Los días en que disponía y actuaba con total libertad en su casa parecen quedar atrás. Ahora la señora, a sus setenta y tantos años, tiene apilado en un rincón de su cuarto los enseres y el fogón junto al escaparate, la cómoda y unas sillas. Nunca pensó llegar a esta lamentable situación, al contrario, con la presencia en el hogar de esos familiares cercanos esperaba hacer más llevadera esta etapa de la vida.
Tal vez fue ingenuidad, eso sí, arropada de un cariño incondicional, lo que la hizo firmar un documento de donación de vivienda, acción devuelta tiempo después con la ingratitud y el maltrato de los beneficiarios.
La violencia hacia los adultos mayores asume innumerables rostros y matices, uno de ellos es de índole económica. Como sucede con otros tipos de violencia contra este sector poblacional, en la mayoría de las ocasiones ocurre en el ámbito intrafamiliar.
Entre las tipificaciones más comunes del fenómeno aparecen formas inapropiadas o ilegales de usar dinero, propiedades y otras, así como la malversación de fondos basándose en la confianza establecida, robos directos y coacciones para cambios en testamentos. Asimismo, por esta causa se dan limitaciones de derechos al interior de las casas.
Ante la sospecha de actos de tal naturaleza, funcionarios públicos como notarios, cajeros de banco y otros deben dar la alerta y la orientación adecuada para evitar el menoscabo de derechos a los posibles afectados; asunto que a las claras reviste de complejidades para su detección, pues, en muchas ocasiones, las personas mayores pueden creer que el abusador tiene potestad sobre sus bienes, o quieren compensar a quienes les cuidan o les dedican su tiempo y atención.
Propio del proceso de envejecimiento, los seres humanos tendemos a disminuir las capacidades físicas y mentales, por lo cual nos convertimos en más vulnerables ante las diversas agresiones. Aunque resulta un problema que gana en preocupación por las sociedades, debido al progresivo aumento de la cantidad de ancianos, todavía no genera los debates que verdaderamente merece.
Las nociones de violencia afianzadas en la cultura y los imaginarios colectivos hacen que estas realidades se invisibilicen y naturalicen, trayendo como consecuencia escenarios donde personas de la tercera edad sufren a diario vejaciones.
Dado el nivel de indefensión física y social de los ancianos nos encontramos ante víctimas que generalmente no se reconocen como tales, pues son temerosos de reaccionar y denunciar los malos tratos a causa de represalias, al confinamiento en instituciones de salud como los hogares de ancianos o por la rotura familiar donde conviven.
La adopción de marcos legales apropiados y específicos para proteger a este grupo etario resulta una tarea impostergable. En nuestro país parecen darse pasos en la dirección y así lo reflejan los Artículos 84, 85 y 88 de la Constitución de la República de Cuba, aprobada el 24 de febrero último. Con semejante guía jurídica, impuesta por la Carta Magna, se deben sumar los consiguientes cambios en otros cuerpos complementarios como los códigos de Familia y Penal.
Una realidad que nos toca de cerca en Ciego de Ávila si consideramos que alrededor de 84 900 superan los 60 años de edad, lo cual representa un índice de envejecimiento poblacional de un 19,4 por ciento y también un desafío social, por todos los condicionamientos que ello implica en proporcionarles calidad de vida.
El desarrollo de una cultura que favorezca la solidaridad intergeneracional y que rechace la violencia son algunos de los elementos que refieren los especialistas como vías para prevenir eficazmente una problemática presente en la sociedad.