Aunque las intervenciones abordaron diversas aristas, el análisis de los resultados alcanzados en la implementación de la Política Integral de la Atención a la Niñez, las Adolescencias y las Juventudes, en el Pleno del Comité Provincial del Partido, se concentró en las causas, consecuencias y modos de enfrentar la actividad delictiva y las conductas sociales negativas en las nuevas generaciones.
Si bien se pasó revista al conjunto de acciones en función de aspectos vitales como la continuidad de estudios, el ingreso a la Educación Superior, el empleo del tiempo libre, y la incorporación al estudio y el trabajo, entre otros, resulta obvio que la mayor preocupación recae en la falta de efectividad del trabajo conjunto a la hora de actuar y lograr transformaciones en los individuos desde el barrio.
Aunque pase inadvertido para una parte de la población, en el cónclave de este jueves se habló de problemáticas altamente preocupantes que rebasan el ámbito formativo en las escuelas y que se gestan y permiten en el seno familiar y la comunidad.
El registro de situaciones incluye consumo de drogas, embarazos en la adolescencia, prostitución desde edades tempranas, y violaciones de la integridad física de niños, jóvenes y adolescentes, incluso, en el seno familiar.
No pasó por alto la reiterada alusión de los presentes a estructuras incompletas, lo cual dificulta el trabajo, como ocurre con la falta de jefe de sector de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) en el Consejo Popular Ángel Alfredo Pérez del municipio cabecera, escenario en el cual se conocen casos de prostitución, pero no se ha actuado con la celeridad y eficacia que requieren los casos.
Fue así como una expresión de Nairobi Terry Segrera —“Y no pasa nada”— para referirse a lo infructuoso que resultan los enfrentamientos cuando no se actúa en equipo y se hace valer lo que establecen las leyes, derivó en una serie de reflexiones.
De modo que no extrañó el llamado de Alfre Menéndez Pérez, gobernador de la provincia, a “afinar la puntería” en cuanto a una misión que debe controlar y exigir políticamente el Partido, pero de la cual no están exentos organismos, organizaciones e instituciones y el resto de la sociedad.
No obstante, las debilidades que se aprecian en los segmentos poblacionales proclives a la comisión de indisciplinas y la actividad delictiva demandan una mayor operatividad e integralidad, con especial énfasis en el protagonismo de los delegados del Poder Popular, trabajadores sociales y jefes de Sector de la PNR a la hora de articular el trabajo en las circunscripciones y consejos populares.
De ahí que Menéndez Pérez considerara la relevancia de sistematizar la evaluación de lo que se hace en todos los escenarios, atendiendo a las peculiaridades locales y a la atención diferenciada a cada situación.
Los debates dejaron claro que apenas se dan los primeros pasos en la implementación de la Política, luego de que, en julio pasado, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobara el Código de la Niñez, Adolescencias y Juventudes, una norma jurídica que marca un hito en la protección integral de los derechos de las nuevas generaciones en Cuba.
Al respecto, Yuslaivys Borges González, miembro del Buró Provincial del Partido, quien presidió la reunión, dijo que, en la primera etapa de la implementación de la mencionada Política, el Plan de Acción en Ciego de Ávila incluye 14 objetivos y 90 acciones que corresponden al período 2023-2025.
Hizo referencia a los favorables saldos que ofrecieron las visitas realizadas a los 58 consejos populares de la provincia y a algunos resultados concretos alcanzados en diversos frentes. Entre otros, mencionó la prioridad que se concede a la reparación y mantenimiento de círculos infantiles, el incremento gradual de las casitas infantiles y el seguimiento a la continuidad de estudios que muestra avances discretos.
Si de algo no quedó el menor resquicio para la duda fue del principal mandato que emergió de las discusiones: no basta con prevenir o denunciar, es necesario proceder con energía, efectividad, y con la actuación integrada de cada componente de los equipos de trabajo.
En un segundo momento, el cónclave pasó revista al comportamiento de los principales indicadores económicos de la provincia, al cierre del noveno mes del año en curso.
Trascendió que al interior del sistema empresarial estatal se ejecutó un 4,4 por ciento superior a lo planificado de las ventas netas, equivalente a 757.7 millones por encima de lo previsto y a un crecimiento de 38.3 por ciento con relación al año anterior.
Se estima que, al finalizar el año, concluyan con pérdidas las empresas Avícola Ciego de Ávila, Mixta Biopower S.A., Agroindustrial Azucarera Primero de Enero, Cárnica Ciego de Ávila y Filial Aseguramiento y Servicios del Ministerio de la Agricultura.
Varios directivos, invitados al Pleno, argumentaron las causas objetivas que causan las pérdidas, incluidos los máximos responsables en las entidades Mixta Ron Vigía S. A. y Agroindustrial Ceballos, las cuales muestran, en la actualidad, una reanimación que las debe sacar del grupo de las incumplidoras antes del 31 de diciembre.
Otras fisuras resquebrajan el cumplimiento de las exportaciones pactadas (solo al 83,6 por ciento). De las 21 entidades que planificaron este indicador para el período, reportaron ejecución 13 y de ellas 10 incumplen lo previsto. Más allá de las causas objetivas del retraso, se abogó por incentivar alternativas diferentes a las que se han manejado en los últimos años.
FilibertoSusivey Márquez destacó que continuará la reducción del déficit presupuestario anual
Susivey Márquez Toledo, coordinadora de Programas y Objetivos de la Economía en el Gobierno provincial comentó que, con respecto a la ejecución del presupuesto, al cierre del mes de octubre la provincia logra sobrecumplir los ingresos y alcanza 569 millones más que en igual período del año anterior.
Refirió que se han cobrado 182 millones de las reservas de ingresos identificadas, si bien quedan pendientes 113 millones, “que las tenemos identificadas en deudas tributarias, en multas pendientes de cobro y en subdeclaraciones que estamos trabajando con la ONAT” (Oficina Nacional de Administración Tributaria), por lo que el saldo por este concepto se incrementará en lo que resta de 2025. En cuanto a las acciones de fiscalización, planteó que reportaron el cobro de 85 millones de pesos.
En general la economía territorial evidencia una reducción del déficit presupuestario de 274 millones de pesos, al cierre de octubre. La tendencia que se aprecia para lo que resta del período anual contempla un sobrecumplimiento de los ingresos y una disminución significativa del restante déficit presupuestario, enfatizó Márquez Toledo.