Prepara el lazo. La soga recorre el espacio que lo separa de la res, pero el animal intuye la trampa; se escapa del control mientras trota asustado hasta los confines del potrero. Se esconde.
Si al ejercicio imaginativo anterior le cambiáramos los actores, si el lazo quedara en posesión de quien debe controlar y la condición de presa recayera en quien debe fomentar la ganadería, el resultado pudiera ser el mismo: un enlace fallido, quizás porque el ganadero (en ocasiones hasta sin tierras en usufructo que le aseguren el espacio y las condiciones mínimas para la crianza de los animales) ya sabe de memoria cómo esquivar la soga, y hasta quiénes pueden ayudarlo a sortear el enlace, y en el más condenable de los casos, compartir las ganancias del delito.
Bastarían datos elementales para corroborar una alarmante realidad. Según fuentes del sistema provincial de la agricultura, el reciente ejercicio de control del ganado mayor reveló más de 15 900 ilegalidades. A inicios del mes actual, quedaban pendientes de solución 854 violaciones.
Datos aún más frescos, los que se ofrecieron a Salvador Valdés Mesa, miembro del Buró Político y vicepresidente de la República, el pasado día 22, refieren que 524 productores fueran llevados a las comisiones agrarias y a 137 se les retiró el derecho al usufructo de la tierra, por reiteradas violaciones de la legislación vigente.
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— Orlando Rodríguez Baeza (@orlandorb1960) April 29, 2024
El ejercicio de control al uso, tenencia y explotación de la tierra, el ganado mayor y los tractores en Ciego de Ávila, los resultados preliminares dejan ver brechas por donde se fugan parte de los alimentos y la leche que necesita la población.
Más allá de los números en negativo, aquí no agotados; vale reconocer que el trabajo en equipo, esto es, la unión de fuerzas de directivos, funcionarios y técnicos de la agricultura, y cuadros gubernamentales y de las organizaciones políticas y de masas, apuntan hacia una mejoría del panorama pecuario, aunque la ayuda y el trabajo cooperado no exime de responsabilidad a quienes “en ocasiones peligrosamente lejos de la cerca que delimita pastos y casas de ordeño, representan y les corresponde defender los intereses del Estado, que es decir del pueblo”, como apuntaba este reportero en abril pasado.
No se trata de tarea de un día, o de campaña pasajera, porque, obviamente, el descontrol no es mancha exclusiva del pasado cercano y la erradicación de la mayoría de las ilegalidades detectadas en el decurso de 2024, no se traducen automáticamente en más leche y carne en las mesas avileñas.
Con la cercanía del fin de año, las autoridades insisten en la relevancia de concluir el proceso de contratación de la leche y la carne vacuna prevista para el 2025 en la primera quincena de diciembre. En la memoria de este comentarista no está muy distante el proceso anterior. Se debió terminar a tiempo, pero se dilató muchísimo, meses y meses de 2023 y 2024 que pusieron sobre el tapete lo que cuesta erradicar de un golpe los males enraizados en el transcurso del tiempo.
De momento, un grupo para nada despreciable de productores incumplen sus compromisos y desvían el alimento hacia otros destinos ajenos al estatal; las empresas y bases productivas flaquean a la hora de hacer cumplir la ley; en seis municipios del territorio (Ciego de Ávila, Chambas, Morón, Baraguá, Ciro Redondo y Majagua) recae la mayor cantidad de delitos contra el ganado y unos 500 000 litros de leche previstos en el plan anual no llegaron a su destino este año.
Ciertamente, términos como tolerancia, concomitancia, permisividad e impunidad hieren los oídos. Los he escuchado una y otra vez en lo que va de temporada. A fuerza de comparaciones, si el mejor de los ganadores puede errar alguna que otra vez el enlace sobre la cabeza de la res más difícil, la economía provincial no puede darse similar lujo, so pena de que el descontrol de la producción de leche y carne derive en autoenlace y defunción.