“Actuar con cooperación, disciplina y responsabilidad, tanto por parte de la población como de todas las instituciones que están trabajando en el enfrentamiento a la pandemia”, ha sido el llamado del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, en varias ocasiones.
Yanelis Ponce Tellez, presidenta del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, considera que estamos en una etapa posterior a la prevención, a la alerta, por lo que no puede haber un ciudadano que desconozca las medidas establecidas para el enfrentamiento al coronavirus, divulgadas sistemáticamente por los medios de comunicación.
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Por eso, durante su participación en una revista especial de Televisión Avileña, explicó que “al tribunal se están presentando los casos de mayor peligrosidad”.
Por la Policía Nacional Revolucionaria se tramitan 383 denuncias, obviamente, son muchas las personas que todavía subestiman tanto la enfermedad como la aplicación de las leyes.
“Es conveniente que la población conozca que las conductas inadecuadas, violatorias de las medidas aplicadas por las autoridades en estos tiempos, son de peligro y que, consecuentemente, la política a seguir es de total rigor.”
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Hay hechos que, por su naturaleza, reciben un tratamiento administrativo por las fuerzas policiales, con la imposición de multas a los infractores, pero otros, por su gravedad, son procesados en los tribunales.
Hasta la fecha, en el Tribunal Provincial Popular se han presentado 17 procesos, los que han continuado su tramitación porque forman parte del grupo de figuras delictivas definidas para la situación sanitaria que enfrenta el territorio. De estos, se han realizado 15 actos judiciales, de los cuales resultaron sancionadas 18 personas, quienes incurrieron en delitos como propagación de epidemia, desacato y desobediencia a las autoridades, incluso hubo ciudadanos que incidieron en más de una figura delictiva.
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“Las sanciones impuestas son de privación de libertad, que oscila entre los seis meses y tres años. Los municipios de mayor incidencia son el de Ciego de Ávila, con siete casos; Morón, con tres; Venezuela y Primero de Enero, con dos cada uno, y Majagua con uno”, precisó Ponce Tellez.
Entre otras acciones realizadas por el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila se encuentran la suspensión y detención temporal inmediata de la tramitación e impulso procesal de los asuntos o procesos judiciales en curso. Se excluyen aquellos asuntos y trámites que por su naturaleza y contenido resulte necesaria seguir su tratamiento. Lo anterior está recogido en la instrucción 248 del Consejo de Gobierno del Tribunal Supremo Popular.
Ponce Tellez aclaró que “sí se continúan admitiendo todas las demandas y los ejercicios de las acciones en cualquiera de las materias en nuestros tribunales, aunque luego se decide si se prosigue o suspende”.
Dentro de los procesos que desarrollan sus trámites, se encuentran los relacionados con el incumplimiento de las medidas para hacer frente a la COVID-19, como son la propagación de epidemia, delitos contra las autoridades (desacato, atentado, desobediencia), que no son solo los agentes del orden público, sino los estudiantes de medicina y el resto de los trabajadores que, de una forma u otra, han sido convocados a apoyar el desafío a la pandemia.
“También se están concediendo los beneficios de excarcelación anticipada, que se mantienen y, en abril último, se resolvieron 102. Se unen a lo anterior, las comparecencias iniciales de los jueces de ejecución, en las que se les explica a los egresados de las prisiones los derechos y deberes en el cumplimiento de la libertad”.
Entre esos beneficios aparecen la libertad condicional, la suspensión del trabajo correccional con internamiento, las penas sustitutivas de la privación de libertad, por trabajo correccional sin internamiento, limitación de libertad, licencias extrapenales y cambio de medida de seguridad. Conceder alguno de los beneficios depende de varios requisitos establecidos en la Ley.
La presidenta del Tribunal Popular avileño se refirió, además, a que “prosigue la tramitación de los recursos de apelación o casación, siempre y cuando no pongan en riesgo las garantías de cualquiera de las partes. Durante el mes de abril se procedió en 18 recursos de casación y 25 de apelación en los tribunales de la provincia”. El que se vio afectado por la situación epidemiológica, se aplazó hasta que se vuelva a la normalidad.
Entre otros temas, recordó que “posee absoluta vitalidad la atención a la población, que constituye una prioridad para el sistema de tribunales. En este caso, lo único que se modifica es la atención directa a la persona, pero se tienen las vías de redes sociales, la telefónica o a través de misivas, que recibirán respuesta por esos mismos canales”.
En función de preservar la tranquilidad ciudadana y la disciplina de la población, se incrementa la presencia policial en la vía pública y la vigilancia y patrullaje en todo el territorio, además de aumentar las acciones preventivas ante quienes violan disposiciones establecidas o ponen en riesgo su salud o la de quienes con ellos conviven.
En Ciego de Ávila se aplica lo establecido en el Código Penal, aunque se ha hecho y hará necesario ser más rigurosos en estas circunstancias, siempre bajo la observancia del debido proceso y el respeto a los derechos y garantías de las partes.
Hacemos Cuba. Labor del Tribunal Supremo Popular en tiempos de COVID-19