En junio de 2019 el periódico Granma publicaba una buena nueva: se daban los primeros pasos para la informatización en los Registros de Consumidores, conocidos como Oficodas.
Por aquel entonces las expectativas fueron altas, a juzgar por los comentarios de los lectores. El trabajo explicaba que la transformación sería paulatina, “de acuerdo con las posibilidades de cada gobierno” y en ese momento se seleccionaron 15 oficinas en la capital cubana para las pruebas piloto.
Desde entonces el tema ha quedado fuera de la cobertura en la mayoría de los medios de prensa; y, por tanto, poco se sabe de cómo marcha el proceso en esas primeras entidades. En Ciego de Ávila es demasiado incipiente el trabajo para llegar hasta la añorada digitalización.
Hasta la fecha, las gestiones se han concentrado solo en el levantamiento de las condiciones de infraestructura en cada local; esas han sido las coordenadas recibidas en la provincia. Por el momento, la llegada de la informatización a esas unidades no tiene fecha prevista.
Mientras, siguen las irregularidades y trabas a las que el procesamiento digital podría ponerles frenos. Eso y mejorar un tanto las condiciones de trabajo para quienes deben llenar enormes libros y montones de libretas de abastecimiento año por año, cuando lapiceros y fuerza de trabajo escasean.
Los comentaristas en el sitio digital de Granma ponían en claro algunas de esas fallas de control que, en varios casos, se traducen en daño económico al presupuesto del Estado. La más repetida fue en torno a la entrega de la canasta básica a residentes fuera del país de forma permanente. Hablaban los internautas acerca de las ventajas de mantener conexiones directas con los registros de Inmigración. Condiciones de una economía tan ajustada no permiten dar el lujo de derrochar la apretada cantidad de recursos.
En lares avileños no se está ajeno a esas fugas, sobre todo en el municipio cabecera. La ventaja de lugares más pequeños es que los bodegueros conocen a los consumidores y por ahí saben a quiénes se les debe dar baja, dice Inés María Ojeda González, especialista principal de Oficoda en Ciego de Ávila.
Está estipulado que cada organismo debe informar cuando el personal se encuentra fuera del territorio cubano por contrato de trabajo o misión y los jefes de núcleo deben hacer lo mismo con los integrantes del hogar que se van a vivir a otros países. Ese mecanismo deja en manos de la responsabilidad ciudadana, por llamarle de algún modo, todo el peso del asunto. Se ha comprobado que el control debe venir de otras partes y urge mejorar los mecanismos que llevan a no ser ahorrativos y dan pie a enredar(nos) en las cuerdas del burocratismo.
Las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular en los finales del 2019 dedicaron algunos comentarios sobre este tema y ante la inquietud de una de las diputadas, la ministra de Comercio Interior, Betsy Díaz Velázquez, respondió que es necesario establecer una nueva norma que precise el término mínimo para causar baja del registro.
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Sobre el trabajo de las Oficodas hay otras inquietudes. Una bastante frecuente es la incomodidad de renovar dietas con periodicidad a pacientes con enfermedades crónicas. Las disposiciones de Salud Pública así lo dictan, pues está reglamentado realizar análisis complementarios para el chequeo del padecimiento. Pero, esto se traduce en papeles de más, viajes a las oficinas y trámites añadidos.
Errores en nombres o fechas, malestar común para usuarios y trabajadores que deben corregir; cambios de domicilios y traslados perdidos de bodegas; defunciones, mudanzas…, toda esa información está dispersa, se pierde, trae confusiones, incomodidades. La informatización y un sistema computarizado eficaz son una suerte de luz al final del túnel por estos tiempos y, en tanto su paso lento nos mantiene en la incertidumbre, habrá que buscar vías para llevar a cero, o al menos paliar en la mayor medida, los tormentosos papeleos y las pérdidas económicas.