Una batalla que no se ganará hasta que el enfrentamiento sea sistemático y bien diseñado
La escena sería casi costumbrista si no estuviera teñida de la tragedia cotidiana. El cliente llega a un punto de venta en Patria ─en el municipio de Morón─, hace su compra, confiado en lo que anuncia la pizarra de ofertas y paga. Algo no cuadra: el total es superior a lo esperado. Pide que revisen el cambio y, como un mazazo, llega la respuesta de la dependienta, con la mezcla de desdén y cinismo que solo la impunidad puede otorgar: "Esos precios son para los inspectores, los reales son otros".
La yuca, que según el cartel costaba 25.00 pesos la libra, aparecía en el cobro final a 60 pesos. El doble, el triple, da igual. Lo que importa es que la tablilla de ofertas, símbolo de la transacción clara y honesta, se convierte en un telón de fondo para el acto barbárico de violar todos los derechos del consumidor. Es la doble verdad, trasladada al drama de llenar el plato.
Pero, lo más grave no es el error, sino la confesión. La empleada no se disculpa por el fallo, no alega un descuido, solo explica el mecanismo perverso: hay un precio para la ficción (los inspectores) y otro para la realidad (el bolsillo del consumidor). Esta práctica, con frecuencia consentida, convierte en letra muerta las normativas de protección al cliente. La Resolución 225/2025, que establece topes para productos de alta demanda, es transgredida a diario, con la complicidad de quienes deberían velar por su cumplimiento.
Indigna la respuesta de la vendedora, en un contexto de crisis económica agudizada, donde cada peso cuenta, donde la gente a veces camina hasta 45 minutos para llegar al lugar de venta porque no hay combustible, y donde los apagones y la escasez son el paisaje habitual que una vez más desafía el pueblo, con la resiliencia y capacidad creativa típicas del cubano, que se sabe experto en estas materias tras más de seis décadas de cerco económico que se reflejan con absoluta claridad sobre la mesa.
La indignación del cliente en Patria no es solo por 35 pesos de diferencia en una libra de yuca, sino por las reiteradas transgresiones de los precios topados, no pocas veces convertidos en maquillaje para que los inspectores hagan la vista gorda, como se dice en buen cubano.
Molesta, entonces, que las autoridades con frecuencia estén ausentes y sean cómplices de un silencio que devora, aun cuando resulta imposible su presencia en todos los sitios donde pudieran ocurrir violaciones y la ciudadanía tiene el derecho y deber de denunciar a través de los mecanismos establecidos, que ciertamente no son pocos, ni siempre funcionan con el rigor esperado.
Las consecuencias de un ambiente de permisibilidad son devastadoras. En primer lugar, afectan la credibilidad institucional. Cuando la población escucha a una dependienta decir que los precios de la pizarra "son para los inspectores", internaliza lecciones perversas (prefiero dejarlas a la interpretación de los lectores). En segunda instancia, erosiona el poder adquisitivo de los más vulnerables, en un país donde el salario medio es insuficiente, por tanto, cada peso cuenta.
A este problema pudieran faltarle “aderezos” si se incorporan las irregularidades para el pago electrónico, incluso en espacios públicos y bajo vigilancia de las autoridades como las ferias agropecuarias de los fines de semana, donde son frecuentes y se pretenden normalizar las negativas para las transferencias monetarias, mientras el vendedor defiende su parte y el consumidor reclama desde su posición.
¿Y qué decir de la imposición de precios diferenciados como condicionante para pagos por transferencia, las irregularidades en el peso de los productos, la falta de correspondencia entre la calidad y el precio, y las frecuentes violaciones a las normas de higiene e inocuidad de los alimentos?
Por solo mencionar algunos de los más comunes quebrantamientos a la ley vigente.
En un contexto de crisis económica acrecentada por las presiones imperiales y el recrudecimiento del cerco económico, comercial y financiero contra Cuba, el deterioro de los valores y las manifestaciones de corrupción, delitos, ilegalidades e indisciplinas sociales despuntan como un fenómeno paralelo y predecible.
En tales circunstancias resulta inaceptable la impunidad o contentarse con acciones rutinarias que propinan duros “golpes” a los transgresores y generan grandes “escándalos” en las redes sociales, sin embargo, carecen de sistematicidad y expansión para combatir con fuerza y rigor.
Mientras, debe mantenerse la prioridad de elevar los niveles productivos para que la oferta sea superior a la demanda y, en consecuencia, se logre un control de los precios, sin necesidad de presiones y acciones punitivas regulares, además de elevar la competitividad en el mercado, donde no pocas veces “lo tomas o lo dejas”, bajo cualquier circunstancia, porque no hay muchas opciones y la mesa espera para ser servida, al menos con lo mínimo.