Organizaciones indígenas, de derechos humanos y sociales denuncian que permanece impune el asesinato del líder bribri Sergio Rojas al cumplirse este miércoles un año de ese acto criminal, que conmocionó a Costa Rica.
Esas agrupaciones tenían preparada una vigilia en la noche de este martes en el capitalino Bulevar de los Tribunales, pero fue suspendida debido a la Emergencia Nacional declarada aquí por el nuevo coronavirus Sars-CoV-2.
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El Frente Nacional de Pueblos Indígenas (Frenapi) recuerda que a un año de ese homicidio y vigentes las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), no mejoran las condiciones para los pueblos originarios de Térraba y Salitre, en Buenos Aires, provincia de Puntarenas.
La CIDH dictaminó en 2015 garantizar la vida e integridad personal de los miembros de los pueblos indígenas Teribe de Térraba y Bribri de Salitre, al considerar "la gravedad de la situación, la urgencia de la situación, y el daño irreparable".
Rojas, miembro fundador y coordinador del Frenapi, fue asesinado en su casa en la comunidad de Yeri, territorio indígena de Salitre, en el cantón de Buenos Aires, en Puntarenas, el 18 de marzo de 2019.
Dos días después, cerca de 200 organizaciones indígenas de una veintena de países afirmaron que es un crimen político cuyo responsable es el Estado costarricense.
"La inacción, la desidia, la negligencia y la incompetencia de este y de los gobiernos anteriores para resolver la usurpación de los territorios indígenas y de las autoridades judiciales y policiales de Buenos Aires de Osa, para asegurar la integridad de Sergio y de muchas más personas indígenas, llevaron a su asesinato", denunciaron.
El texto indica que el Estado costarricense estaba perfectamente enterado de las acciones de usurpación de los territorios indígenas y otros actos de asedio, persecución, amenazas y atentados directos contra Sergio y muchos más indígenas, y hubo varios intentos de homicidio contra el mismo Sergio y muchos otros indígenas de la zona sur.
"Ante todos esos casos, el Estado costarricense nunca aplicó protocolos de prevención de la violencia y mantuvo una actitud que sigue propiciando la indefensión y la impunidad. En ninguno de esos casos los agresores fueron condenados", sostiene.
Por todo lo anterior, la sociedad costarricense, los pueblos indígenas y cientos de organizaciones y colectivos sociales exigieron que no hubiera impunidad y se abriera una investigación exhaustiva para encontrar, responsabilizar, juzgar y castigar a los autores intelectuales y materiales del asesinato de Rojas.
Sin embargo, un año después permanece impune ese crimen y sigue igual la situación de los pueblos originarios, como lo demuestra el asesinato del líder (de la recuperación de tierras) indígena brörán Jerhy Rivera, el 24 de febrero pasado.
Al informar ese homicidio, la Federación Ecologista denunció que ese hecho "salpica de sangre la hipocresía del Estado tico, que por un lado dice ser abanderado de los Derechos Humanos, pero que su política pública deja en el olvido a todas las poblaciones indígenas de nuestro país".