Más de 2 100 denuncias se han procesado como parte del enfrentamiento a la COVID-19
Así como “rebrotó” la COVID-19 en Ciego de Ávila, desde finales de agosto pasado la provincia ha experimentado también un incremento de las denuncias relacionadas con los dos frentes que identificó la Fiscalía General como priorizados en el enfrentamiento: propagación de epidemias y lucha contra coleros.
La magnitud puede deducirse de un par de datos aportados por María Victoria Sifonte Ayup, fiscal jefa provincial: entre el 23 de marzo y el 26 de mayo se contabilizaron 614 denuncias, mientras que en apenas 36 días (del 26 de agosto al 30 de septiembre) ya sumaban 990. El cierre del noveno mes del año trajo, al igual que las estadísticas sanitarias, números alarmantes.
Además de la Propagación de Epidemias, la Especulación y el Acaparamiento, la Actividad Económica Ilícita, la Desobediencia y la Infracción de las normas Protección al Consumidor, en ese orden de incidencia, caracterizan el panorama avileño, donde han sido formuladas más de 2 100 denuncias, de las cuales, sin embargo, apenas el tres por ciento ha llegado a los tribunales.
Aunque se ha juzgado con la severidad que la situación epidemiológica amerita, Sifonte Ayup explica que el grueso de las denuncias se ha sancionado mediante tratamiento administrativo, al tiempo que 58 expedientes se encuentran en fase preparatoria, fundamentalmente por el delito de Actividad Económica Ilícita, aunque también por atentado y apropiación indebida.
Hasta la primera quincena de octubre se habían celebrado 70 juicios, que derivaron en 52 sanciones de privación de libertad, 34 subsidiarias y 12 multas.
Como ha explicado Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales de la Fiscalía Provincial de Ciego de Ávila, el artículo 53, apartado E, del Código Penal, concibe como una agravante cometer un delito en una situación de excepcionalidad. “Esto no significa que a un ciudadano le toca un año de privación de libertad y se le impongan dos, sino que si el delito tiene una sanción que oscila entre uno y tres años de privación de libertad, el acusado estará más propenso a recibir la más elevada.”
La Fiscal Jefa provincial, quien también dirige el subgrupo Jurídico del Consejo de Defensa Provincial, reiteró que la Resolución 47/2020 de la Fiscal General de la República indica trabajar con calidad en las investigaciones, manejar con racionalidad los eventos al tener en cuenta las características y antecedentes de los individuos y actuar bajo el principio de cero impunidad ante los hechos comprobados.
#FuerzaAvileños #FiscaliaCubana Los jóvenes fiscales Laura Martímez Inda y Jorge Ernesto Matías Fuentes, de la Fiscalía...
Posted by Luis Raul Vazquez Muñoz on Thursday, October 1, 2020
La Fiscalía Provincial creó, además, tres grupos de trabajo para realizar controles a las medidas de enfrentamiento a la COVID-19 en los centros de atención a personas vulnerables que funcionan en el territorio.
Estos equipos, integrados por especialistas en Atención al Adulto Mayor y dos fiscales con experiencia en la actividad, realizaron visitas a seis hogares de ancianos, el 75 por ciento de todos los existentes en la provincia, así como a un Centro Médico Psicopedagógico en Morón y un Centro de Atención a personas con conducta vulnerable.
Como parte de las inspecciones se ejecutaron ocho verificaciones fiscales, que detectaron 16 violaciones de la legalidad, por lo que se aplicó tres medidas disciplinarias a cuadros ejecutivos.