Sin días feriados para la porfía contra el delito
Foto: Montaje Vasily MP
En octubre de 2022 el Primer Ministro de la República de Cuba, Manuel Marrero Cruz, emitió 45 directivas para la prevención y el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y las manifestaciones de corrupción. A días de hoy suman más de 80 indicaciones y el Consejo Provincial las analizó antes del cierre del año 2023
El reportaje que nunca hicimos sobre la minería furtiva en el Este de Ciego de Ávila —a falta de condiciones objetivas, sobre todo— habría sacado a la luz el desorden bajo tierra en el yacimiento El Pilar, donde no pocos individuos extraían rocas con contenido de oro y las comerciaban en el mercado negro.
A finales de 2021, una nota de la Agencia Cubana de Noticias destapaba el problema, luego de que las fuerzas del orden interior accionaran contra 300 personas dedicadas a la extracción ilegal de oro. En función de poner coto a esa circunstancia —y después de una visita de trabajo del ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, hace un año—, se diseñó un plan de enfrentamiento específico, del cual, al cierre de 2023, podemos decir que surtió efecto.
Un informe presentado al Consejo Provincial por el Grupo para la prevención y el enfrentamiento al delito, las ilegalidades, las indisciplinas sociales y las manifestaciones de corrupción, da cuenta de que, desde octubre, no se reportan hechos delictivos en esa zona.
Por tanto, afirmamos con total seguridad que si el control no había detenido antes a los furtivos es porque, sencillamente, no era control. De ahí que las medidas enunciadas durante la última sesión de trabajo del máximo órgano de gobierno en la provincia, pusieran sobre la mesa la certeza de que cuando se hace lo necesario y correcto, los resultados son visibles.
Entre esas acciones estuvo el “inventario” de las personas que practicaban la minería ilegal, para determinar su procedencia; las reuniones con propietarios de viviendas que alquilaban a ilegales, así como al resto de los prestadores de servicios que, de alguna manera, facilitaban la estadía de estos mineros sin papeles.
El tema, por su importancia y urgencia, se instaló en la agenda del Grupo municipal de enfrentamiento en Baraguá, a quienes, en no pocas ocasiones, acompañaron las autoridades provinciales, para el análisis sistemático y riguroso.
Los esfuerzos territoriales por eliminar esta actividad económica ilícita fueron respaldados por otras acciones de la Empresa Geominera del Centro, entidad responsable del yacimiento. De acuerdo con el documento consultado por Invasor, “fueron creadas mejores condiciones de trabajo para los que protegen el área, incluida la asignación de medios de transporte para el patrullaje interno, y de iluminación”.
Tal era el movimiento de la minería furtiva que, como parte del control, en 2023 se decomisaron motores eléctricos, plantas generadoras de electricidad, chipijamas, vagones, sacos de tierra, martillos pistoletes, trompos, entre otros medios.
Al cierre de noviembre, consigna el informe, “se habían realizado más de 1600 actuaciones por el Ministerio del Interior, con personas procesadas, denuncias, más de 400 advertencias aplicadas y más de 600 multas impuestas”.
De “todo” en los potreros del señor
El otro gran frente donde el enfrentamiento se “cebó” durante el pasado año fue el de los delitos contra la masa ganadera. Claro que esto no es en sí mismo algo de lo que deberíamos vanagloriarnos, porque, en un porcentaje no despreciable, las acciones llegaron después de que los animales habían sido sacrificados. Detener a los matarifes es una victoria, por supuesto, pero más si lo hiciéramos antes del primer tajo.
Michel GuerraEl ganado suelto cerca de las vías es motivo de penalización para los propietarios y un blanco fácil para los matarifes
Según el informe presentado al Consejo Provincial por Ángel Aragón César, coordinador de Programas y Objetivos para la Defensa en esa instancia de gobierno, los hechos contra el ganado crecen con respecto a igual etapa de 2022, y representan el 37 por ciento del total de delitos radicados, al concluir el mes de noviembre.
Cuatro municipios (Chambas, Ciego de Ávila, Baraguá y Majagua) acumulan el 63 por ciento de la incidencia, que ha puesto diana sobre el ganado del sector particular, mayoritariamente.
Al analizar las principales causas y condiciones que propician este comportamiento, el Grupo provincial determinó que si el 92 por ciento de los hurtos y sacrificios de ganado mayor se ha producido en las vaquerías privadas es porque, en no pocos casos, los propios tenedores han estado involucrados.
Lo confirma un dato: al cierre del período se habían radicado 48 denuncias contra propietarios que no denunciaron o simularon los hechos, y 75 contra veterinarios por falsificación de documentos.
Por eso las autoridades competentes aplicaron multas al amparo del Decreto 70 de 2022 del Consejo de Ministros, por valor de 24,6 millones de pesos, decomisaron 195 animales y aplicaron la venta forzosa de 393 cabezas.
A ello habría que sumar el mal manejo y escaso control de la masa, y el incumplimiento en la seguridad y protección de las áreas donde permanece el ganado.
La frase de que “hay que tener a las vacas dentro de la casa… y ni así” podría ser cierta, pero también el hecho concreto de que el precio de la carne en el mercado ilegal podría sufragar el costo del animal, la multa y todavía dejar ganancias.
Hay de “todo” en los potreros del Señor
Otros resultados del enfrentamiento
• La situación delictiva de la subordinación local decrece en 12 hechos (184/172), comparado con igual etapa del año anterior. Los municipios más incididos fueron Ciego de Ávila, con 54 hechos (decrece en 8); Morón, con 33 (+1); y Venezuela, con 15 (-2).
• Muestran un alza en los territorios de Majagua (5 hechos), Ciro Redondo (4), Chambas y Baraguá (3 cada uno).
• Fueron las entidades más incididas Salud Pública, con 45 (+14 hechos); Comercio y Gastronomía, con 38 (-39); Educación, con 20 (+7); Transporte, 14 (+7); y Deportes, con 12 (+8).
• Tipicidades con mayor incidencia: Robo con fuerza, con 64, y el Hurto, con 57. Entre los dos suman el 70,3 por ciento del total.
• La dirección de inspección realizó 29 395 inspecciones y detectó 18 719 violaciones e igual número de multas, por un valor de 8,7 millones de pesos.
• Chambas, con el 4,9 por ciento; Bolivia con el 7,1; Majagua con el 7,9; y Baraguá con el 8,1 por ciento del total de multas aplicadas, son los territorios con menores índices de imposición.
• Estas cifras globales de multas muestran un decrecimiento con respecto al 2022, en más de 2600 imposiciones, aunque se eleva la cuantía recaudada por este concepto en 12,8 millones de pesos. Sin embargo, es el territorio del país que más multas cancela, con 15 233.
• La Oficina Nacional de Administración Tributaria identificó 18 367 deudores y actuó contra 17 926. Se ha recuperado una deuda de 29,3 millones de pesos y se realizaron siete denuncias por el delito de Evasión Fiscal, por un Importe de 6,8 millones de pesos.
• Por su parte, la delegación provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, y sus direcciones municipales, detectaron 2673 ilegalidades, la mayoría de ellas en Morón (1220) y Ciego de Ávila (885).
• En el año se registraron 12 hechos de corrupción, de ellos 9 de la subordinación local, en el sector del Comercio (5 del municipio Ciego de Ávila, 3 de Morón y 1 de Venezuela) y 3 corresponden a la subordinación nacional (AZUMAT en Ciro Redondo, CADECA en Morón y Agroindustrial Ceballos).