Bajo esa regla, se pretende, avance, en Jardines del Rey, la construcción del primer Parque Solar Fotovoltaico, sabiéndose huésped y no dueño de un ecosistema muy frágil
Esta historia no es nueva. Comenzó en 2016, cuando se autorizó la construcción de dos Parques Solares Fotovoltaicos (PSFV) en Cayo Coco. Diez años después, la idea resurge con mayor fuerza y ahora están a punto de iniciar el primero de ellos, al que le seguirán otros en varios islotes del destino turístico Jardines del Rey.
Ante la incertidumbre que genera esta experiencia, primera en un cayo de Cuba que no solo posee valores turísticos, sino también naturales y ambientales, Invasor advierte sobre el lugar escogido —o los que pudieran escoger en un futuro— para este tipo de inversiones, dada la fragilidad del ecosistema.
De acuerdo con el Máster en Ciencias Raúl Gómez Fernández, especialista del Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC), en esos territorios resulta difícil trazar en un mapa la línea exacta que separa las zonas antropizadas —aquellas donde la actividad humana ha transformado el entorno— de las no antropizadas.
Expertos consultados señalan que la autorización de 2016 tenía una vigencia de solo dos años y que, actualmente, un dictamen de la Oficina de Regulación y Seguridad Ambiental (ORSA) expuso las razones por las cuales la construcción debería realizarse en otra zona.
Según esos criterios, el lugar inicialmente seleccionado —Oeste de cayo Coco— forma parte de ecosistemas no antropizados, y las barreras que impondrá la intervención humana terminarán por fragmentar el hábitat.
El proyecto llegó hasta la Comisión de compatibilización de inversiones de la Dirección Provincial de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Ciego de Ávila, como quien toca a una puerta que podría abrirse o cerrarse para siempre.
En esa instancia, donde se sopesa el valor del ecosistema y la importancia del progreso, se evaluó su compatibilidad con el ordenamiento ambiental territorial.
Y la respuesta fue un no rotundo. Se denegó la construcción del parque solar en la parte Oeste de la zona conocida por El Bagá, porque ese territorio guarda amplios valores faunístico y florístico.
La parte Este recibió el visto bueno para el inicio de la inversión.
El área destinada para la construcción del PSFV no se definió a la ligera, sino tras un proceso de consultas, a modo de quien pide permiso antes de colocar la primera piedra.
La ORSA —esa otra voz que representa el ordenamiento territorial— propuso que el parque ocupara 8.5 hectáreas, no las trece que reclamaba el inversionista, en este caso la Empresa Eléctrica Ciego de Ávila.
Bajo esa regla se pretende avance el proyecto, sabiéndose huésped y no dueño porque, aun así, la contundencia de los argumentos técnicos, aseguran que la propuesta se encuentra en la zona de amortiguamiento de un Área Protegida de Significación Nacional.
No se trata de una interpretación discutible: la ley es clara al definir que estas zonas tienen como finalidad mitigar impactos externos y no albergar infraestructuras que los generen.
Marialina Herrera Riera, directora de inversiones de la Empresa Eléctrica, aseguró que la construcción del PSFV se ejecutará bajo el más estricto cumplimiento de todas las disposiciones establecidas, sin incurrir en violaciones normativas.
Según sus declaraciones, el propósito fundamental es minimizar las posibles afectaciones al medio ambiente, integrando criterios de sostenibilidad desde la fase de planeación hasta la operación del proyecto.
El respeto por los ecosistemas locales y el ordenamiento territorial no es un obstáculo, sino una condición indispensable para que la generación de energía limpia sea realmente compatible con la protección de los recursos naturales y el bienestar de las comunidades aledañas.
OrtelioVisible la fragilidad del ecosistema
La inmediatez de los plazos no justifica pasar por alto las advertencias técnicas. Cuando se prioriza la premura sobre la planificación, no solo se fragmenta el hábitat, sino que se sienta un peligroso precedente: el de que, la conservación de la biodiversidad, puede ceder ante cualquier meta sectorial que se declare impostergable.
El argumento ambiental no se agota en lo legal.
Los especialistas señalan que el terreno elegido en primera instancia —al Oeste de El Bagá, y en el que afortunadamente no se llegó a construir — es inundable—, está asociado a un paleocauce, presenta alta humedad relativa e incidencia de spray salino, características que no solo amenazan la integridad del ecosistema, sino que ponen en riesgo la durabilidad de la propia inversión, que se erigirá sobre estructuras muy frágiles a la agresividad del entorno salino del lugar.
En un país donde los recursos para el mantenimiento son escasos y las afectaciones meteorológicas extremas se vuelven cada vez más frecuentes, construir infraestructuras energéticas en zonas vulnerables es una apuesta que combina irresponsabilidad ecológica con imprudencia económica.
Antonio García Quintas, doctor en Ecología de Comunidades e investigador agregado del CIEC, añade que, aún en el lugar escogido, las “islas de calor” que generarán los paneles solares perjudicará a la fauna local, incluyendo especies endémicas y amenazadas, mientras que las aves migratorias se verían afectadas por la obra.
El desbroce, necesario para instalar los equipos, implicará la pérdida de un bosque siempre verde en buen estado de conservación que, paradójicamente, constituye parte de la zona de amortiguamiento que debería protegerse.
Los especialistas no se limitaron a objetar; ofrecieron alternativas viables, en lugares que ya están antropizados, con vegetación secundaria o convertidos en depósitos de desechos sólidos, más elevados, menos propensos a inundaciones, con menor incidencia de salitre y ubicados a distancias mucho más cortas de las unidades generadoras o subestaciones eléctricas.
Lo que se propone no es frenar la inversión, sino hacerla bien: en un lugar donde no se sacrifiquen bosques establecidos, se aproveche la infraestructura existente, se rehabiliten áreas degradadas y donde los valores de ejecución y mantenimiento sean significativamente menores.
El ordenamiento ambiental es parte del ordenamiento territorial, no un añadido posterior.
La práctica no puede indicar lo contrario: primero definir la inversión y luego evaluar su impacto, como ha sucedido en otras ocasiones. Cuando se trata de áreas protegidas, de ecosistemas frágiles, de reservorios de biodiversidad como Cayo Coco, esa lógica no es solo incorrecta; es peligrosamente irreversible.
Con la sugerencia de que la obra abarque 8.5 hectáreas y no trece como se pretendía inicialmente, el dictamen no constituirá un freno a la transición energética, sino una advertencia necesaria sobre el camino para construirla con inteligencia y sostenibilidad.
La historia de Jardines del Rey está salpicada de decisiones que, en su momento, priorizaron la rapidez y la urgencia económica por encima del ordenamiento territorial y la preservación de los ecosistemas.
Hoy, esas mismas decisiones se pagan con afectaciones ambientales irreversibles y costos de mantenimiento que nadie calculó entonces. No se trata de paralizar el desarrollo, sino de entender que una obra mal ubicada no es desarrollo, sino una herencia de problemas para las generaciones venideras.
La energía solar que tanto necesita el país —y que cada vez se hace más necesaria generarla en los propios cayos donde hay desarrollo turístico— merece ser instalada en sitios que la justifiquen técnica y ambientalmente, no en aquellos que la condenan a un mayor gasto, al deterioro acelerado o al conflicto con la legislación protectora.
Si algo enseña el caso del parque El Bagá —un parque natural temático que existió y desapareció más rápido de lo que duró su construcción— es que la sostenibilidad no se decreta por el tipo de tecnología que se emplea, sino por la manera en que se inserta en el territorio. De los errores del pasado debería surgir, por fin, la sabiduría para no repetirlos en el presente.
El parque fotovoltaico de Cayo Cocо no puede concebirse únicamente como una infraestructura energética más; debe erigirse en insignia de lo que significa desarrollar tecnología limpia sin sacrificar la joya natural que lo alberga.
Infografía Generada por la IA
Sus constructores, lejos de limitarse a cumplir plazos y presupuestos, están llamados a ser los primeros veladores del frágil ecosistema insular, con la protección de los humedales y el respeto a los corredores de fauna autóctona —especialmente las aves migratorias que allí anidan—, garantía para que cada panel, cada cable y cada movimiento de tierra se realice con la mínima huella ecológica posible.
Solo así esta obra dejará de ser un simple proyecto renovable para convertirse en un verdadero símbolo de coherencia: donde el sol no solo genera electricidad, sino también un compromiso irreversible con la vida que habita en cada palmar, cada manglar y cada playa virgen de Cayo Cocо.