En los últimos años se ha producido un mejoramiento del fondo habitacional existente (y que no estaba en las peores condiciones), más que la construcción de viviendas desde cero (para quienes mayor necesidad tienen, por cierto).
Si la vida pudiera entenderse como un proceso lineal, en el que al sumar factores estos aumentan y al restarlos disminuyen, podríamos aspirar a que cada familia en Ciego de Ávila tuviera una vivienda digna. Ahora mismo, la cantidad de casas en venta podría ser igual o superior a los planes de construcción aprobados para el año en la provincia y, sin embargo, no puede aplicarse una lógica simple: que quien no tenga cuatro paredes y un techo lo compre, en lugar de levantarlo desde los cimientos. Los precios son impagables.
El mercado inmobiliario anda desregulado y desbocado, pujando en dólares (a pagar “afuera”) o sus equivalencias en pesos cubanos a las tasas de cambio informales. Y como en otras esferas de la vida socioeconómica, el Estado no logra influir en esas transacciones, obligando a aterrizar los montos, porque no tiene la capacidad de construir suficientes viviendas. Ni siquiera la obligatoriedad de bancarizar la compra-venta ha impactado, y ahí están los grupos en Facebook para demostrarlo.
Y no es algo que parezca vaya a cambiar en el futuro inmediato. Los planes de la Dirección Provincial de la Vivienda después de la COVID-19 solo han decrecido, algo que no debiéramos interpretar como una derrota en sí mismo, sino como una mirada más realista a las condiciones económicas en las que se desenvuelve el país. De poco vale proponerse metas inalcanzables; más mérito tiene hacer cálculos exactos y honrarlos.
No obstante, las reducciones aquí no han sido pequeñas. Entre 2021 y 2022 el plan decreció en 168 casas, mientras que entre 2022 y 2023, en 268. Ello, sin contar con que esas previsiones se incumplieron, como mínimo, en la mitad, por lo que la deuda es todavía mayor. O sea, lo que se quitó de los planes no eran exactamente nuevas viviendas, que incrementarían el fondo habitacional; eran inmuebles ya programados en años anteriores. En ese sentido, el posible crecimiento, de honrarse lo planificado, no lo sería tanto.
• Un pequeño “inventario” de nuestros acercamientos al tema:
Sobre la complejidad del problema —que no es exclusivo de Ciego de Ávila—, en marzo último el Primer Ministro Manuel Marrero Cruz había dicho que, a pesar de que se trabaja, no se está haciendo bien y se refirió, también, a la idoneidad de quienes dirigen estos procesos. Todo después de conocer que los planes no avanzaban suficiente y que, paradójicamente, “los números de lo que se produce de materiales de la construcción, en el nivel local, no coinciden con los resultados de la terminación de más viviendas, o con las que están en inicio o desarrollo”, según apuntó el ministro de la Construcción, René Mesa Villafaña.
De esto último aquí tenemos noticias. Mientras subsidios y viviendas estatales, en los dos primeros meses del año, apenas rebasaban la treintena, respectivamente, lo construido por esfuerzo propio se triplicaba, incluso, sin tener asignaciones definidas de materiales. ¿Cómo es posible? Sabemos las respuestas. No erraríamos demasiado si dijéramos que, en los últimos años, se ha producido un mejoramiento del fondo habitacional existente (y que no estaba en las peores condiciones), más que la construcción de viviendas desde cero (para quienes mayor necesidad tienen, por cierto).
Sumemos a ello otra realidad: la Empresa Productora de Materiales de la Construcción (PROMAC) y las unidades a ella adscritas, en teoría, deberían generar elementos de pared, piso y techo para una casa a diario, pero en agosto de 2022 su directivo reconocía que ese frente de trabajo no rendía los mismos frutos que la prestación de servicios. La agudización de la crisis de combustibles de los últimos meses no debe haber modificado mucho esa circunstancia.
Por tanto, el cumplimiento de los planes de construcción de viviendas depende no solo de la disponibilidad de recursos —condición sine qua non, no obstante—, sino de la correcta administración y control de los procesos, así como de un cálculo exacto de las capacidades reales. Exige, además, una reformulación en los modos de hacer. Está visto y comprobado, por ejemplo, que quien es beneficiario de un subsidio rara vez puede asumir el desgaste que entraña gestionarlo: subsidio es dinero y no se traduce automáticamente en materiales ni mano de obra. En mi opinión, no habría que esperar a la Ley de la Vivienda para empezar a cambiar lo que debe ser cambiado.