Proceder con apego a las prioridades dictadas por la voluntad popular implica no solo saber escuchar
El “ya no sé adónde voy a ir” se erige en expresión recurrente, si la queja del que demanda cae al vacío o es víctima de razonamientos superficiales. De esos lamentos acumula Invasor una buena dosis en años consecutivos en cuanto a vínculo con los lectores, porque muchos de los que recurren por una u otra vía, a este medio de prensa suelen plantear que con anterioridad habían tramitado el asunto por esta o aquella vía, sin que apareciera la solución total o parcial del problema, o, al menos, el alivio de una contesta con argumentos sólidos.
Ninguna de las variables que hoy integra el entramado acaba de “engrasar”a plenitud el mecanismo, aun cuando se ha ampliado a partir del proceso de informatización de la sociedad, de modo que, a las tradicionales Oficinas de Atención a la Población, adscritas a las asambleas municipales del Poder Popular, y en la sede provincial del órgano de Gobierno, y en buena parte de los organismos, se agrega la posibilidad de utilizar los caminos digitales que ofrecen el Portal del Ciudadano Avileño, los medios de prensa y diversas estructuras administrativas.
A ello habría que agregar los planteamientos que, por despacho o mediante los procesos de rendición de cuentas de los delegados del Poder Popular a sus electores, tienen lugar en la base, donde también, en las instancias de la circunscripción y el consejo popular, se pueden viabilizar las inquietudes.
Al respecto llama la atención cuánto falta por conocer, y en ello se incluyen tanto demandantes como demandados. Así pude apreciarlo cuando semanas atrás Miriam Brito Sarroca, presidenta de la Comisión Permanente de Trabajo de Órganos Locales del Poder Popular de la Asamblea Nacional del Poder Popular, preguntaba a dirigentes de base en Ciego de Ávila acerca del contenido y los modos de instrumentación del Artículo 200 de la Constitución de la República, “a los efectos de garantizar los derechos de petición y de participación ciudadana”, para decirlo con una cita textual de nuestra Carta Magna.
Quedó claro, entonces, que proceder con apego a las prioridades dictadas por la voluntad popular implica no solo saber escuchar. Es necesario, además, una indagación más abarcadora y profunda en los reclamos, ampliar el número de entrevistas y muestreos, esgrimir argumentos y buen trato como armas ineludibles de las comisiones de trabajo e involucrar al pueblo a la hora de actuar.
En un encuentro con responsables de los equipos de atención a la población en los Organismos de la Administración Central del Estado, entidades nacionales y en los territorios, Manuel Marrero Cruz, miembro del Buró Político del Partido y primer ministro de la República de Cuba, afirmaba en abril de 2021 que “el funcionario que no atiende a la población, que no escucha a una persona hasta el final y lo interrumpe y empieza a dar justificaciones, no es merecedor de la responsabilidad que tiene. El ciudadano tiene la razón hasta que se demuestre lo contrario” y fustigaba entonces chapucerías como dictaminar “Sin razón” una demanda sin haber investigado lo suficiente, incluir en las comisiones investigadoras a quienes están implicados en la queja en cuestión y la ausencia de entrevistas con la persona que la interpone.
De insuficiencias como esas padecemos en Ciego de Ávila. No se necesitan datos para demostrarlo. Basta con los testimonios de la población y con la endeblez de algunas respuestas administrativas, que avivan la desconfianza y desestimulan la participación popular. Cambiar empieza por una idea refrendada por la más alta dirección del país, “hay que ponerse en el lugar del otro”. Y hacer.