Contravenciones en Ciego de Ávila no se detienen, las inspecciones tampoco

Casi 11 000 supervisiones contabiliza la DIS en lo que va de año. Las multas superan los 6,4 millones de pesos

Con poco más de la mitad de la plantilla de inspectores activa y en un año en extremo complejo, desde todo punto de vista, no podría pedírsele más a la Dirección Integral de Supervisión (DIS) en Ciego de Ávila. Al cierre de noviembre este cuerpo de inspección había realizado 10 824 supervisiones y, en consecuencia, aplicó 8 625 multas.

El promedio mensual de inspecciones (988) se va quedando por debajo del de 2020, a juzgar por las cifras que este periódico publicó al terminar marzo del año pasado. Sin embargo, luego de la entrada en vigor de nuevos decretos, que aumentaron considerablemente la cuantía de las contravenciones, el total de las imposiciones supera los 6,4 millones de pesos casi al finalizar 2021.

También se logró elevar el índice de imposición al 100 por ciento. Esto quiere decir que donde se detecta una violación se aplica una multa. “Y el que busca, encuentra”, dice Irán Cano González, jefe del Grupo Provincial de la DIS, mientras repasa la documentación que confirma el accionar de los inspectores avileños. En Ciego de Ávila de cada 100 supervisiones, 72 identifican contravenciones.

Precisa el funcionario que en el período analizado la mayor cantidad de violaciones estuvo relacionada con la higiene comunal, largo apartado contenido en el Decreto 272 de 2001, rector de las conductas y las medidas aplicables en materia de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, con los aspectos del ornato, la higiene comunal y los monumentos relacionados con esta disciplina.

Le siguen las contravenciones de los Trabajadores por Cuenta Propia y quienes ejercen como tal sin licencia; así como los revendedores, figura que ha “florecido” cual mala hierba, en medio de una escasez e inflación apabullantes.

El otro gran grupo de infracciones se comete en la actividad de comercio minorista, tanto en moneda nacional como en MLC, y va desde los precios adulterados de los productos, la no correspondencia entre la calidad y el costo, productos no expuestos a la venta, hasta el sempiterno mal pesaje. Para los responsables de violar las normas que rigen la política de precios y tarifas, el Decreto 30 de 2021 del Consejo de Ministros establece severidad con multas superiores a los 2 000.00 pesos.

Cano González considera que con el incremento de las cuotas a pagar se ha reducido el número de personas naturales y jurídicas reincidentes en las violaciones y se han eliminado algunas indisciplinas, pero de ahí a que se deba a un proceso educativo y de concienciación hay un trecho que el jefe del Grupo Provincial de Supervisión Integral no se atreve a dar por recorrido. “Yo diría que se cuidan más”, enfatiza.

No obstante, este periódico daba cuenta en abril pasado de reincidencias y excesos, justo cuando los operativos conjuntos de la DIS y la Policía Nacional Revolucionaria sacaban a la luz problemas que, siete meses después, persisten: coleros, acaparadores y especuladores, violación de precios, entre otros.

Desde la Oficina Provincial de Control y Cobro de Multas, Andrea Socarrás Morales ofrece el dato del cierre de octubre y aporta otra mirada: de 965 multas impuestas por la DIS se había cobrado el 87 por ciento. Aun cuando no son los tiempos de 2015, cuando la deuda total con el erario público superaba los cuatro millones de pesos apenas en julio, el por ciento de efectividad del control y cobro de las multas tiene que ser mayor.


Comentarios  
# Ricardo 16-12-2021 09:44
Si se ponen las multas y no se separan a los ladrones y violadores, seguimos en las mismas, pues esmpeor porque deben robar mas para pagar la multa, además se sabe que las plazas de administradores y dependientes de mercados, bodegas y centros gastronómicos son compradas y haya mucho compromiso
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# Ministerio del Comercio Interior 17-12-2021 16:51
Estimado Ricardo agradecemos su comentario, no obstante le informamos que en cada provincia existe la Dirección Estatal de Comercio, entidad encargada de velar por el cumplimiento de las normas jurídicas aprobadas, relacionadas con los precios, además este tema se trabaja intensionadamente de conjunto con los gobiernos y las direcciones provinciales de Finanzas y Precios.
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