Mortalidad infantil en Ciego de Ávila, seguimos sin ver la luz

Por más que se haya repetido que el Programa Materno Infantil (PAMI) no tiene competencia en la cadena de atenciones que va del nivel primario al secundario, cuando la COVID-19 hizo su zafra en Ciego de Ávila no alcanzaron ni los esfuerzos ni los recursos humanos para equilibrar prioridades.

Quizás, este argumento no sostenga todo el problema, pero nos acerca bastante a su vórtice: hasta este 7 de diciembre la provincia exhibía la tasa de mortalidad infantil más alta del país, cifrada en 13,8 por cada mil nacidos vivos. El número es amargo porque encierra 45 niños menores de un año fallecidos en este lapso, estadística que duplica las muertes registradas en 2020 y nos pone frente a causas conocidas y otras no tanto.

• Lea lo que dijo Invasor sobre el tema en 2020.

Lo confirma Luis Carmenate Martínez, funcionario del PAMI y jefe del Grupo Provincial de Ginecología y Obstetricia, con el dato de que ha fallado la atención prenatal, la evaluación de los riesgos en las embarazadas y la aplicación de protocolos.

“Inciden el bajo peso al nacer y la prematuridad en la morbilidad y la mortalidad del territorio, asociados, fundamentalmente, a la hipertensión arterial, el crecimiento intrauterino retardado y el embarazo en la adolescencia. Muchos bebés llegan al servicio de Neonatología con pesos extremos (menos de 1 500 y 1 000 gramos), que ponen en riesgo su vida y extienden la estadía hospitalaria”.

Lo cierto es que la lista de agravantes es larga y va desde el Consultorio del Médico y la Enfermera de la Familia, donde a veces las gestantes no reciben el seguimiento oportuno, hasta los hogares maternos y los salones de parto y cesárea. Vayamos por partes.

En las áreas de Salud han faltado profesionales en puestos clave y desde ahí comienza a resentirse el resto. Ya lo hemos dicho antes, el consultorio es el eslabón más valioso. Ahora, ya no preocupan tanto los obstetras, sino el completamiento de los pediatras en los Grupos Básicos de Trabajo.

La eficacia en el diagnóstico prenatal de defectos congénitos y enfermedades genéticas ha mejorado, aunque por estas causas fallecieron ocho pequeños. Un caso se trató de una familia que no quiso interrumpir el embarazo, lo que deja en evidencia que, creencias aparte, puede hacerse muchísimo más desde la promoción y prevención de salud.

Tampoco ha ayudado el decrecimiento de la natalidad, casi crónico en los últimos cinco años, en los que hemos ido de más de 4 000 nacimientos a apenas unos 3 000. En esta oportunidad han sido 3 269 los alumbramientos inventariados hasta esa fecha y esto demuestra la necesidad de ponderar el programa de Atención a la Pareja Infértil, servicio que apenas se mantuvo activo durante estos meses de enfrentamiento al virus.

Si en 2020 la mortalidad materna sumó dos defunciones y no se cumplió con el indicador de calidad, ahora con 11, mucho menos, y este es otro de los sinsabores. Hay familias que ya no volverán a ser la mismas.

Para colmo de males, la situación constructiva de los salones de parto y cesárea, y de otras estructuras en el Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, ha propiciado un alza de las infecciones asociadas a los servicios sanitarios y los pronósticos no son buenos.

Cuando Luis Carmenate Martínez sostiene que los protocolos están, solo falta adherirse a ellos, uno entiende que no hay margen a la improvisación porque todo está escrito, aunque por momentos pareciera lo contrario.

Ni los profesionales del sector ni las máximas autoridades del territorio están al margen de los problemas que el PAMI arrastra, los cuales crecen como bola de nieve de enero a enero. No obstante, la pregunta es casi retórica: ¿cuándo tendremos resultados diferentes? ¿qué más tiene que pasar para encontrar soluciones?

Como prueba fehaciente de un nuevo sistema de trabajo que pretende devolvernos números en positivo está la visita de un equipo del Ministerio de Salud Pública, que hará de este mes de diciembre el más intenso del año. Como primera acción se revaluarán todas las embarazadas con más de 26 semanas en la provincia.

Está claro que el peso de las estadísticas recae en los hombros de los profesionales de la Salud, pero las responsabilidades en el contexto avileño hay que repartirlas. Toca hacer más para que la intersectorialidad deje de ser muletilla y se haga sostén a nivel del barrio y de la atención secundaria, porque nos han faltado, también, recursos materiales, decisiones oportunas y control.

Por eso, ya nadie se asombra si la negativa a ingresar a un hogar materno pasa sin la debida observancia por parte de los factores de la comunidad o las comisiones de prevención, o si las razones de la gestante se sustentan en tener que trasladarse a otro municipio o que el centro no reúne todas las condiciones. Ante la magnitud de los riesgos, los 10 hogares y sus aproximadamente 150 camas debieran quedarse cortos y no a media capacidad como están ahora.

Ciego de Ávila ha comprobado de la peor manera como los desvelos y el empeño de unos por salvar  —obstetras, enfermeros, neonatólogos, cuadros del sector— pueden ser empañados por quienes, desde la misma línea, no han cumplido su rol. Lo que está en juego es la vida, démosle luz y vía ancha.