En un nuevo y desesperado capítulo de su guerra contra Cuba, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha lanzado una acusación tan infame como fraudulenta contra el General de Ejército Raúl Castro Ruz y otros destacados compañeros revolucionarios.

No sorprende: carece de todo fundamento legal, político y moral. No es más que un acto de propaganda judicial, otro intento de criminalizar la dignidad de un pueblo que ha resistido más de seis décadas de agresiones.

Washington, acostumbrado a erigirse en fiscal del mundo, olvida convenientemente que quien debería estar sentado en el banquillo es el propio gobierno norteamericano. ¿Qué jurisdicción moral tiene un país que ha impuesto un bloqueo criminal, que organizó invasiones mercenarias, que intentó asesinar en más de 600 ocasiones al Comandante Fidel Castro, y que mantiene una base militar ilegal en Guantánamo? Esa es la verdadera y probada escalada agresiva: el cerco financiero, la asfixia comercial, las campañas de desestabilización y las acusaciones sin pruebas.

La acusación contra Raúl Castro Ruz forma parte de un libreto conocido: demonizar a los líderes cubanos para justificar el castigo colectivo contra toda una nación. Pero el mundo ya no se traga ese guion.

Cada nuevo embate legal desde el Norte revela, más que un supuesto delito, la impotencia de una política fracasada. El derecho internacional, la ética y el sentido común exigen, por el contrario, que se enjuicie al gobierno de Estados Unidos por los males causados a Cuba: desde el genocidio económico hasta el saqueo de recursos, pasando por el apoyo al terrorismo de bandas contrarrevolucionarias.

Cuba no se defiende con odio, sino con verdad. Y la verdad es que esta acusación es un boomerang jurídico que termina ensuciando a quien la lanza. La historia, los tribunales de conciencia y los pueblos del mundo ya han dictado su veredicto: los verdaderos culpables están al norte del estrecho de la Florida.