Inocentes y culpables en el bulevar

Las regulaciones y disposiciones están hechas para cumplirse, pero no falta quien quiera acomodarlas a su antojo, incluso, delante de quienes tienen autoridad para impedirlo

Lea bien esta historia real que le voy a contar, porque al final voy a hacerle una pregunta.

Era un día entre semana, a la 1:00 pasado meridiano, y un camión de mediano porte, perteneciente a una de las cadenas de tiendas que administra establecimientos comerciales en el bulevar de Ciego de Ávila, parqueó a la entrada del corredor público y comenzó a organizar el descargue de mercancías.

Todo parecía ir bien. Arriba, dos hombres montaban en el palet las cajas de tubos fluorescentes y ollas de presión eléctricas, y abajo, otros dos compañeros velaban que nada se saliera de su lugar. Una operación común y corriente, aprendida mecánicamente y ejercitada con periodicidad. Todo parecía ir bien, repito, hasta que dos mujeres se acercaron a los hombres que aguardaban el completamiento de la descarga y les pidieron los papeles.

Las mujeres eran inspectoras del Grupo de Supervisión Integral y así lo acreditaron mostrando sus carnets. Los papeles no eran, como podríamos suponer, solo las facturas y los documentos del chofer y el camión, sino la autorización para, a esa hora y en ese lugar, movilizar mercancías.

—Usted sabe que si no tiene una autorización del Gobierno Municipal no puede hacerlo en este horario —explicaba una de las inspectoras.

—Y yo le digo que tenemos el papel, pero no lo traje —replicaba el chofer.

—Entonces no pueden descargar. Recojan y vengan después —insistía ella.

—Pues no. Esto de aquí no se mueve…

La otra inspectora también daba argumentos y alertaba del incumplimiento de lo establecido y del desconocimiento de las regulaciones. Los otros hombres, a su vez, ponían por delante al pueblo, aduciendo que aquellos productos estaban destinados a la ciudadanía, que era un extremismo “cogerla con ellos” y, en tono mandatorio, exigían a las funcionarias velar por otras cosas que sí estaban mal hechas.

(En un giro retorcido y tragicómico de esta historia, precisamente en el momento en el que el hombre se “defendía”, pasó por delante del grupo una mujer, bulevar arriba, con la bicicleta de manos. Y nadie lo notó… Pero vayamos al desenlace.)

Lo que sobrevino después fue un impasse provocado por la espera, ya que tanto la inspectora como el chofer, antes de que los ánimos se caldearan, optaron por llamar a sus respectivos superiores. Y luego me tuve que ir. O sea, no sé si finalmente descargaron las ollas de presión en ese momento o debieron regresar más tarde.

Ahora le pregunto, ¿quién tenía la razón?, ¿se trataba de un extremismo de las supervisoras?

Vayamos por partes. Lo cierto es que no había ni hay una muchedumbre desesperada aguardando por ese electrodoméstico que, dicho sea de paso, tampoco tiene un costo accesible ni está considerado como de primera necesidad (aunque el algoritmo para definir lo necesario sea tan subjetivo como algunos precios). Si hubiera sido aceite, o pollo, entendería la urgencia, mas no era el caso.

Las regulaciones y disposiciones están hechas para cumplirse. Organizar el descargue de mercancías en la red comercial después de las 5:00 de la tarde obedece, precisamente, a mantener organizada la ciudad, a no bloquear u obstaculizar corredores públicos en horarios de mucha afluencia y a no generar especulación ni expectativas aumentadas en la población. Es de suponer que tales indicaciones sean del total conocimiento de las cadenas de tiendas y empresas que operan en el bulevar, sin embargo, con bastante frecuencia, se incumple y no siempre hay un ojo avizor con autoridad para ponerle freno.

Pero, por otra parte, si, como alegaba el chofer de esta historia, poseía el documento firmado por el gobierno municipal, autorizando la excepción, entonces habría que revisar a qué, a quién y por qué se les extiende permisos que contravienen lo estatuido por una normativa superior, más aún si se trata de productos no perecederos ni de alta demanda.

Puede que, y en la práctica ese propio día se puso en evidencia, el cuerpo de inspectores avileños no alcance para hacer frente a las ilegalidades, violaciones y contravenciones que les sobran al municipio y a la provincia toda, o que no todos tengan los conocimientos suficientes y la moral intacta. Ese es otro problema. Pero cuando la defensa ante lo mal hecho consiste en desacreditar el encargo social del garante de la ley o señalar la falta del otro, en beneficio propio, a nadie le asiste la razón.