Urge reforzar el enfrentamiento a la minería ilegal en la zona de prospección minera ubicada en Baraguá
Ahora sabemos que la promesa no era tal promesa, sino una realidad. Desde diciembre de 2021 han llegado noticias desde Baraguá, donde se ha enfrentado la minería ilegal luego de que un grupo numeroso de personas se dedicaran a la extracción furtiva de rocas con potencial capacidad de contener oro.
En esa fecha, fuerzas conjuntas de los Ministerios del Interior (MININT), de la Agricultura (MINAG), Energía y Minas (MINEM) y la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) en Ciego de Ávila, encontraron en el lugar casas de campaña rústicas, en las que pernoctaban alrededor de 100 personas; y se observaron excavaciones profundas. Como resultado del enfrentamiento se accionó contra unas 300 personas dedicadas a esta actividad ilícita, según precisó un reporte de la Agencia Cubana de Noticias (ACN).
Pero la minería ilegal en Baraguá era un secreto a voces y la fiebre del oro muy anterior a esas noticias. Desde 1994 se describió mineralizaciones porfídicas de Cobre-Oro con contenidos discretos de molibdeno, plata y oro, en la región comprendida entre el Este de la provincia avileña y Las Tunas. En los años subsiguientes hubo muestreos, identificación de áreas y se hicieron excavaciones. Es probable que los mineros furtivos aprovecharan estos trabajos ingenieros de hace más de dos décadas.
Al ser un área distante unos 25 kilómetros de la cabecera municipal de Baraguá y de una extensión superior a los 100 kilómetros cuadrados, la zona nombrada Gaspar-El Pilar no está precisamente accesible y se ha dificultado su control. Los afiebrados, en cambio, son muchos: han llegado desde el Oriente del país, pero también se ha producido un desplazamiento desde los propios poblados baragüenses, justificados por el valor de cada roca extraída, superior a los 1000.00 pesos en el mercado negro.
O sea, la “atracción” es muy fuerte y aunque allí se ha accionado e, incluso, está el interés de la compañía australiana Antilles Gold Ltd. de explotar la concesión minera aprobada por el Consejo de Ministros, a través de una Asociación Económica Internacional, los furtivos vuelven una y otra vez, aun cuando en la actualidad se evidencia la tendencia al control de los hechos.
Así lo reconocían la semana pasada las principales autoridades del municipio, durante un encuentro de trabajo con el Ministro de Energía y Minas, Vicente La O Levy, quien llamó a la integración para fortalecer el enfrentamiento a la minería ilegal en el municipio de Baraguá, con el rigor, la racionalidad y sistematicidad requeridas, de acuerdo con otra nota de prensa de la ACN.
De sus palabras y de las de Fabio José Raimundo Paz, presidente del Grupo Empresarial del Grupo Geominero Salinero, se desprende que no se ha hecho allí todo lo que puede hacerse y, en consecuencia, se diseñará ahora un plan de enfrentamiento específico para este asunto que no solo tiene implicaciones a nivel económico, sino de la salud y ambiental. Están documentados los efectos a corto, mediano y largo plazos de la exposición al mercurio y el polvo de sílice, por solo citar un par de ejemplos. Y no solo son dañinos para los mineros furtivos, también para sus familiares y hasta las poblaciones cercanas. Razón de más para que, como se dijo en la citada reunión, velar por la legalidad sea una responsabilidad compartida.
Al control debería tributar, asimismo, la llegada en los próximos días de un grupo de especialistas para continuar los estudios en el área. De hecho, en mi opinión, será la acción más importante para detener la fiebre del oro de los ilegales, porque precisamente el cierto abandono de las obras ingenieras realizadas en el pasado puede ser considerada la principal causa de la proliferación de la minería furtiva, aun cuando las normas jurídicas son muy claras en cuanto a quién puede explotar o no un yacimiento mineral.
En este sentido, por cierto, varios autores cubanos como Jesús Manuel López Kramer y Ramón Omar Pérez Aragón, investigadores del Instituto de Geología y Paleontología, concluían en un reciente artículo científico que “la minería ilegal se realiza sin control por parte del Estado y la misma no genera beneficios al país, por el contrario, su enfrentamiento implica gastos a la economía”. A continuación, ponían de relieve la pertinencia de legalizar y desarrollar la llamada microminería, creando para ello una base normativa y legal que lo permita.
Ese podría ser un camino para yacimientos cuya prospección no justifique el despliegue logístico asociado a esta actividad. El otro es el control irrestricto de los recursos naturales del país, es decir, los recursos de todos.