Inversiones en Ciego de Ávila: de mal a peor

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La provincia terminará el año con uno de los peores resultados en materia de inversiones en la última década

Al ritmo con que cerró el mes de septiembre, las inversiones incluidas en el plan de las entidades del Gobierno provincial de Ciego de Ávila no mostrarán buenos indicadores al final del año. A menos de un mes para que concluya 2021 no será posible, siquiera, alcanzar el 50 por ciento de ejecución, unos 25 puntos porcentuales por debajo de lo hecho en 2020.

Eso sugieren los números aportados por la Dirección Provincial de Economía y Planificación (DPEP): de un plan de 403,7 millones de pesos, en septiembre último sólo se habían invertido poco más de 84,4 millones, para un pobrísimo 20,9 por ciento. La partida que más le debe a lo previsto es la de Equipos, algo que, lamentablemente, en el contexto nacional y local no es noticia.

Honrando toda la información disponible habría que decir, no obstante, que lo planificado para 2021 superó no solo el plan de 2020, sino el real. Por eso los análisis podrían caer en saco roto si no se tiene en cuenta el impacto de la Tarea Ordenamiento y la pandemia de la COVID-19. Desde la propia instancia se reconoce que no es posible establecer comparaciones equitativas.

Entre las entidades subordinadas al Gobierno provincial con menos ejecución de sus planes al cierre del tercer trimestre están algunas de gran peso en el desarrollo socioeconómico, como la Unidad Presupuestada Inversionista Pedraplén Sur, la Dirección de Deportes, la Empresa Provincial Industria Alimentaria y la Dirección Provincial de la Vivienda; aunque la lista es de 18.

Este acercamiento al proceso inversionista no se pone viejo. Lo escribimos en 2019, pero siguen vigentes los problemas investigados:

• Proceso Inversionista: Controversia entre Decreto y Realidad (I).

• Proceso Inversionista: Controversia entre Decreto y Realidad (II).

Preguntada por lo dejado de hacer, Milagros Reyes Acosta, directora de la Unidad Presupuestada Inversionista Pedraplén Sur, esgrime dos argumentos. Los dos relacionados con el combustible, pues las escasas asignaciones durante el año han impedido recibir las toneladas previstas de hormigón asfáltico caliente y, en consecuencia, se incumple el encargo del llamado Vial Naturaleza, que comprende las vías del destino turístico Jardines del Rey. “Además, por falta de financiamiento en CL (capacidad de liquidez, moneda 'dura') los equipos informáticos no se pudieron comprar”, explica.

Tampoco se pudo importar la despulpadora incluida en las proyecciones de la Empresa Provincial Industria Alimentaria, cuyo director general, Rafael Pina Jova, presidía una reunión para “salir a buscar la MLC (Moneda Libremente Convertible)” cuando Invasor tocó a su puerta. En el entorno empresarial actual, comentó el directivo, entidades con producciones que se comercializan en moneda nacional están obligadas a innovar para adquirir la divisa que respalde, ya no las inversiones (que tienen financiamiento en CL aprobado centralmente), sino la vitalidad del resto de los procesos (dígase el transporte o la ofimática).

De acuerdo con Yoslainy Hernández Collado, directora de Tecnología y Desarrollo, el plan del año contemplaba adquirir una despulpadora, dos marmitas y una nevera para el Proyecto de Desarrollo Local Fábrica de Conservas de Florencia. Las marmitas y las neveras fue posible adquirirlas en plaza, pero la procesadora de frutas y vegetales deberá esperar.

También sigue esperando la cancha sintética de hockey. En el plan de la Dirección de Deportes se había destinado 750 000.00 pesos para comenzar a construir el edificio socioadministrativo y, concluido septiembre, apenas se ejecutó el 37 por ciento. En esa fecha aún no terminaba la nivelación del terreno, un viacrucis al que este periódico le dedicó un reportaje.

El último trimestre del año debía añadir a la geografía de Chambas, Morón, Bolivia y Ciro Redondo parques biosaludables, pero será necesario esperar que finalice el 2021 para comprobarlo.

Sobre la construcción de viviendas, el gobernador Tomás Alexis Martín Venegas adelantó en su reciente rendición de cuentas que, al cierre de octubre, apenas se lograba terminar el 28,1 por ciento de los inmuebles planificados, equivalente a 446 viviendas. Otras 2 033 están en secuencia constructiva, de ellas 718 en terminación.

• Desde 2019 la provincia experimenta ejecuciones de su plan de inversiones por debajo del 92 por ciento

De manera general, apunta Yens Toledano Padrón, subdirector de la DPEP, los incumplimientos del plan de inversiones se deben a las afectaciones de los cronogramas de ejecución por déficit de fuerza de trabajo (impacto de la pandemia) y al restringido suministro de recursos (materiales de terminación, portadores energéticos) y financiamiento.

Sin embargo, el funcionario señala, también, un factor harto conocido: no se logra el cumplimiento del Decreto Ley 304 de 2012 del Consejo de Estado y el Decreto 310 de 2012 del Consejo de Ministros, referidos al perfeccionamiento de la contratación económica de todos los sujetos que participan en el proceso inversionista. Sujetos y obligaciones minuciosamente listados por el Decreto 327 de 2014 del Consejo de Ministros, por cierto.

Mirando lo que significa incumplir el plan, por cuanto repercute directamente en el crecimiento económico del territorio, podría parecer menor la indisciplina informativa. Dentro de las entidades adscritas al Consejo Provincial de Gobierno todavía algunas demoran las valoraciones o faltan al deber de informar periódicamente.

Pero el nudo gordiano no está tanto en la subordinación local como en las empresas y organismos de subordinación nacional. El informe al que tuvo acceso Invasor lo dice muy claro: “no se logra consolidar un sistema informativo disciplinado de las entidades de subordinación nacional, que son las de mayor impacto, con el objetivo de conocer las inversiones importantes”.

Ni porque en abril de este año el Ministerio de Economía y Planificación emitió la Resolución 18, que aprobó y puso en vigor el sistema de conducción de la economía del Plan 2021, de estricto cumplimiento para los organismos de la Administración Central del Estado, las organizaciones superiores de dirección empresarial, los órganos locales del Poder Popular y demás entidades económicas.