La violencia de género es una manifestación de la cultura patriarcal que a estas alturas de la civilización humana todavía cobra muchas vidas, y cuyo fin parece demorar bastante.
Prevenir estos actos es una de las formas más efectivas de reducir la violencia de género en el ámbito privado y público. En nuestro país existen varias vías y herramientas a disposición de las mujeres que sufren de maltrato psicológico y agresiones sexuales y físicas. Aun así, todos los años son reportados numerosos casos de homicidios y asesinatos de mujeres, lo que acrecienta la inseguridad de las ciudadanas cubanas.
La Constitución de la República de Cuba de 2019, en su Artículo 43, plantea la obligatoriedad del Estado de crear mecanismos institucionales y legales en respuesta a manifestaciones contra las mujeres por cuestiones de género.
En los últimos años en nuestro país se ha desarrollado un marco legal basado en prevenir y enfrentar actos de esta índole. A pesar de ello, la forma en que el pueblo lo sabe y aplica tiene que ver más con una cultura de la educación. Aún muy lejos de ser perfecta. Cuando más, idónea.
Educar con enfoque de comunidad es una propuesta en la que se viene insistiendo en espacios dedicados al tema, como sucedió durante el primer encuentro de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) “Voces de Mujeres por la No Violencia de Género”.
En la provincia avileña se trazan estrategias para integrar la comunidad y diversos sectores a las acciones del Programa de Adelanto para la Mujer (PAM). Desde la FMC y otros organismos se proyectan y ejecutan acciones contenidas en la Estrategia de Prevención y Enfrentamiento a la Violencia de Género.
Las Casas de Orientación de las Mujeres y las Familias cumplen un papel relevante en cuanto a la prevención de la violencia de género. Ya que son los espacios más cercanos a los que pueden acudir, en busca de apoyo y orientación, aquellas mujeres en situaciones riesgosas. Así como otros denunciantes que puedan colaborar para evitar el abuso.
Sin embargo, de nada sirve tener estos recursos y no saber aprovecharlos. Por tanto, es necesario involucrar a todos los sectores de la sociedad, con una mirada intersectorial, y fomentar los talleres en comunidades, centros de trabajo y de enseñanza, donde se expliquen las normativas relacionadas con la protección legal de las víctimas. Labor que en la provincia ya tiene un recorrido.
Útil es también hablar sobre otras herramientas, como las líneas de apoyo. Encontramos la línea telefónica de emergencia 103. Destinada a ofrecer la primera ayuda psicosocial y orientar sobre servicios de los sectores policial, jurídico y de salud.
Una función similar cumple el Directorio VBG, una aplicación desarrollada en colaboración con la Universidad de Ciencias Informáticas (UCI), que se puede descargar desde el sitio web Apklis.
No solo las mujeres en situación de riesgo deben conocer estas vías. La sociedad entera debe tener plena conciencia de las formas en las que puede ayudar a esa vecina, amiga, hermana, madre. La estadística sobre el tema es insuficiente. Procesar todos los casos suele dificultarse, en parte, porque muchas mujeres y familias ocultan los hechos de violencia.
Que no exista la vergüenza, ni la creencia errónea de que ayudar a una mujer con esta condición sería en vano porque ella regresará con el victimario. Debe tenerse en cuenta que muchas de estas mujeres se encuentran expuestas a una fuerte carga de estrés y ansiedad.
Suelen caer en una espiral de síntomas psicológicos a causa del abuso machista. Y algunas viven en una situación de dependencia de sus cónyuges, lo que dificulta aún más decidir sobre sus propias vidas.
Una cultura de la prevención; que insista y logre mayor alcance. Un correcto manejo de las denuncias; que no se quede en un papel escrito, sino que exista un monitoreo y seguimiento a cada caso por separado. Más espacios seguros; que no solo ofrezcan información, sino que funcionen como refugios para las mujeres más amenazadas y sus hijos. Son cuestiones todavía válidas a discutir si es un verdadero interés lograr más calidad en los procesos de prevención contra la violencia de género.