeño eficiente, pero al mismo tiempo no es posible desdeñar que se trata de la tercera parte del sector empresarial cubano.
Donde el ajuste del Día Cero se aleja de las llamadas “terapias de choque” es en la reserva de unos 18 000 millones de pesos para respaldar a las entidades que no logren cumplir sus planes y generar utilidades en el nuevo escenario. Como se ha dicho, este fondo estará disponible durante el primer año del ordenamiento, pues, si bien no se trata de un “sálvese quien pueda”, tampoco se puede amortizar las pérdidas indefinidamente.
Murillo Jorge ha insistido en que las organizaciones exportadoras y las que sustituyen importaciones estarían en mejor situación, porque un resultado directo de la devaluación de la moneda es el abaratamiento de las materias primas nacionales, siempre que los empresarios aprovechen las flexibilidades y la eliminación de trabas en su gestión económica.
En el contexto avileño, cualquiera pensaría primero en la Agroindustrial Ceballos, Cubasoy, la Empresa Azucarera o en CiegoPlast, todas bajo la jurisdicción de Organizaciones Superiores de Dirección Empresarial (OSDE); sin embargo, de las poco más de 70 empresas de Ciego de Ávila, 27 (casi el 40 por ciento) pertenecen a la subordinación local.
Son entidades menos visibles en el ámbito nacional, pero que deciden a nivel territorial la satisfacción de los servicios básicos de la ciudadanía; dígase el comercio minorista y la producción de materiales de la construcción, por solo citar un par de ejemplos. ¿Soportarán el ajuste?, ¿qué retos plantea la Tarea Ordenamiento para estas entidades?
A la primera interrogante, Jorge Demetrio Noa Delgado, subdirector de Presupuesto de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios, responde que sí. Podría parecer una respuesta demasiado optimista y a priori, de cara a la incertidumbre que trae consigo 2021, mas si alguien puede ser categórico es él.
Su cálculo se basa en dos ejercicios de modelación realizados en 2020, uno en marzo, antes de la COVID-19, y otro en septiembre (a partir de la ejecución real de los planes), cuando sonaban otra vez las campanas del ordenamiento. En ambos estimados, las empresas de Comercio, subordinadas al Grupo provincial, aparecen con pérdidas.
De manera que la atención de las autoridades administrativas de la provincia y sus estructuras de control debe concentrarse en el sistema empresarial de Comercio, teniendo en cuenta que en los municipios se trata de empresas mixtas, donde se incluye la Gastronomía. Hablamos de un “gigante” que da empleo a unos 7 000 trabajadores y tiene el encargo de aportar cerca del 70 por ciento de los presupuestos territoriales, al generar una circulación mercantil minorista de 1 000 millones de pesos, a nivel provincial. O sea, es imprescindible.
Si hoy no están en peor situación es porque en 2014 un proceso de capitalización mejoró el entorno financiero, también a organismos como la Alimentaria y Transporte. Tal inyección de capital permitió alcanzar un promedio de 70 millones de pesos de utilidades en los últimos cinco años, pero en 2019 la caída de la circulación mercantil detuvo la racha. El golpe ha sido duro para municipios como Venezuela y Bolivia.
La Tarea Ordenamiento coincidirá en el tiempo con el perfeccionamiento del comercio minorista de subordinación local, un proceso para el que, en diciembre de 2019, el Consejo de Ministros aprobó 53 medidas y un plan de trabajo de 61 tareas, relacionadas con el saneamiento financiero, el reordenamiento de la red, su clasificación y categorización, así como el inicio del reordenamiento de la gastronomía estatal.
En opinión del experto, este proceso es fundamental. Comercio debe ordenarse a lo interno mediante una estructura eficiente y un control estricto de los gastos, pues si algo ha quedado explícito es que el ajuste no puede traspasarse a los precios y, por ende, al bolsillo del ciudadano. Noa Delgado dice que el reto es “llevar a punta de lápiz los costos y mucha ciencia en los procesos”, aludiendo, además, a alianzas con la academia. Lo cierto es que sus sugerencias sirven a la medida al resto de las empresas avileñas, hayan terminado con pérdidas 2020 o no.