Con la construcción, en los próximos días, del primer horno para la fabricación de ladrillos y rasillas, a partir de la arcilla, comenzará a cumplirse uno de los acuerdos de la última sesión del Consejo Provincial en 2023, y que fue lo primero en analizarse en la reunión de trabajo del máximo órgano de gobierno, correspondiente al mes de enero.

Durante su explicación, Ismel Gómez Colina, director de la Empresa Productora de Materiales de la Construcción, dijo que el horno estará ubicado en Ciro Redondo, y tendrá el encargo de producir buena parte de la demanda del territorio, cifrada en unos 300 000 ladrillos, destinados, íntegramente, al Programa de la Vivienda (subsidios).

Por otra parte, mediante la compra en la vecina provincia de Sancti Spíritus —con una mayor tradición en el empleo de la arcilla y el barro—, ya están “oyendo el cuento” 44 000 rasillas, con las cuales se podrá impermeabilizar unos 1200 metros cuadrados de techos en edificios multifamiliares.

Al menos seis de los 10 municipios ya tienen listas las brigadas para la impermeabilización, y solo resta determinar qué edificios, en qué comunidades, y a qué precios se acometerán las reparaciones.

La información dio pie a una breve valoración del Programa de la Vivienda, por parte del gobernador Alfre Menéndez Pérez —el tema se someterá a análisis en otra sesión—, quien indicó una mayor atención a este asunto, de altísima sensibilidad para la población y que, al cierre de 2023, no tuvo resultados halagüeños (se construyó poco más de la mitad de lo previsto). La arrancada de 2024 también va dejando deudas (de 38 solo se ejecutan 21).

Sobre lo dejado de hacer en materia de solución de planteamientos inscritos en el Plan de la Economía durante 2023, comoquiera que sería realizar “autopsias”, el Consejo Provincial se enfocó en la metodología, es decir, que cada municipio identifique, correctamente, los planteamientos cuya solución puede lograrse, y no prometer lo imposible (al menos en las actuales circunstancias).

De haberse hecho siguiendo un análisis realista de las capacidades de recursos materiales, portadores energéticos y de fuerza laboral, no habrían quedado pendientes —y peor, no habría que dejarlas fuera del plan de 2024— acciones de reparación de viales, por ejemplo, que demandan grandes cantidades de áridos, cemento y combustibles.

No obstante, la provincia puede mostrar, al cierre del año anterior, un 96,2 por ciento de solución de planteamientos con respaldo en la planificación de cada territorio. De 212 incluidos en el documento rector de la Economía, en los niveles de municipio y provincia, solo quedaron pendientes ocho.

Entre lo incumplido está el camino de Malezal, en el Consejo Popular Georgina, de Primero de Enero; y los viales Los Barriles y Las Grullas, en Florencia; también el consultorio médico número 23 de Pedro Ballester; el alcantarillado de la calle Segunda, en Gaspar (Baraguá); y la reparación de la escuela Doña Emilia, en el Consejo Popular Orlando González (Majagua).

Para el presente año, el Consejo Provincial aprobó incluir 110 planteamientos que responden a las principales problemáticas planteadas por la población —en el primer trimestre deberá solucionarse 24; en el segundo, 36; en el tercero, 27; y, en el cuarto trimestre, 23.

Planteamientos inscritos en el Plan de la Economía 2024

Fuente: Consejo Provincial

El control se muerde la cola

Otra mirada a lo hecho en materia de enfrentamiento al delito, la corrupción y las ilegalidades volvió a darla en esta sesión de finales de enero el Consejo Provincial, al rendir cuenta de su gestión la Dirección de Auditoría del Gobierno. Su director, Ramón Reyna Santana, fue breve, pero preciso.

Dijo que en 2023 se detectaron 177 delitos en entidades de subordinación local, que ocasionaron daños por valor de 3,9 millones de pesos. Esa cifra de hechos, si bien disminuye en 34 con respecto a 2022, apenas representa un decrecimiento de 177 000.00 pesos por concepto de daño, con lo cual cabría suponer que los delitos fueron de mayor magnitud.

Los municipios de peores guarismos son Ciego de Ávila (69 hechos), Morón (35), Venezuela (15) y Baraguá (13); 15 se reportaron en entidades provinciales. Entre los organismos y entidades que aumentan el delito están, encabezando, penosamente, la lista, Salud Pública (48, 11 más que el año anterior) y Educación (22, nueve más).

De acuerdo con Reyna Santana, ambos organismos mantienen una tendencia alcista, que viene experimentándose desde hace dos años.

“Consideramos que requieren una revisión oportuna de la objetividad y eficacia de los planes de seguridad y protección implementados, así como del control sistemático y sorpresivo que efectúan en el terreno los miembros de los respectivos consejos de dirección al sistema de protección de sus unidades”, enfatizó.

Con el Grupo Empresarial de Comercio en Ciego de Ávila los “sentimientos” son encontrados. Por una parte, decrece en 46 delitos, con respecto al período anterior, pero, por otra, acapara la totalidad de los hechos de corrupción detectados (9), con daños económicos calculados en 3,3 millones de pesos. La paradoja se expresa, además, en que habiendo sido menos hechos de corrupción que en 2022, aumenta el monto de los perjuicios, “lo que evidencia un incremento en la peligrosidad de los mismos”, acota el informe presentado por la Dirección de Auditoría.