Cuando salta en mi chat algún mensaje agresivo o de insinuación sexual lo ignoro, y si la persona insiste, bloqueo y hasta denuncio el perfil. Por gajes del oficio he activado varias alertas de Google, por seguridad cada cierto tiempo cambio mis contraseñas y nunca acepto una solicitud de amistad sin conocer o tener alguna afinidad con quien la envía. Digamos que ahora soy más perspicaz y selectiva sobre qué consumo y a quién acepto o no en esa larga lista de amigos que el algoritmo de las redes sociales se encarga de acercar.
Sin embargo, a estas conclusiones se llega después de haber explorado y aprendido que lo privado pierde esa cualidad cuando decidimos lanzarlo al escrutinio de Internet. También es cierto que no todos han tenido esa oportunidad con la rápida penetración digital de los últimos años, que ha llegado desligada, muchas veces, de prácticas de uso y consumo responsables.
Si, además, se trata de adolescentes, las vulnerabilidades son diversas, y así lo confirma Danis Rodríguez Ceballos, jefe del Grupo Provincial de Psicología de la Salud, con el dato de que 13 casos de ciberacoso y pornovenganza han sido tratados este año en la Consejería de atención a mujeres y niñas en situación de violencia, cifra que duplica a los reportados en 2019, pero que pudiera ser apenas un esbozo del problema porque no todas las víctimas buscan ayuda.
Otras ni siquiera perciben que esas alusiones públicas a la intimidad, los insultos, las burlas, el chantaje y hasta la persecución son formas de violencia, de abuso de poder y, a veces, también constituyen delitos.
Por lo general, el modus operandi permanece intacto: seducción, juegos de palabras, resaltar la belleza, utilizar el fetiche de una relación para pedir fotos que, poco a poco, suben de tono, y hasta pueden mediar propuestas materiales. Cuando la muchacha o el muchacho decide abandonar el juego comienza el acoso.
La ciudad cabecera y los municipios de Morón, Majagua y Baraguá son los de mayor incidencia, y ha sido necesario llegar hasta dos preuniversitarios con charlas educativas sobre estos temas. Mientras, en consulta las secuelas identificadas muestran a adolescentes con bajo rendimiento escolar, sentimientos de culpa, fobia a quitarse la ropa, relaciones interpersonales dañadas y con un miedo lacerante a encontrar al acosador o a ser reconocido en la calle.
Si bien el asunto en Cuba no es nuevo y ya en 2019 saltó del mapa el poblado de Maniabón, en Las Tunas, cuando un grupo de adolescentes y personas fueron agredidos y amenazados desde un perfil falso llamado Maniabón Peres, los números encienden alarmas.
En el marco legal comprobar el acoso común y corriente es difícil, y más complejo es inculpar a una persona que desde las redes sociales hostiga y violenta. Por eso, han sido importantes los vínculos establecidos entre la Consejería y el proyecto Por un mundo al derecho, liderado por Olaida Segura Cuevas, jefa del Departamento de Asistencia Jurídica, Divulgación y Atención a la Población en la Dirección Provincial de Justicia, y auspiciado por la UNICEF, lo cual ha derivado en la orientación jurídica de las familias y en desentrañar cuándo un caso de ciberacoso o pornovenganza es constitutivo de delito. Hasta ahora cuatro han sido presentados ante los órganos competentes.
A pesar del vacío legal alrededor del ciberacoso, tampoco están desprotegidas las víctimas y se avanzó en 2019 con la salida del Decreto-Ley No. 370 Sobre la Informatización de la Sociedad en Cuba, que estableció que difundir en este circuito información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad se considera una contravención.
No hay una fórmula exacta para conducirse en la red y la pantalla puede ser eficaz para enmascarar intenciones, pero tampoco infalible si activamos nuestros propios mecanismos de defensa, sabemos cuándo somos violentados y a dónde debemos acudir.
Posted by Adiel González Maimó on Monday, November 30, 2020