Con el salario del mes en la tarjeta magnética y las necesidades acumuladas, camina hacia el punto de venta cercano, pensando en un mejor aderezo para la comida de los próximos días y un pequeño lujo que sirva de alegría para los niños de la casa, pero pronto sus ilusiones tropiezan con la cruda realidad.
— ¿ Aceptas transferencia?
— Hoy ya se agotaron las que podía recibir. Es la respuesta de una indiferente empleada que, desde detrás del mostrador bien surtido, vuelve la vista al celular y presta poca atención a sus reclamos. De nada vale el conocimiento que posee acerca de sus derechos a pagar por la vía que desee, ni la obligación de todos los locales de comercio de contar con un código QR para garantizar la opción de pago en línea.
Sin darse por vencida, camina por otros puntos cercanos donde recibe respuestas similares y cuando, al fin, encuentra uno que admite el pago por transferencia, le muestra un Código que da error después de varios intentos y debe marcharse vencida, dejando la mercancía seleccionada sobre el mostrador.
La narración no en una compilación de malas prácticas resumidas en un solo ejemplo y sí, parte de las vicisitudes que enfrentan cada día los pobladores en su afán por solucionar los problemas de la cotidianidad en medio de carencias, disposiciones que muchos se niegan a cumplir y control insuficiente sobre su aplicación.
Si bien en los establecimientos ubicados en el centro de las ciudades es más fácil hacer uso de los canales electrónicos, la situación se torna diferente en los barrios periféricos donde los negocios no estatales se adueñan de las ofertas y establecen la ley a su antojo, ante la poca presencia de inspectores que velen por el acatamiento de lo legislado.
A un año de entrada en vigor la Resolución 23/2023 del Ministerio de Comercio Interior que establece la obligatoriedad de quienes se dediquen a actividades comerciales de asegurar el acceso y empleo de los canales de pago electrónico, mediante pasarelas como Transfermovil y EnZona, cerca de 500 establecimientos en el país han sido cerrados por incumplir injustificadamente esta disposición.
No obstante, autoridades de ese Ministerio consideran que la cifra resulta insuficiente , teniendo en cuenta el bajo nivel de enfrentamiento que presentan algunas provincias.
Aunque hasta el cierre del mes de julio Ciego de Ávila está entre las cinco provincias que más crece en el número de operaciones de pago en línea, quedan muchas brechas que es necesario cerrar para que el proceso de bancarización tenga la efectividad que se necesita.
Resulta imprescindible continuar trabajando para lograr el cumplimiento de estas políticas que buscan respuesta, no sólo a temas como la falta de efectivo, sino, sobre todo, la transparencia fiscal.
Es bueno recordar, por ejemplo, lo explicado a Invasor por Eyne Michel Mirón Felipe, jefe de departamento de Banca Electrónica en la Dirección Provincial del Banco Popular de Ahorro, en Ciego de Ávila, acerca de las diferencias entre el pago por transferencia y pago en línea, términos importantes y novedosos en la bancarización de las transacciones.
La transferencia, señaló, es una transacción entre personas naturales, en tanto el pago en línea corresponde a términos de negocio, de trabajadores por cuenta propia y formas no estatales de gestión, así como entidades estatales que acceden a través de la Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa (Xetid) y EnZona a su código QR para que le efectúen los pagos.
Las personas naturales tienen un límite aprobado por el banco, como medida de seguridad, para realizar como máximo transferencias diarias de hasta 80 000 pesos, por eso le dicen al cliente que ya alcanzaron el nivel del día, pues están enviando el dinero a su cuenta personal y no a la del negocio.
Esta acción de los “inteligentes” emprendedores trae como resultado que al final del día reciban una bonificación del seis por ciento del Banco, la cual debió ser para el cliente por pagar en línea y no para el dueño del negocio. Asimismo, al evadir ese paso, no dejan constancia de los ingresos, ni exactitud en los impuestos que debe pagar a la Oficina de Administración Tributaria.
Ante estas actitudes, cabe denunciar donde corresponda y exigir por el respeto de nuestros derechos como consumidores, independientemente de las formas de gestión que sean, pues con su accionar poco transparente no solo nos privan de la bonificación del seis por ciento de los gastos que ofrece el pago en línea, sino que se burlan de sus obligaciones con el fisco y ocasionan pérdidas considerables al presupuesto.
Lo han planteado en reiteradas ocasiones las autoridades locales y del país, tanto en este asunto como en el de los precios topados, las pretensiones de los pillos tienen que ser neutralizadas con mayor rigor en el desempeño de las administraciones locales, la evaluación constante de los indicadores de rendimiento de los inspectores, y una eficiente gestión y cobro de multas, con acciones concretas desde los Consejos Populares, donde se conoce bien a cada quien.
🇨🇺Bancarización 👌.Una conciencia que hay que defender, BPA en Ciego de Ávila , "Comprometidos con el Desarrollo" pic.twitter.com/Tr37MQeFga
— Comunicadora BPA (@BpaComunicadora) January 23, 2024