Ana Esperanza Peláez Guerra, residente en la provincia de Sancti Spíritus, llegó a nuestra sección con la finalidad de proteger a su hermano Alberto Flavio. Su misiva fue publicada el 6 de agosto del año en curso con el título La plegaria de Ana, donde cuenta que la casa de este —con complicados problemas de salud y poca solvencia económica—, ubicada en Loma Ciega, poblado perteneciente al municipio de Morón, está en peligro inminente de derrumbe.

Alegaba que, pese a que el delegado se personó en el lugar, y sus familiares pudieron salir y sacar los bienes a buen resguardo, existe falta de atención de las instituciones a las que ha solicitado ayuda.

Ante la queja, la licenciada Deisy Espinosa Chávez, directora municipal de la Vivienda en el municipio de Morón, asumió la responsabilidad de investigar el caso, en el cual “se formalizó una visita al inmueble, por funcionarias de los Departamentos de Atención a la Población y Técnico de la entidad”, sin que se haya contactado de manera personal con Ana Esperanza, pero sí se localizó por vía telefónica, explica.

Ana refirió que “lo que conoce es por referencia”. Alberto, sin embargo, cuenta otros argumentos, como, por ejemplo, que “fue en junio de 2022, cuando se le empezó a derrumbar las soleras y el caballete con las lluvias, (…) ya la casa estaba en muy mal estado (…) y vivieron allí hasta ese momento que lo reportaron”. También hace una larga y compleja explicación de acciones realizadas para poder reparar el inmueble, donde menciona que su casa no tiene documentos legales, habla de las veces en que se dirigió al Gobierno y a la Defensa Civil, y que “no han tenido modo de acceder a la compra de recursos”. Según expresa, lo que desea es poder construir una parte, para poder vivir en su casa y no pagar alquiler.

Los funcionarios de la Vivienda, por su parte, verificaron todos estos procederes, dando fe de algunos, pero en otros “se advierte un gran número de contradicciones”.

Se informa que, a pesar de no existir Expediente Básico sobre este inmueble, en el orden legal, porque fue adquirido por compraventa no formalizada, al estar inscrito en el Libro Único, elaborado por el Consejo de la Defensa, la recuperación debió realizarse con la forma de pago aprobada en la fecha en que fue dañada por el evento meteorológico, con apego a los materiales que se calcularon para recuperar la afectación evaluada entonces. Y, de hecho, Alberto Flavio Peláez Guerra compareció en la tienda de ventas de Materiales de la Construcción y adquirió los recursos, “según factura No. 5924 con fecha 9 de junio de 2018, pagando en efectivo, bonificado al 50 por ciento”. Además, “recibió 34 tejas de zinc por donación, factura mediante, emitida por la tienda, dos días antes”. Por ello, en su momento se dio la vivienda por recuperada.

“Esta familia no ha comparecido con el fin de ser atendidos y orientados, no se han dirigido a las instancias pertinentes de forma oportuna antes de formalizar la queja, ni con relación a la forma de recuperación, ni de legalización, ni de naturaleza alguna”, refiere la directora de la Vivienda en Morón.

Al realizarse la visita técnica, luego de la publicación en el mes de agosto del presente año, los entendidos precisaron que el inmueble dañado está ubicado en suelos de la Cooperativa de Producción Agropecuaria Paquito Rosales, y presenta estado de desplome, debido a su deterioro e inhabitabilidad, por lo que la Dirección Municipal de la Vivienda en Morón orientó que debían agotar el debido proceso, al amparo del Acuerdo No. 8574 adoptado por el Consejo de Ministros con fecha 12 de marzo de 2019, el cual emitió la Resolución 529, donde se ponen en vigor un grupo de normas que franquean y flexibilizan los trámites para el ordenamiento y legalización de inmuebles construidos en tierras agropecuarias y forestales.

Por lo mismo, consideraron que este caso no es competente con la entidad, y no pueden dar una respuesta efectiva ni el tratamiento adecuado, por lo que se debía atender en otra instancia.

El Consejo de la Administración de Morón convocó a una comisión que atendió al compañero Alberto Flavio Pélaez Guerra. Tras analizar su caso, con el objetivo de darle solución a la problemática de esta familia, le orientó —y gestionó con la Dirección del Registro de la Tierra de la Delegación Municipal de la Agricultura— obtener la legalidad del terreno que ocupa la vivienda, con la Resolución que emita dicha entidad, y posteriormente presentarse en la Dirección Municipal de Vivienda “para precisar la forma de recuperación y forma de pago”.

También, ante la solicitud de que se le asigne algún inmueble, responden que “es imposible en este momento, atendiendo a las prioridades del municipio (…) y la no disponibilidad de local”.