Eran las cinco de la madrugada en aquella parada semidesierta, punto de salida de uno de los tantos pueblitos rurales, donde el transporte público ya es una anécdota del pasado, y cada quien, cuando necesita viajar, se las arregla como puede. En eso, frena un camión particular, única esperanza de no haber sufrido en vano el madrugón.
El cobrador, sin dar los buenos días, dice que solo montará cinco personas y que no pueden subir maletines ni otros objetos abultados. Una rápida mirada comprueba que lleva la mitad del pasillo vacío, y caben más de cinco pasajeros. Pero en el transporte privado no manda usted: decide el cobrador, el dueño, el chofer, o cualquiera que se arrogue el derecho de facilitar o complicar la vida de la gente. Así que no hay discusión posible.
Un señor mayor es el primero en la cola. Seguramente está allí desde muy temprano. Lleva un maletín; ya se imaginarán. El señor pone un pie en la escalera del camión, luego sube el otro, y estalla el conflicto que, a las cinco de la mañana, va de lo surrealista a lo patético.
—¡¿Yo no dije que nadie podía montar con maletín?!
―Pero es que soy el primero. Me toca a mí —contesta el pobre viejo, casi en tono suplicante.
El cobrador, en mala forma, lo obliga a que se baje del carro. Las cinco personas que iban detrás, pagan y montan. Una señora explica que tiene turno en el hospital, que hagan una excepción, pero el cobrador no tranza. Cierran la puerta, arranca el motor del camión, y la parada oscura y abandonada queda en un silencio incómodo.
Este tipo de escenas ocurren a menudo, y no solo en el sector del transporte. Todos alguna vez hemos sido testigos de un caso de maltrato a la población: faltas de respeto, precios abusivos, servicios y productos de mala calidad, esperas demasiado prolongadas…
En muchas ocasiones, sufrimos el problema en carne propia, o somos testigos de él, pero no protestamos. Si acaso, un breve reproche a media voz.
Porque pensamos, quizá con una gran dosis de ingenuidad, que el transportista privado, el vendedor de la placita y el dueño de la mipyme nos hacen un favor cuando ofertan su producto/servicio. Y que los derechos del cliente, las leyes cubanas y las normas de buena convivencia solo pueden reclamarse en el sector estatal.
Todavía en el imaginario popular existe la creencia de que los gestores de negocios privados pueden decidir a su antojo cómo y bajo qué condiciones ofrecen un servicio al público. Y que el cubano, ante la voluntad del negociante, no tiene ninguna oportunidad: “O aceptas las reglas que pongo yo, o te vas a comprar a otra parte”. Y, hasta cierto punto, esa lógica podría tener sentido en otro momento histórico, pero hoy no.
Ahora mismo, en medio de una crisis económica que nos drena el bolsillo, cuando los pocos recursos del país obligan a establecer prioridades, y el Estado se retira de ciertos sectores, no siempre podemos escoger. Por ejemplo, ante la desaparición del transporte público en muchos territorios suburbanos y rurales, no hay opción posible.
Al borde de un camión (primera parte) Durante nuestra reciente visita a Camagüey, recibimos un comentario en nuestra...
Posted by Eduardo Rodríguez Dávila on Saturday, April 27, 2024
Si no aceptas el mal carácter o las condiciones piratescas de cierto transportista privado, ¿qué harás cuando tengas un turno médico, o necesites realizar un trámite, o te haga falta visitar a un familiar que vive lejos de tu casa? Es simple: aunque te hiervan las vísceras, aunque te parezca injusto, no te queda de otra que aguantar, y considerarte dichoso si logras pagar y subir al carro.
Uno puede pensar que estos fenómenos ―los de la indolencia y el maltrato― son hijos de una época tremendamente difícil, en la que el individualismo pugna por imponerse y aplastar al interés colectivo. Sin embargo, resulta un asunto mucho más complejo, y tiene que ver con las diferentes percepciones acerca de lo estatal y lo privado que coexisten en la vida económica del país, y también en la población.
Los nuevos actores de la economía —y otros que no son tan nuevos― están obligados a prestar servicios de calidad a la población, y tratar con respeto y cortesía a sus potenciales clientes. La licencia de un negocio privado no es una patente de corso: es una oportunidad para mejorar las finanzas domésticas y, al mismo tiempo, contribuir al desarrollo de la sociedad.
Bajo ninguna circunstancia podemos permitir que un negocio que maltrate a las personas florezca y prospere en nuestro país. El sector no estatal existe, entre otros motivos, con el propósito de resolverle problemas a la gente, no de crear otros más graves y vulnerar los derechos del pueblo. Y corresponde a las autoridades tomar cartas en el asunto. Ya va siendo hora.