El imperio ha vuelto a listar a Cuba en su manipulador informe sobre trata de personas; indignante maniobra de la guerra abierta contra la colaboración médica cubana, declaró Miguel Díaz-Canel Bermúdez, Primer Secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Presidente de la República.
En su cuenta de X, el mandatario hizo un llamado a Antony Blinken, secretario de Estado de los Estados Unidos (EE.UU.), y recordó que en el país caribeño se mantiene una política de tolerancia cero respecto a cualquier modalidad de la trata de personas.
“Basta de cinismo secretario Blinken, usted conoce bien nuestra política de tolerancia cero a esa criminal práctica”, manifestó.
En la misma red social, Bruno Rodríguez Parrilla, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, reiteró la posición de la Isla respecto al tema y su política de tolerancia cero.
#Cuba mantiene una política de tolerancia cero frente la trata de personas.
— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 24, 2024
Continua inclusión de nuestro país en informes unilaterales y arbitrarios de gobierno de EEUU solo pretenden mantener y justificar política criminal de asfixia económica contra el pueblo cubano. pic.twitter.com/2b99ezfICi
Según informó Prensa Latina, este lunes se presentó el informe anual del Departamento de Estado sobre la trata de personas, el cual señaló al Gobierno de Cuba de no cumplir plenamente con los estándares mínimos para la eliminación de la trata.
No está realizando esfuerzos significativos para hacerlo, por lo tanto, Cuba permaneció en el Nivel 3, refirió el texto.
Se explicó que para justificar la calificación de Cuba, el reporte utiliza argumentos contradictorios y poco creíbles, en el que continúa tergiversando y difamando sobre la labor de la colaboración médica cubana durante décadas en más de un centenar de países.
Cuba mantuvo su política de tolerancia cero y, en el 2022 elaboró la actualización del Plan de Acción Nacional para la Prevención y Enfrentamiento de la Trata de Personas y la Protección a las Víctimas (2022-2024), herramienta fundamental en la actuación coordinada entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil cubana para el abordaje de este grave delito, el cual está pendiente de aprobación por el Consejo de Estado.