Si el impacto del ordenamiento monetario en el bolsillo aún se ve con la niebla de enfrentarse a lo nuevo, la arbitrariedad de algunos precios, y sus políticas, ya son medibles.
Deshonesto sería pretender que estrenamos enero sin hablar de otra cosa que los precios. Han sido quince días de redescubrimiento de la capacidad de compra, de medir cuánto se corresponde nuestro salario nominal (ese número que viene en la nómina) con el real (la cantidad de bienes y servicios que por esa cifra podemos adquirir).
Quizás es porque diciembre nos dejó embelesados con las tarifas de la corriente y la canasta básica, y no pudimos pensar (un lujo sería preocuparse por eso) en bolas de helado, pizzas de queso o frazadas para limpiar el piso.
Lo cierto es que varios casos han borrado de un plumazo el mantra de que se multiplicaría por 1.6 lo que compraríamos en la amplitud de 4.7 más salario.
Ya sabemos que son estimaciones generales, lejanas del aquí y el ahora, que tienen que ajustarse sobre la marcha, más allá de cálculos previos. “Partimos de un índice de incremento que no es el más idóneo, sobre los 3.00, 3.20, 3.30…, para ver qué número nos va dando”, declaraba a Invasor hace unos días Víctor Limia de la Rosa, Especialista de Precios del Grupo Empresarial de Comercio de Ciego de Ávila.
Se trata, en este caso, de empresas locales a las que la caída de la circulación mercantil (desde 2019) pone en jaque con la devaluación del peso cubano, y las ubican entre los organismos que, en consecuencia, deben sufrir pérdidas.
• Lea más al respecto en Ordenamiento en la empresa local, a punta de lápiz.
Lo que nos resulta más difícil de masticar que los 8 000 panes que en los primeros días de enero los avileños dejaron de comprar, es que la seguridad que transmitía Marino Murillo en televisión nacional se haya desdibujado en pocos días, ante la “libre interpretación” de lo permitido que, de acuerdo con las autoridades nacionales, han hecho algunos organismos locales.
Solo así se explica que casi 500 personas hayan establecido comunicación con el Ministerio de Finanzas y Precios, y que a casi ochenta no les haya temblado la voz para hacer denuncias. Con esas cifras, Meisi Bolaños Weiss, titular de ese ministerio, reconoció el papel de la ciudadanía en la exigencia de derechos.
No es solo un problema del ecosistema país. Varias provincias reportan los mismos problemas. En Granma se habla de 492 infracciones identificadas en el sector estatal, que incluyen carne de cerdo a 85.00 pesos la libra, y pizzas de queso a 45.00. Solo seis infracciones se encontraron en el sector no estatal.
La Habana ya impuso 531 multas, por el sobreprecio de productos agropecuarios. Y en Ciego de Ávila la dicotomía (que nada de contradictorio debería tener) entre calidad y precio fue explorada por Invasor en el reportaje citado.
Ya sabemos que topar precios y esperar que solo eso regule cadenas tan largas como las que sigue un simple boniato desde el surco colorado hasta la jaba de nylon es medida provisional, si se quiere corregir de raíz.
• Lea la opinión de Invasor: Violaciones de precios: La culpa no es solo del totí.
A juzgar por lo expresado por la Ministra de Finanzas y Precios, este jueves, en la Mesa Redonda, y por lo que dicen especialistas de todos los niveles, aún tendremos que seguir estrenando los bolsillos y asombrados con lo nuevo.
Pero ese gen de cambio que nos permite seguir adelante aunque sean solo unas horas para la adaptación, no puede nublar el gen del civismo, ni las ganas de, al menos, preguntar el porqué cuando la etiqueta no cuadra con el billete.