Ni siquiera la coyuntura energética en el país ha frenado a los ladrones de combustible en Ciego de Ávila. Definitivamente, hay quienes no tienen noción del peligro
Lo lógico habría sido que las cifras de delitos asociados al robo de combustible tendieran a cero, una vez anunciada la coyuntura energética que significó una notable reducción de las asignaciones a organismos y entidades estatales, además de la baja disponibilidad para la venta a particulares en los servicentros, y que nos puso de cara a una situación excepcional. Pero no fue del todo así.
No uno, sino cinco fueron los casos procesados por la Fiscalía en Ciego de Ávila después del 1ro. de septiembre, lo que eleva a 51 el total de hechos al cierre del 15 de octubre último, según confirmó Karel Roberto Alonso Rodríguez, jefe del Departamento de Procesos Penales.
Y, aunque hay una tendencia al decrecimiento con respecto al año anterior, “no se puede dejar de la mano el control, porque cuando se realizan las investigaciones salen a la luz deficiencias internas en las entidades implicadas. O sea, persisten las causas y condiciones para el desvío”, explicó el Fiscal.
En total, 7 140 litros de combustible fueron sustraídos, con una afectación económica de más de 35 400.00 pesos. Los municipios con mayor incidencia son Morón (14 hechos), Ciego de Ávila y Chambas (siete cada uno). De los 33 acusados, 22 están asegurados con prisión provisional y los organismos señalados son, fundamentalmente, Azcuba y la Agricultura.
Le podría interesar: Desvío de combustible: no hay borrón y cuenta nueva
Hasta la fecha, se han celebrado 11 juicios y se ha sancionado a 14 personas, de ellas 10 con privación de libertad y cuatro con trabajo correccional con internamiento.
La severidad de las sanciones, de acuerdo con Alonso Rodríguez, está amparada en el inciso O del artículo 53 del Código Penal cubano, que establece como circunstancia agravante cometer el delito “contra personas o bienes relacionados con actividades priorizadas para el desarrollo económico y social del país”.
Mas estos son, apenas, los hechos detectados, investigados y comprobados por las autoridades competentes en la provincia. Desde la Oficina Nacional de Uso Racional de la Energía (ONURE) los números hablan de 29 786 litros de diésel gastados sin que se haya podido justificar su empleo correcto y eficiente. Coincidimos en que no es lo mismo que robados, sin embargo, se parece.
Darsy Cubero Coello, director de Fiscalización de la ONURE, dijo a Invasor que de las 32 inspecciones realizadas en lo que va de año, 12 han resultado deficientes, la prueba más irrefutable de que las clavijas del control siguen dando acordes sordos.
Acaso sirve de consuelo estar un poco mejor que hace dos años. En octubre de 2017, con 10 evaluaciones menos, la ONURE detectó 42 300 litros de diésel sin justificar, casi el doble de la cifra actual. Claro, hace dos años las asignaciones de portadores energéticos también eran mayores.