El municipio debe dejar de ser un eslabón pasivo para ser el protagonista de su propio desarrollo, aseguró el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, al resumir la reunión del Consejo Provincial de Gobierno, con carácter extraordinario, efectuada este jueves en territorio avileño.
El jefe de Gobierno cubano fue claro al definir que los municipios constituyen el terreno de batalla para enfrentar los principales problemas que aquejan a la población en la actualidad.
Allí es donde la población siente las transformaciones. Por eso, su llamado fue a enterrar la retórica y a multiplicar los hechos. “Lo más seguro en materia de sustentabilidad”, afirmó, “es lo que cada municipio pueda aportar, desde lo endógeno, con esfuerzo colectivo”. No se trata de seguir “una línea de deseos”, sino de trazar “una línea de trabajo intenso allí, donde están las fuerzas productivas”, precisó.
Marrero Cruz advirtió que el complejo panorama que vivimos hoy, como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo y la política cada vez más hostil del Gobierno de Estados Unidos, no admite medias tintas.
Ambos factores han impuesto una realidad lacerante: “prácticamente una economía de guerra”. Y una economía de guerra, sentenció, exige profundas transformaciones, un cambio de mentalidad radical.
“Actuamos como si todo estuviera normal”, dijo, señalando una contradicción que es necesario resolver con urgencia.
En este marco, el análisis del Primer Ministro puso particular interés en el potencial de Ciego de Ávila.
En un intercambio diáfano, destacó el papel estratégico de esta provincia en la producción de alimentos. Con casi 35 000 hectáreas (ha) dedicadas a viandas, hortalizas, granos y frutales solo en el sector agrícola, sus tierras son un bastión para la seguridad alimentaria de los avileños y de los habitantes de otros territorios.
En este sentido, la intervención del ministro de la Agricultura, Ydael Pérez Brito, puso de relieve el significado estratégico de la provincia en la batalla por la seguridad alimentaria nacional.
Subrayó que su posición geográfica, casi al centro del país, constituye una ventaja logística clave para la distribución de alimentos. Sin embargo, destacó que su verdadero valor en el sector reside en la combinación tangible de disponibilidad de tierra y la capacidad de sus trabajadores.
El titular enfatizó en que las casi 35 000 ha de cultivos varios son un escenario donde se aplica el conocimiento profundo y el esfuerzo de agricultores que dominan el oficio de producir.
Esta convergencia de factores —ubicación, recurso tierra y capital humano— convierte a Ciego de Ávila en un pilar imprescindible, con la premisa de que el desarrollo endógeno es la base más segura para la sustentabilidad del país.
Para Cuba, según se afirmó, 2026 se plantea como un año de definiciones. Será difícil, reconoció el Primer Ministro, pero será, sobre todo, el año del “fortalecimiento de la aplicación de normativas y políticas” para, de una vez y por todas, desatar las amarras que frenan a los territorios. “Si se quiere avanzar”, dijo, “hay que hacer las cosas diferentes y no tenerle miedo a los cambios”.
El tono de rigor y autocrítica fue asumido por el gobernador, Alfre Menéndez Pérez, en su rendición de cuenta. Lejos de la complacencia, centró su análisis en lo pendiente: la imperiosa necesidad de diversificar e incrementar las exportaciones, la búsqueda de nuevos mercados, la reducción de las multas en apremio y del déficit presupuestario.
Entre las prioridades también está el abasto de agua a la población, con un foco especial en las comunidades que enfrentan las situaciones más complejas: Punta Alegre, Tamarindo, Florencia y la cabecera provincial.
La intervención de Ana María Mari Machado, vicepresidenta de la Asamblea Nacional del Poder Popular, aportó una dimensión jurídico-institucional fundamental al debate sobre las insatisfacciones.
Desde su perspectiva, la intensificación de los procesos municipales requiere no solo voluntad política, sino de un marco normativo ágil y facilitador que responda a las urgencias de los territorios.
Subrayó el papel de los gobiernos locales en la materialización de las leyes y políticas nacionales, destacando que la eficacia de la gestión se mide, precisamente, en la capacidad para traducir ese marco legal en soluciones concretas que la población pueda palpar.