Un derecho en peligro

La ampliación del sector no estatal y otras formas de organización del trabajo que caracterizan el empleo en Cuba en los últimos años imponen una transformación en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo

 Debieran ser cada segundo, minuto, hora y día las acciones desde el puesto de trabajo y hacia todas partes para proteger al ser humano como inagotable recurso de la economía e imprescindible protagonista en el desarrollo de la familia y de la sociedad.

De manera que no es suficiente la realización de múltiples actividades cada noviembre, el quid es entender, no como un mes, sino como un año, la Jornada Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual concluyó el pasado día 30, pero muy conveniente sería continuarla con la misma intensidad para priorizar la salud de los trabajadores en riesgo hoy por disímiles enfermedades que provocan, no solo fuertes dolores de cabeza, sino en todo el cuerpo y pone inertes a la mayoría de las fuerzas productivas de las empresas en Ciego de Ávila. 

Unos años atrás la Covid-19 complicó el clima laboral. Ahora son causantes de tantos malestares el Chikungunya, el Oropouche, el Dengue y otros virus. Aunque, siempre han perdurado otros males causantes de enfermedades profesionales y de la muerte.

El territorio avileño no es de los peores en estos últimos tipos de casos, en el quinquenio que transcurre. Recuerdo cuando se les entregó a empleadores y sindicalistas las “llaves” para que abrieran las puertas del acto nacional de inicio de la jornada de seguridad y salud en el trabajo, el primero de noviembre de 2022.

Por ese acontecimiento experimenté alegría y optimismo porque mis coterráneos guapearon para disminuir los accidentes laborales a 39 casos, 21 menos que igual período del 2021.

Sin embargo, muy diferente sensación experimenté al conocer las estadísticas de los fallecidos, pues los accidentes les truncaron la vida a siete trabajadores, tres en sus centros laborales y cuatro en la vía pública cuando se dirigían a sus viviendas.

Otro año duro por las restricciones materiales y financieras fue el 2024, en cuya etapa se reportaron 21 colisiones en puestos de labor, tres menos que en igual etapa de 2023, pero en carreteras aumentó a seis la cantidad de trabajadores lesionados, uno de ellos fallecido, debido a descuido en la atención del vehículo, exceso de velocidad, desperfecto técnico de equipos, violación de señales de prohibición y mal estado de la carretera.

Más que mencionar los nombres de culpables e inocentes, se trata de alertar para prevenir en aquellas entidades en las que ocurren de forma habitual violaciones de los procedimientos para el trabajo seguro, las deficiencias en la evaluación de los peligros y riesgos e indisciplinas por parte de dirigentes y trabajadores.

Frente a este panorama continúa a medias la solución a una añeja inquietud. El presupuesto para la seguridad y salud en el trabajo, ascendente a algo más de un millón de pesos, de ellos 799 800.00 para medios de protección personal, se ejecutó al 84.7 por ciento el año pasado.

La “fiebre” alta de los precios de esos renglones, algunos de mala calidad, tiene contagiado hoy —tanto a más que las arbovirosis— a un grupo de entidades. También existe insuficiente financiamiento para importar los medios de protección y las materias primas, deficiente planificación, inexistencia de laboratorios para certificar algunos de los medios especializados, deficiencias en la demanda y contratación de las importadoras y productoras, entre otras disyuntivas. 

De manera que toda preocupación es poca si de accidentes se trata. En este sentido, es responsabilidad de los dirigentes administrativos realizar los levantamientos de riesgos, adoptar medidas para la prevención de los accidentes y de las enfermedades profesionales, garantizar la disponibilidad de medios de protección individual y colectivo, ropa y calzado de trabajo.

Por otro lado, el asunto en cuestión requiere de mayor exigencia por parte de los sindicatos para que se cumpla lo legislado, a partir de su activa participación en los consejos de dirección de las empresas, el seguimiento a lo pactado en los Convenios Colectivos de Trabajo y lo planteado en las asambleas generales de afiliados y de representantes. 

Dado que la prevención está sujeta a las características de las ocupaciones y actividades, los entornos y lugares laborales, cada entidad está obligada a establecer las medidas para garantizar el trabajo seguro, y preservar la salud y seguridad de su personal, mientras dirigentes sindicales y trabajadores tienen facultad para exigir por ello.

Los tiempos y el trabajo cambian, hay que estar a tono con esas transformaciones. Nada hay más importante en el proceso laboral que la preservación de la vida de los trabajadores. Actuar de forma contraria repercute, por ejemplo, en que cada año mueran en el mundo unos tres millones de trabajadores por accidentes y enfermedades relacionadas con sus labores.

En tanto, 436 accidentes de trabajo, con 420 lesionados y 15 fallecidos, ocurrieron en Cuba en el primer semestre del presente año, según una nota publicada recientemente por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información.

De acuerdo con el artículo 277 del Anteproyecto de ley Código de Trabajo, sometido a consulta en los centros laborales de todo el país, la persona trabajadora tiene derecho a no laborar en el puesto de trabajo o a no realizar actividades laborales vinculadas a este, si considera que no están creadas las condiciones seguras y saludables, y que ante tales circunstancias puede provocar la ocurrencia de daños físicos y mentales, y puede negarse a realizar dichas actividades del puesto de trabajo, hasta tanto se eliminen las condiciones inseguras que lo generan.

Y es que no se trata de cumplir una tarea ministerial o política, sino de atender al hombre como el recurso más importante, porque la seguridad y salud en el trabajo es un derecho humano. 


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