La complejidad de la COVID-19 en Ciego de Ávila no se ha expresado únicamente en el tiempo y los recursos empleados en su enfrentamiento, ni en el costo de vidas humanas y secuelas a nivel físico o emocional. También ha dejado una huella en el desempeño socioeconómico de la provincia en un año que, desde su arrancada, venía con la marca de la dificultad.
Pregunto a Yens Toledano Padrón, subdirector de Inversiones en la Dirección Provincial de Economía y Planificación (DPEP), si el 25 por ciento de inejecución que mostraba al cierre de octubre el Plan de Inversiones es obra de la paralización parcial provocada por la pandemia o si esconde los mismos problemas de años anteriores. El directivo es categórico: “el impacto ha sido fuerte”.
Lo expresan, además, los números. A falta de dos meses para que terminara el año, 15 de los 18 organismos inversionistas en el territorio habían ejecutado menos del 85 por ciento de lo previsto. Y aunque el confinamiento obligó a cesar las transportaciones y, por ende, se afectó el movimiento de la fuerza de trabajo, el componente Equipos (la llegada tardía o la no llegada) sigue siendo un obstáculo mayúsculo, todavía más en un escenario de falta de liquidez.
Aun cuando le falta información no aportada por algunos organismos y empresas de subordinación nacional, el informe del cumplimiento del Plan de Inversiones elaborado por la DPEP ilustra las dificultades del 2020 en materia de construcción y equipamiento. Para AZCUBA (uno de los mayores inversionistas en la provincia), por ejemplo, de siete inversiones inscritas en el plan solo fue posible trabajar en cinco, lo que dejó fuera el Sistema de Tratamiento de Residuales del central Enrique Varona y la rehabilitación de la Fábrica de Torula.
No obstante, la Empresa Azucarera avileña pudo redirigir sus recursos materiales y financieros hacia obras prioritarias como las inversiones de mejoramiento tecnológico del central Ciro Redondo (que tributan a la Bioeléctrica) y, al cierre de octubre, mostraba un sobrecumplimiento del 45 por ciento en su planificación.
Otros no han corrido con tal “suerte”. En un sector decisivo para la economía del país (pero especialmente afectado por la COVID-19), las empresas adscritas al Ministerio del Turismo han ejecutado poco más de la mitad de lo proyectado en lo que va de año. Esta circunstancia afecta al menos a cinco hoteles y se traduce en la ausencia de 1 500 metros de cable o tres paños fijos de carpintería de aluminio, por solo citar un par de problemas. Así de minuciosas son las fundamentaciones de la inejecución; así de complicado y “detallista” es el proceso inversionista.
Si lo sabrán en la delegación provincial de la Agricultura, peso pesado en Ciego de Ávila, que hasta el décimo mes del año apenas había logrado ejecutar el 46 por ciento de los más de 70 millones de pesos aprobados por su ministerio, por tanto, no se concluirá el secadero de granos de Bolivia ni los silos en Orlando González, entre otras obras.
Los cerca de 80 días de cuarentena en Turiguanó ―que impactó sobremanera a la Empresa Pecuaria Genética de esa localidad― y la falta de estructuras metálicas frenaron la construcción allí de un cebadero de toros, correspondiente al Programa de Desarrollo Ganadero. Sin embargo, esta misma entidad pudo adquirir módulos de cercas eléctricas, sistemas solares de generación aislada, una cámara de refrigeración para el Combinado Cárnico y comederos para animales. Son las tensiones y los “respiros” que han caracterizado al 2020.
• La delegación del Instituto de Recursos Hidráulicos en Ciego de Ávila tiene un plan de más de 36 millones de pesos, de los que ha ejecutado poco más del 70 por ciento.
Chequeo del proceso inversionista de las obras de la infraestructura hidráulica en la Cayería Norte de Ciego de Ávila. Estas marchan según la planificación del cronograma. # VamosPorMás
Posted by Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos Ciego de Ávila on Wednesday, September 2, 2020
Para la subordinación local el año ha sido, también, muy complejo. En octubre solo se había ejecutado el 64 por ciento de los 27,9 millones de pesos destinados a inversiones, un total muy por debajo de los 36 millones aprobados inicialmente e inferiores, asimismo, a los 32 millones ejecutados en 2019. La COVID-19 atrasó lo planificado en arborización y terminación de obras ―todo parece indicar que el consultorio del consejo popular Rivas Fragas tampoco se termina este año―, pero la no asignación de equipamientos es lo que, fundamentalmente, hace estimar un cierre por debajo de períodos anteriores.
Digamos, por ejemplo, que de los montos previstos para adquirir computadoras, partes y piezas de vehículos, instrumentos musicales, gimnasios biosaludables, mobiliario, entre otros, apenas se logra emplear la tercera parte.
Estamos hablando de que, en marzo, el plan comprendía adquirir 15 ómnibus para el transporte público y solo se pudo comprar cinco, para no ir más lejos.
Antes de que la COVID-19 trastrocara todo, la escasez de combustibles y liquidez de divisas ya vaticinaban 12 meses duros. Lo cierto es que la magnitud del golpe combinado entre la “coyuntura”, la pandemia y el arreciamiento del bloqueo sobrepasó cualquier planificación. No obstante, los 518 millones de pesos invertidos hasta ahora en el desarrollo de infraestructuras aquí no son un número menor: en 2019 se ejecutó unos 540 millones, de las mayores cifras históricas para el territorio.