A raíz de la realización, en todo el territorio nacional del ejercicio de control a la posesión, uso y legalidad de la tierra, que detectó numerosas irregularidades en las construcciones en tierras agropecuarias, el Consejo de Ministros emitió el Acuerdo 9933 de 2024, y el Decreto 105 de 2024, para la legalización de bienhechurías en tierras entregadas en usufructo y de bienes agropecuarios, construcciones sin estatus legal o sin observar las formalidades en su realización.
Para conocer cómo se implementan estas normativas en Ciego de Ávila, Invasor dialogó con funcionarias de la delegación provincial del Ministerio de la Agricultura (MINAG) y del Instituto Nacional de Ordenamiento Territorial y Urbanismo (INOTU), quienes explicaron aspectos a tener en cuenta por los infractores.
Leiliana Guerra Santos, jefa del departamento jurídico en la delegación provincial del MINAG, recordó que durante el ejercicio, efectuado primero de forma piloto en un municipio de cada provincia y después de manera general en todo el país, se percibió un alto número de violaciones constructivas en las tierras entregadas en usufructo.
Explicó que, en el territorio avileño, se han detectado 4078 ilegalidades, referidas fundamentalmente a bienhechurías, que son las edificaciones, instalaciones u otras obras relacionadas con la producción, conservación de las cosechas y las viviendas del usufructuario y sus familiares.
Ahora tienen prioridad para su legalización las bienhechurías y bienes agropecuarios denominados productivos, como casas de tabaco, cochiqueras, vaquerías, almacenes y otros, puramente de uso para la producción, así como las viviendas de usufructuarios, productores y sus familiares.
Rosa Amparo Bernal Bernal jefa de inspección estatal en el INOTU, explicó que trabajan de conjunto con la Agricultura para que la tierra que se entrega en usufructo sea dedicada a la siembra de alimentos.
Especialistas de ambos organismos visitan a los usufructuarios para comprobar que no existan instalaciones dedicadas a otros fines, como el comercio, ni piscinas, pues las bienhechurías en tierras entregadas en usufructo y bienes agropecuarios que no cumplan los requisitos, se incorporan al Programa integral de enfrentamiento a las ilegalidades en las construcciones, según lo establecido en la legislación vigente.
Precisó que las que están fuera de la ley, el procedimiento es encaminado a eliminarlas o a orientar al campesino como cambiarlas para darle el uso que está permitido.
El proceso de ordenamiento y legalización de construcciones sin estatus legal, o sin observar las formalidades en su realización, tendrá un periodo de vigencia de cinco años.