En días de contingencia electroenergética y condiciones climáticas adversas, la comunicación debe equiparse con el coraje de quien se adentra en terreno difícil y con paso firme, se abre camino alcanzando con claridad a cada ciudadano que encuentra en su andar.
Circunstancias como esas son la mejor forma de poner en práctica la primera ley que regula esta actividad en Cuba, pero no son las únicas.
¿Cómo puede aportar la provincia más megawatts a la generación distribuida cuando no acaban los apagones? ¿Por qué persiste la sequía a pesar de días continuos de lluvia? ¿Cómo marcha la ejecución del Teatro Principal? ¿No lo habían inaugurado ya?
Estas y muchas más interrogantes que vienen de vecinos, familiares y amigos, nos exigen a los profesionales, medios de comunicación, organizaciones políticas y de masas, y a entidades estatales, una actualización informativa constante que profundice en las cuestiones que la población no comprende, así como desmentir noticias falsas o verdades a medias.
Bien lo refleja el diario Granma: “Las crisis también se gestan —más o menos silenciosamente— en las relaciones y procesos de producción social o material, los cambios socioeconómicos, a lo interior de la institucionalidad, en la acumulación de sucesos que crispan la vida, como el efecto sobre las personas de la feroz agresión económica que sufre el pueblo de Cuba por parte del gobierno de losEstados Unidos, que mortifica nuestra cotidianidad con carencias y desabastecimientos”.
Entre los principales aportes de la Ley 162 de Comunicación Social aprobada ya hace más de dos años, sobresale la definición de cómo debe gestionarse la comunicación social en contextos de crisis. Su propósito esencial es garantizar mecanismos eficaces para prevenir, enfrentar y mitigar los impactos de hechos que pudieran comprometer el funcionamiento normal de una entidad, un sector económico, un territorio o incluso del país en general.
La norma también impulsa la responsabilidad de brindar información veraz, contrastable y comprensible, además de hacerlo de forma oportuna y actualizada. Se consolida, así como un respaldo legal y un instrumento orientador para perfeccionar las prácticas informativas que, durante años, han sostenido la labor de los comunicadores ante circunstancias complejas.
En tiempos de transformación digital, las dinámicas comunicativas se renuevan y enriquecen gracias a la inmediatez, la multiplicidad de formatos y la amplitud sin límites de espacio y tiempo que ofrecen las plataformas tecnológicas actuales.
Frente a ese escenario, las instituciones vinculadas a la comunicación pública y los medios de prensa fortalecen su presencia en sitios web y redes sociales de Internet. Paralelamente, crece, poco a poco. la interacción en canales y grupos de mensajería como WhatsApp y Telegram, que se consolidan como vías alternativas para el intercambio rápido y directo con las audiencias.
Sin embargo, la falta de cobertura de la telefonía celular en algunas zonas, la imposibilidad de cargar baterías por prolongados apagones, y el hecho de que nuestros abuelos o personas mayores de la vecindad no cuenten con un dispositivo móvil para estar informados 24/7, ratifican el protagonismo de los líderes comunitarios.
Pienso que presidentes de Comités de Defensa de la Revolución, coordinadores de zonas, delegados…, son los mejores para desvanecer esas mediaciones y que, como servidores públicos, divulguen la información correcta adonde quiera que vayan, empezando por su comunidad, extendiéndolo a su centro de trabajo y si es preciso, con mucho respeto, hasta en la cola del Banco.
Es una batalla dura y no basta con un día, pero aún se escucha en las señaladas colas algún que otro disparate.
Ante la diversidad de actores y contenidos en el ecosistema mediático actual, se hace indispensable obrar con profesionalidad, ética y prudencia. Cada información debe ser verificada y contrastada antes de su difusión o publicación y los errores, cuando ocurran, deben corregirse con agilidad y transparencia.
Comunicar de manera responsable implica alertar sin sembrar pánico, exponer los hechos sin distorsiones ni omisiones, evitar la saturación informativa, propiciar la participación ciudadana y blindar el mensaje frente a la manipulación malintencionada que aprovecha los descuidos editoriales.
Resulta inaceptable cualquier desconexión entre el sistema comunicacional y la sociedad a la que sirve. Del mismo modo, carece de sentido predicar valores que no se sostienen con los hechos o exigir de los comunicadores responsabilidades que pertenecen a las autoridades políticas, empresariales o institucionales.
En tiempos en que la legitimidad y la credibilidad se tornan vulnerables, se impone reforzar la coherencia, el compromiso social, la empatía y el respeto, porque no es igual gestionar una comunicación de crisis, que provocar una crisis por una comunicación no eficiente.