La principal inquietud de los cubanos, de cara a la inscripción de los ciclomotores, es por qué no se inscribirán las “motorinas” de 150 cc
El inicio del proceso de inscripción de ciclomotores, a partir del 25 próximo, como casi todo en esta vida, fue leído de dos maneras. Unos vieron en este ejercicio de institucionalización apenas un engorroso trámite que complicará con burocratismos y licencias a los poseedores y conductores de aparatos en apariencia sencillos e inofensivos como las bicicletas eléctricas.
Otros creen que habían demorado mucho en legalizar y regular el uso de un medio de transporte que en los últimos cinco años ha crecido de manera exponencial en número. Aunque no se tiene una cifra exacta, se estima en miles las motorinas y bicicletas eléctricas (de todo tipo, color, marca, modelo y tamaño) que circulan hoy por Ciego de Ávila.
Los detractores de la medida creen que estos vehículos son demasiado ligeros y no tan duraderos como para tener que tramitar su inscripción, impuestos y documentos mediante. Pero las autoridades tienen, al menos, dos argumentos de peso: la accidentalidad y la resolución de los casos de robo.
Solo entre 2016 y 2018 en la provincia fallecieron casi treinta personas en accidentes de tránsito que involucraron ciclomotores y otras 581 resultaron lesionadas. Al cierre de agosto último, de los 81 heridos reportados en el municipio de Ciego de Ávila (el de mayor accidentalidad), 22 eran menores de 15 años al timón de una motorina.
Como los peatones, los conductores de este tipo de vehículos llevan las de perder en la carretera.
Los números relacionados con la resolución de los casos de robo son menores desde el punto de vista matemático, pero no indican eficiencia o baja incidencia de este delito, como podríamos suponer. Por el contrario, hablan de la complejidad para rastrear partes y piezas, de los que no se conoce casi nada, apenas el color y la marca.
Sin embargo, el punto álgido del proceso de inscripción de ciclomotores no parece ser el consenso en cuanto a la pertinencia, sino el alcance de la Resolución 35 del Ministerio del Interior, documento rector que establece los límites, sobre todo, en los equipos de combustión.
En una información posterior a la publicación de la normativa, las autoridades del Órgano de Trámites del MININT, a nivel nacional y provincial, detallaron que podrían inscribirse los ciclomotores de combustión interna de hasta 60 centímetros cúbicos (cc), entrados al país de manera ilegal por cuanto violaron las disposiciones aduaneras vigentes.
Lo que se están preguntando ahora mismo los dueños de los ciclomotores con cubicaje mayor a 60 y hasta 150 cc (entre las que se incluyen las muy conocidas Italikas y avispones), es por qué esta suerte de convalidación no se les aplica.
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— eltemacuba (@eltemacuba) November 16, 2019
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Para esa pregunta no hay una respuesta, al menos pública. Lo que sí han dicho las autoridades competentes es que “de momento” no se inscribirán, lo cual, si bien no despeja la preocupación de los interesados, sí deja abierta una posibilidad a futuro. Mientras, no obstante, sería saludable explicar por qué no se da el mismo tratamiento a estos ciclomotores —en apariencia muy similares a los comprendidos en el proceso— si, a fin de cuentas, ya están aquí porque también burlaron las prohibiciones de importación.
No se trataría, en ningún caso, de legitimar el irrespeto a la ley, sino de calcular con tino los pros y contras de un hecho concreto: las motorinas entraron, la gente invirtió un dinero no despreciable en ellas y resuelven el siempre complicado problema del transporte.