AilénCuando el pasado 6 de abril se flexibilizaron los requisitos de entrada al territorio nacional, en lo referido al Control Sanitario Internacional, iniciamos una etapa diferente de enfrentamiento al virus.
Ya no es necesario presentar una prueba para COVID-19 realizada en el lugar de origen, ni el certificado de vacunación y, de este modo, Cuba se incluye en la lista de naciones que abren sus fronteras sin restricción sanitaria alguna para los viajeros, tal cual sucede hoy, por ejemplo, en Suecia, Reino Unido y Eslovenia.
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La decisión se sustenta, sobre todo, en la efectividad de las vacunas para prevenir la muerte y las formas graves de la enfermedad, así como en los niveles de inmunización alcanzados por la población cubana. En consecuencia, los protocolos también han cambiado, y llegar con síntomas a una consulta para infecciones respiratorias agudas no es sinónimo de utilizar un test de antígeno para despejar las dudas.
Se supone que este medio diagnóstico se emplee solo con los niños menores de dos años, las embarazadas y las personas vulnerables descompensadas de su padecimiento de base. Debe prevalecer la valoración clínica del médico y, luego, se decide, o no, la toma de muestra para un PCR.
Son los niveles de positividad de esas pruebas los que ubicaron a la provincia como la de más incidencia de la enfermedad al cierre de la semana estadística 13, así como la lógica que obliga a insistir en el rol del consultorio médico y de los factores de la comunidad en la atención a los enfermos, porque tener COVID-19 (o sospecharlo) y permanecer en casa está más cerca de ser regla que excepción.
Sin embargo, hablar de los cambios, sin ponerlos en contexto, cuando los contagios apenas comienzan a descender por debajo de los 100 casos diarios, los cuales solo en el primer trimestre del año superaron en 7,8 veces a los reportados en igual lapso de 2021, no solo crea falsas expectativas, sino que horada aún más la percepción de riesgo.
Sería ingenuo desconocer ese porcentaje de probabilidad existente para evolucionar hacia la gravedad. De hecho, las estadísticas manejadas en el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología confirman que no somos infalibles, pues, si bien en el mes de marzo solo falleció una persona, como promedio en los últimos 15 días se han mantenido pacientes con reportes de grave y crítico en ambos hospitales provinciales.
Esto se traduce en largas estadías en los centros asistenciales, margen al surgimiento de otras complicaciones, y más recursos gastados. Entonces, tampoco se entiende que le cueste al territorio avanzar en la aplicación de la dosis de refuerzo, tanto que 30 000 personas no habían recibido aún el pinchazo, según la información expuesta por un equipo ministerial, de visita hace unas semanas.
Los números han cambiado con la aplicación de Soberana Plus sin Tiomersal a los convalecientes alérgicos; no obstante, ya sabemos que más enfermos a la misma vez tensa al sistema de Salud y “pagamos justos por pecadores” el tiempo perdido.
Bajo estos términos pareciera una contradicción tremenda que el Festival Piña Colada se suspenda aquí y, después, se abran las fronteras sin requerimiento sanitario alguno, pero está claro que, llegados a este punto, la gestión de la crisis obliga a articular políticas y decisiones con un impacto cada vez más local, para permitir una apertura que incentive el Turismo y la economía.
Es necesario, también, que el discurso se parezca a la realidad, y que se centre el debate en el autocuidado y en el uso correcto de los medios de protección, porque solo eso queda como cartas de triunfo.
Normalizar la presencia del virus no nos exime de marcar con tinta indeleble los límites, clarísimos cuando hablamos de incumplir el límite de aforo en las instalaciones, asistir al trabajo con sintomatología evidente o que la Inspección Sanitaria Estatal incumpla su parte. No digo que sea fácil, pero hacia ahí vamos.