Desde el mismo primero de enero de 1959, la Revolución Cubana ha recibido agresiones de todo tipo por los sucesivos gobiernos norteamericanos. La nacionalización de todas las empresas de Estados Unidos en Cuba, el 24 de octubre de 1960, no fue solo una respuesta a esas agresiones, sino un paso imprescindible para el desarrollo económico del país en su tránsito hacia el socialismo.
El Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, antes de que arreciaran las agresiones norteamericanas, afirmaba que el enfrentamiento con el capital extranjero “era el camino correcto de un pueblo que quisiera liberarse (…) que las industrias sean de la nación y la nación pague con su producción; pero que las empresas sean nacionales, que el país no tenga que estar dependiendo de la voluntad de amos extranjeros. Que el amo de sus riquezas sea el país, porque no se concibe un país libre cuya economía sea economía de extranjeros”.
Ernesto Che Guevara, en plena correspondencia con las ideas de Fidel, subrayó semanas después, en una comparecencia televisiva que “nuestro camino hacia la liberación nacional está dado por la victoria sobre los monopolios y sobre los monopolios norteamericanos concretamente”.
A partir de julio de 1960, los Estados Unidos suprimen de forma unilateral la cuota azucarera tradicional que Cuba tenía asignada en ese mercado y, como se conoce, también las empresas petroleras no permiten refinar el petróleo que viene de la Unión Soviética.
El entonces Primer Ministro del gobierno revolucionario, Fidel Castro, el 6 de agosto de 1960, desde el Estadio del Cerro, hoy Latinoamericano, mientras clausuraba el Primer Congreso Latinoamericano de Juventudes, anuncia la nacionalización de 26 compañías yanquis que poseían tres refinerías de petróleo, los monopolios de la electricidad y del teléfono, así como 36 de los mejores centrales azucareros del país, cuya producción abarcaba el 36 por ciento del total nacional y un volumen similar a lo elaborado entonces por Hawái y Puerto Rico; todo amparado por la Ley No. 851, del 6 de julio de 1960.
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Tomada de Cubahora
Tres empresas foráneas (ESSO, Texaco y Shell), asumían la importación, refinación y el suministro de combustible en Cuba, durante décadas. Transportaban el petróleo en sus barcos desde pozos de su propiedad y se lo vendían al Estado cubano a casi tres dólares el barril. Luego el Estado les pagaba por la refinación y la producción de derivados, los que eran vendidos posteriormente por las transnacionales al Estado y particulares cubanos en sus redes de gasolineras.
Cuba comenzó a adquirir petróleo en Venezuela, poco después del triunfo revolucionario, pero las empresas yanquis se rehusaron a alquilar sus supertanqueros para transportarlo y, por órdenes del gobierno de Estados Unidos, esas compañías extranjeras limitaron su importación y refinación de petróleo para provocar una escasez artificial en nuestro país.
Así las cosas, el estado soviético se comprometió a vender petróleo a Cuba, a poco más de dos dólares el barril y transportarlo, a partir del primer convenio comercial con la URSS. Entonces las trasnacionales estadounidenses se negaron a refinarlo, con lo cual violaban el artículo 44 de la Ley de Minerales y Combustibles (en vigor desde el 9 de mayo de 1938), que estipulaba la obligación de procesar el petróleo crudo suministrado por el Estado cubano.
Desde Washington voces prepotentes profirieron amenazas de reducir o eliminar la cuota cubana en el mercado azucarero norteamericano, si el gobierno revolucionario aplicaba con rigor la legislación.
Fidel respondió: “Nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas que nos quiten tendrán que acabarse de arrancar la careta de explotadores y enemigos de la humanidad!, nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas tendrán que arrancarse para siempre la simpatía del pueblo de Cuba!, nos quitarán las cuotas, ¡pero con las cuotas no podrán quitarnos la vergüenza y la dignidad con que estamos dispuestos a morir en nuestra tierra”.
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En un mensaje solidario a Fidel, el premier ruso, Nikita Jruschov, anunció que su país estaba dispuesto a comprar todo el azúcar cubano que Estados Unidos no comprara. Aun así, los gobernantes de la Casa Blanca persistieron en su actitud, lo que provocó que el 28 de junio de 1960 el Gobierno Revolucionario interviniera la planta de Texaco, en Santiago de Cuba. Tres días después, corrieron igual suerte en La Habana, las instalaciones de la ESSO y la angloholandesa Shell.
La respuesta de Estados Unidos no se hizo esperar y promulgó la tristemente célebre Ley Puñal, con la que redujeron drásticamente la cuota azucarera cubana al mercado norteamericano. El 5 de julio de 1960 Cuba replicó con la Ley Escudo, que facultaba al Presidente y Primer Ministro de la República, a nacionalizar empresas y bienes foráneos por la vía de la expropiación forzosa, garantizando su correspondiente indemnización, que incluyó a la United Fruit Company, la Manatí Sugar Company y otras, lo cual fue ejecutado mediante ley el 24 de octubre de 1960, hace hoy 62 años.
Continuaron y se incrementaron las agresiones de Washington. El presidente norteamericano John F. Kennedy, después del fracaso de la invasión mercenaria por Playa Girón, y mediante Orden Ejecutiva Presidencial del 3 de febrero de 1962, implantó contra Cuba un férreo bloqueo económico, comercial, financiero y tecnológico, llamado eufemísticamente “embargo” .
Pero no hay dudas de que constituye el genocidio más prolongado en el mundo contra un pueblo por la única razón de no someterse a los dictados de Washington, cuyos gobiernos han ignorado a lo largo de los años, la reiterada condena casi unánime, de la comunidad internacional representada en las Naciones Unidas.
Varias han sido las empresas cubanas acusadas de “traficar” con bienes estadounidenses, también las hay extranjeras, incluidas algunas de las que mayor presencia e inversiones tienen en el sector turístico. A la par, el Gobierno de Estados Unidos tiene una lista negra que crece continuamente y suma más de 200 compañías y entidades cubanas a las que Washington prohibe hacer transacciones y negocios con socios extranjeros, sujetas a castigos.
Desde 1960, entidades cubanas en más de 40 oportunidades han tenido que defender sus intereses en tribunales del país norteño, en algunas de las cuales se consiguieron fallos favorables.
Cuba se ha mostrado dispuesta a negociar con Estados Unidos una posible compensación a ciudadanos de aquel país, pero a la par reclama que Washington pague la factura de los daños ocasionados por su política de cerco, que, a fines de 2018 sumaba, según La Habana, más de 933 000 millones de dólares.
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El bloqueo provoca daños humanitarios incalculables, constituye una violación flagrante, masiva y sistemática de los derechos humanos y califica como acto de genocidio a tenor de los incisos b y c, del artículo 2 de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948. No hay familia cubana que no sufra sus consecuencias.
El gobierno de Estados Unidos utiliza falsedades y calumnias como pretexto para intensificar su agresión contra Cuba. El Canciller cubano Bruno Rodríguez Parrilla, en intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas ha planteado: “Ni amenazas ni chantajes nos arrancarán la menor concesión política. Tampoco renunciamos a la voluntad de alcanzar una relación civilizada (con el gobierno norteamericano), basada en el respeto mutuo y el reconocimiento de nuestras profundas diferencias”. Pese a esa acción criminal Cuba sigue resistiendo y venciendo.