Hasta el cierre de octubre, la Empresa Provincial de Transporte en Ciego de Ávila (EPT) cumple el plan de transportación a un 27 por ciento, lo cual significa que, a dos meses de concluir el año, es imposible que alcance el objetivo de trasladar 18 millones de pasajeros en 2024.
Aunque esa cifra le queda grande a la entidad, no lo es tanto como los obstáculos a sortear. Siempre pareció un objetivo lejano, porque el año anterior la EPT apenas logró transportar 5.6 millones de los 14 que se había propuesto y en 2022, solo 7 de 21.
En el camino hacia la recuperación, dos grandes piedras impiden avances: déficit de combustible y bajo coeficiente de disponibilidad técnica (CDT) o cantidad de vehículos automotor. Para saber cómo se intenta sobrepasarlas, Invasor llegó hasta la oficina del director de la EPT, Vidal López Más.
―Ambas son determinantes en el resultado deficiente, ¿pero cuál es la dimensión real de estas problemáticas? ¿Alguna tiene mayor incidencia?
—Las dos están aparejadas en cuanto a la repercusión que tienen para la empresa. Apenas estábamos recibiendo el 26 por ciento del portador energético del plan solicitado, hasta hace cuestión de un par de semanas que nos incrementaron esa entrega a un 30 por ciento.
“A veces estamos tan limitados que solo podemos cubrir los servicios vitales y otros de gran importancia: transportación de pacientes con turnos médicos, el personal de salud para los hospitales provinciales, los estudiantes de las universidades de Villa Clara y Camagüey y los fletes funerarios.
El traslado de pacientes con turnos médicos continúa siendo una prioridad
“Según la más reciente información estadística, el CDT está a un 26 por ciento en la actividad de ómnibus públicos. Es un CDT muy deteriorado por la inexistencia de piezas que forman parte del costo de explotación del transporte, fundamentalmente neumáticos y baterías. Perdimos los vehículos de gran porte, solo tenemos Dianas y unas pocas Girones.
“En detrimento del CDT actúan igualmente el deterioro de los viales ―un texto de Invasor planteaba, a mediados de 2023, que el 75 por ciento de las vías de interés tanto municipal como provincial se encontraban en regular o mal estado”.
―¿Económicamente es imposible mejorar ese aspecto?
—La nuestra, como todas las empresas transportistas del país, tiene un fondo de desarrollo habilitado en el Ministerio del Transporte. Como no se captan divisas, no se importan esos recursos que necesitamos. Hasta este minuto solo hemos recibido durante 2024 una entrega con neumáticos y baterías insignificantes.
“Desde el mes de mayo se aprobó con carácter retroactivo una subvención a los servicios del transporte público que ha permitido un respiro financiero y que, del mes de febrero a la fecha, hayamos ingresado por ese concepto unos 9 millones de pesos.
“El nivel de ejecución de los gastos es similar al del año pasado porque la prestación de servicio de tercera está deprimida también: el mantenimiento de equipo y proveernos de grasas y lubricante, por citar par de ejemplos, se nos dificulta mucho. O sea, estamos en un estado financiero bastante favorable. Pero todavía no podemos permitirnos grandes compras en medianas empresas particulares u otras de las formas de gestión no estatal por los altos costos de las partes y piezas”.
―Por supuesto, eso es directamente proporcional a la incapacidad de abarcar la mayoría de las rutas. ¿Qué acciones se toman para recuperar cuantas sean posibles?
—De 135 rutas en toda la provincia, hoy la empresa cubre 57. Debemos reconocer que ciertamente existe mucha inestabilidad, desconocimiento a veces de que volvió a restablecerse una ruta y que solo brindamos el servicio en horarios de apertura y cierre. No obstante, en comparación con el cierre de julio logramos activar 11, a partir de una nueva estrategia en su diseño y de que logramos incorporar ocho ómnibus.
“Hoy contamos con la plantilla completa de choferes en relación a nuestro parque automotor. Gracias a la capacidad innovadora de ellos se han pasado a un ómnibus en explotación neumáticos de otro que está paralizado por largo plazo, se han cambiado baterías y se buscan soluciones así. De cualquier forma, estos avances son insignificantes frente a la demanda que sigue sin satisfacerse”.
―¿Cuán beneficioso resulta el arrendamiento? ¿Hasta dónde los arrendadores son consecuentes con sus encargos sociales y ustedes velan porque los cumplan?
—Aunque para la actividad de carga el CDT está al 42 por ciento, superior al del transporte público, la asignación del combustible entonces no nos respalda. Los vehículos arrendados han sido muy útiles para la distribución masiva de la harina y la canasta familiar normada a la red de bodegas de los 10 municipios.
“La empresa tiene más de 85 medios arrendados, pero el 50 por ciento sigue en proceso de reparación o tramitaciones legales. Sabemos de las insatisfacciones de la población a partir de que algunos incumplen sus obligaciones y parecen estar sueltos. Es cierto que debemos trabajar para que abaraten precios, ajustados a las tarifas establecidas, como hemos de reconocer que no podemos darle la cantidad de combustible necesario.
“En situaciones difíciles, hay que reconocerlo también, ha habido esquemas de transportación en que ellos asumen protagonismo en tareas de peso. Cuando no hemos sido capaces de llevar pacientes al Oncológico de Camagüey, ellos han asumido esa responsabilidad”.
―Consecuencia de la desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional en semanas recientes, una parte significativa de las actividades socioeconómicas estuvieron paralizadas dentro del territorio nacional. ¿Cuánta repercusión tuvo para el funcionamiento de la EPT y qué medidas se adoptaron frente a una contingencia así?
—A partir de la contingencia electroenergética en el país hubo una suspensión temporal de casi todos los servicios que ofrece la EPT. En concordancia con esa situación, se mantuvieron solo los servicios de fletes funerarios y ciertas salidas de interés de las máximas autoridades del territorio.
“El apagón nacional coincidió también con la entrada de la provincia en fase informativa ante el huracán Oscar que, en definitiva, pasó sin causar estragos en Ciego de Ávila y Camagüey. Por tanto, desde el miércoles de la semana anterior comenzó el restablecimiento de los viajes de pacientes de oncología a Camagüey.
“Durante esas fechas también fue posible transportar personal de la salud de los municipios Baraguá y Majagua hacia el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola y de Chambas al Hospital Provincial General Docente Roberto Rodríguez Fernández. Ese mismo proceder se llevó a cabo con los reclusos que fungen como auxiliares de limpieza en ambos centros.
“Incluso en los tiempos difíciles de cobertura energética continuó la circulación del coche motor de Punta Alegre a Morón. De igual manera, tres días consecutivos ―de jueves a sábado― estuvieron activas algunas de las rutas más importantes, como son la 7, la 210, que tiene una parada en la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez y se extiende hasta la Loma de la Carolina, y la 22”.
―¿El tránsito de las unidades de base a una nueva forma de gestión sería una solución? ¿Por qué?
—La empresa se conforma de 11 Unidades Empresariales de Base (UEB), dos en el municipio cabecera y una en el resto de municipios. Desde la dirección provincial queremos darle mayor independencia a las UEB, facultades, que ellas por sí solas cumplan el ciclo productivo total, que paguen utilidades y aporten al rendimiento de los ingresos. El propósito es que la empresa solo sea su rectora metodológica. Esos pasos los estamos dando. Creemos que son más factibles. No estamos en contra tampoco a que pasen a ser una empresa filial o una mipyme estatal. Veremos a futuro qué alternativa es más conveniente”.