Ciudades sin precariedad, ese es el reto

Más de 26 000 personas en Ciego de Ávila viven en asentamientos y barrios considerados precarios.

La ciencia podrá determinar si se trató del azar o si hay una causalidad demostrable, pero lo cierto es que varios de los focos y eventos de transmisión de la COVID-19 en Ciego de Ávila transcurrieron en asentamientos y barrios considerados precarios, según los estudios de urbanismo y ordenamiento territorial del Instituto de Planificación (IPF) Física.

De las 38 comunidades identificadas con estas características, al menos en tres se desarrollaron eventos de transmisión autóctona limitada, desde el inicio de la pandemia en marzo pasado. Primero en Plan Hortícola, Morón, un asentamiento de 315 viviendas donde se diagnosticó a cinco personas. Y luego, en esta “segunda temporada”, en barrios como La Piñera y 9 de abril, en la cabecera provincial, con 54 positivos al SARS-CoV-2 entre los dos.

No digo que la citada precariedad ―entendida como la ausencia de urbanizaciones que garanticen servicios básicos de redes hidrosanitarias o viales de calidad, más las condiciones de habitabilidad de las viviendas, entre otros indicadores― fuera el detonante de una situación sanitaria tan compleja como lo ha sido el enfrentamiento a la COVID-19 aquí.

Sin embargo, y en eso estaremos de acuerdo, las irregularidades del trazado y las dinámicas internas de estas comunidades (que obedecen, en no pocas ocasiones, a la forma descontrolada en que han surgido y crecido) sí dificultaron el manejo efectivo de la enfermedad desde el primer momento. Una muestra de ello podría ser la cuarentena extendida en La Piñera o los cruces entre 9 de Abril y La Granja.

De manera que un problema viejo como los asentamientos precarios e ilegales (concomitan las dos circunstancias) podría seguir determinando, en cierta medida, el curso de emergencias de salud o ambientales. La tormenta tropical Eta también lo puso de relieve.

Con los 120 milímetros de lluvia registrados en el pluviómetro del Tanque Apoyado Sur, por ejemplo, y sin las acciones de drenaje de los canales y cañadas realizadas al sur de la ciudad, ¿qué habría pasado?, ¿adónde habría llegado el agua?, ¿de qué daños estaríamos hablando ahora?

Y volvamos a la cifra, porque no es despreciable. El inventario más reciente de la Dirección Provincial de Planificación Física en Ciego de Ávila contabilizó 38 asentamientos, barrios y focos precarios, distribuidos en cinco municipios.

Sobresalen negativamente el municipio cabecera, con 13, Florencia (10) y Morón (9). Completan la lista Ciro Redondo y Baraguá, ambos con tres.

Estamos hablando de 7 872 viviendas y una población superior a las 23 000 personas; de ese total de inmuebles, cerca del 26 por ciento son ilegales. O sea, además del crecimiento espacial de estos barrios sin que mediara una urbanización, también han estado creciendo sin legalidad. Esta realidad complica sobremanera cualquier acción concertada y planificada de ordenamiento a corto y mediano plazos, aun cuando las ilegalidades son contravenciones contenidas en el Decreto 272 del 2001 del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros.

• Descargue aquí el Decreto 272 del 2001.

¿Cómo llegamos hasta aquí? Es un fenómeno, evidentemente, multicausal. Tiene de todo, desde el despoblamiento de las zonas rurales y la migración, pasando por la distribución y acceso a los servicios sociales y la infraestructura técnica, hasta el descontrol de los tenientes del suelo y los organismos fiscalizadores. Y aunque el Programa Integral de Enfrentamiento a las Ilegalidades rectorado por el IPF no se detiene, los asentamientos, barrios y focos precarios tampoco.

Una nota publicada en el diario Granma daba cuenta de un inventario de 35 comunidades en septiembre de 2014, tres menos que las registradas al cierre de septiembre de este año. En lo que sí se ha avanzado es en el estudio de esos barrios, que permitirá determinar cuáles se quedan y cuáles deberán ser reubicados, a partir del Plan General de Ordenamiento Territorial de la provincia.

Un objetivo que recibió en 2019 el espaldarazo del Acuerdo No. 8574 del Consejo de Ministros, del que se deriva un proceso de ordenamiento y legalización de todas las viviendas que no violan las regulaciones urbanas territoriales, cuando no se contraponen a los planes de ordenamiento territorial.

Pero un problema de esta naturaleza necesita más que un documento rector. Precisa rigor y compromiso por parte de los organismos encargados de hacerlo cumplir, a la vez que mucho sentido común y apego a la legalidad de quienes están urgidos de una vivienda. En materia de techo seguro, no siempre los atajos acortan en verdad el camino.

De lo que se trata, tal y como recoge el informe de Cuba a la Conferencia sobre la Vivienda y el Desarrollo Urbano Sostenible Hábitat III (realizado en octubre de 2016), es de “lograr ciudades compactas, con un incremento de densidades y mayor aprovechamiento del suelo, recuperar el tejido urbano tradicional, alcanzar una mayor participación ciudadana en la gestión y elevar el sentido de pertenencia, nivel de satisfacción, calidad de vida e integración social, favoreciendo la interacción entre todos los sectores y un activo rol de los gobiernos como facilitadores, legisladores y controladores”.