La noticia, esta vez, no es el cumplimiento, el aporte de los hombres de campo del sector cooperativo y campesino, que tantas toneladas de alimentos han puesto en los mercados y, por consiguiente, sobre la mesa de cualquier familia en Cuba, aunque, se sabe, sería un pecado decir que se haya cumplido con la demanda y con las necesidades.

Esta vez el análisis tiene otra arista y va encaminado a quienes se benefician del riego electrificado y no aportan en correspondencia con ese ayuda que el Estado les brinda; no contribuyen como debieran o pudieran, porque deber hacer y poder hacer, son frases que se parecen, pero no significan lo mismo.

(Y no hablo de los paquetes tecnológicos que no llegan y de los muchos recursos que es imposible entregar a quienes producen, la mayor parte porque el país no puede garantizarlos; tampoco de la propia ineficiencia de una larga cadena de actores sobre un escenario donde cada quien vela más por la ganancia individual que por satisfacer necesidades y demandas).

A tono con la realidad del país es una obligación asirse a cualquier tabla salvadora, entre cercos financieros y medidas exteriores diseñadas para asfixiar a la economía, con proyecciones internas en el sector que pocos frutos dará sin recursos, con partidas de combustible que no garantizan ritmos diarios en la cosecha, frenan la preparación de tierra y no permiten adelantar las siembras…

En una situación tan compleja, muchas miradas —de expertos e inexpertos— se dirigen a provincias de alta producción agrícola. Y una de ellas es Ciego de Ávila, que hasta junio pasado produjo casi 62 000 toneladas (t) de cultivos varios (viandas, hortalizas, granos,vegetales, cítricos), incluidas las 2 974 t que la Empresa de Acopio envió a otros destinos: La Habana, Matanzas, Camagüey, Holguín, Granma y Santiago de Cuba.

Michel GuerraMuchas miradas se dirigen hacia Ciego de Ávila, una provincia con altos niveles productivos

A sabiendas de que muchas potencialidades andan ocultas, la máxima autoridad política del territorio, en un trabajo que no tardó mucho en obtener resultados, puso al desnudo otras “piedras extrañas” que se interponen en el camino hacia el aumento de las producciones con el esfuerzo propio, porque, con lo que se tiene, se puede hacer más. Y no hablo de hacer más con menos, recurrente frase —no aplicable a todas las actividades del campo— a tono con la realidad del país, asediado por las medidas exteriores, diseñadas para asfixiar la economía.

¿Qué cantidad de hectáreas tienes bajo riego electrificado? ¿Cuánto aportas?

Con esas interrogantes en la mochila, salió un grupo de “cuadros” del Partido, el Gobierno, la Agricultura… y hasta la prensa, para conocer in situ la realidad de cuanto (des)aprovechan el riego eléctrico, y si lo aprovechan, hay escapes silenciosos de alimentos del agro que comercializan por debajo del telón, a precios abusivos.

Además del convencimiento político —no la coacción—, bajo el brazo llevaban la Ley 148 de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, aprobada en julio de 2022 en Cuba, “desgranada” en nueve títulos, 24 capítulos, 101 artículos y cuatro disposiciones finales.

Armados con “todos los hierros”, en lenguaje guajiro, la expedición recorrió los campos de la provincia y comprobó.

Desde el 2009 hasta la fecha, en Ciego de Ávila existen 362 productores agropecuarios electrificados, en 57 bases productivas, que acumulan 4 859.9 hectáreas (ha), de ellas el 67 por ciento destinadas a los cultivos varios.

De acuerdo con las estadísticas, esas tierras produjeron en los últimos seis meses 10 112 t, de las cuales la Empresa de Acopio certificó 2 268 t; las restantes 7 844 fueron a parar a otros destinos: provincias cercanas y lejanas, los anaqueles de las ferias, carretillas, puntos de venta y esquinas de cualquier calle de la ciudad, a precios que una buena parte de la población no puede pagar.

De la misma manera que a cualquier productor le cuesta más de 25 000.00 pesos un rollo de alambre, más de 170 000.00 la goma trasera de un tractor y 25 000.00 dólares importar un tractor de mediana potencia, muestra de que los precios de los insumos y otros servicios crecen más veces que el precio de las producciones.

Por todos esos percances, y más, transitan quienes están de cara al campo, con los pies bien puestos en la tierra; sin embargo, volviendo al tema de la electrificación, ello no justifica que en el período analizado 75 productores de cultivos varios que disponen de riego electrificado en la provincia no hayan aportado nada, con las mayores incidencias en el municipio de Venezuela, con 27, pertenecientes a las CCS Capitán San Luis y El Vaquerito; Bolivia con 18 en las cinco bases productivas del municipio; Ciego de Ávila con diez, Ciro Redondo con siete… Ningún municipio escapa a ese mal.

La comisión de marras llegó a la conclusión de que el 41 por ciento de los beneficiados con la electrificación no aporta a la alimentación del pueblo. La lista la encabezan 75 productores que no tienen producción o no la reportan, a los que se suma igual cifra que las tiene y no han entregado un solo quintal a la Empresa de Acopio, un asunto con muchos entresijos, incluida la falta de control.

Se sabe que no se comen ni los números, ni las cifras, ni los informes; tal vez esa sea una de las razones por la que la máxima dirección política en el territorio ha evaluado —y cambiado— el sistema de reuniones estériles por un método mejor: poner los pies en el campo, evaluar, discutir, convencer; observar, contratar, controlar.

El simple hecho de que quienes tienen sistemas de riego electrificados y no aportan lo que pudieran, frenan el tránsito hacia la soberanía alimentaria y constituyen impedimentos para que el sistema de la Agricultura eleve la producción y no dependa de la importación de alimentos, que cuesta a Cuba, solo por concepto de la canasta básica, más de 1600 millones de dólares, según datos del Ministerio de Economía y Planificación.

Comprobado el hecho de que solo el 41 por ciento de los beneficiados con la electrificación aporta a la soberanía alimentaria, a partir de las necesidades del país bien pudiera advertírsele y, de ser necesario, rescindirles las tierras a quienes no contribuyen, una medida también aplicable a las empresas estatales, con miles de hectáreas ociosas. No pueden existir excusas en tiempos en que el país necesita más de soluciones que de justificaciones.