El intercambio con el Doctor en Ciencias Leonardo B. Pérez Gallardo en Ciego de Ávila tuvo como objetivo responder estas y otras interrogantes
Cuando hace un año y medio entró en vigor el actual Código de las Familias, se daba el primer paso, al que debían suceder otros, para concretar su utilidad social. Así lo explicó el Doctor en Ciencias Leonardo B. Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y Familia, durante un conversatorio con notarios, abogados, fiscales y jueces de Ciego de Ávila sobre la aplicación e interpretación del actual Código de las Familias.
El profesor titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, y uno de los legisladores de ese marco legal, reconoce que la calificación profesional de los operadores del derecho resulta vital en este empeño.
“Una cuestión fue debatir el Código, analizarlo y explicarle a la sociedad los elementos más trascendentales de él, con un lenguaje muy elemental, y otra es estudiar desde el Derecho la esencia del Código de las Familias. Es más fácil modificar una norma que cambiar la mente de las personas, por lo tanto, muchas veces se está aplicando el Código del 2022 con la mentalidad del Código del 75, ¡y eso es fatal!”.
De ahí la importancia de la capacitación para hacer efectiva una Ley que el mismo Pérez Gallardo califica como “rupturista”, al fracturar esquemas que tradicionalmente rigieron la vida familiar durante décadas, pero también el ejercicio profesional de los juristas.
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En el intercambio, Leimy Landestoy Pardo, especialista del Departamento de Notaría de la Dirección Provincial de Justicia, insistió en la necesidad de conocer cuáles documentos notariales se deben emitir para autorizaciones y representaciones legales de menores de edad, con una alta demanda en estos tiempos, debido al incremento de la emigración externa.
Al contrario del Código de Familia anterior, el de 1975, el actual ofrece varias alternativas legales como el acogimiento, la figura de la familia solidaria, la guarda de hecho y la delegación parcial o temporal de la responsabilidad parental.
“Los notarios y jueces deben buscar las fórmulas que más se adecuen al principio de realidad familiar, a la tipología de familia que tienen frente a sí, buscar la solución que, en el caso de los menores de edad, mejor satisfaga el interés superior, que responda así a lo que resulta mejor para niñas, niños y adolescentes”, explicó Pérez Gallardo.
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Se insistió en la necesidad de darle el adecuado tratamiento legal a las personas en situación de discapacidad y a los adultos mayores, dejando a un lado “la infantilización de estos”, donde el principio capital que ha de primar es el de “respeto a las voluntades deseos y preferencias”, no el de “interés superior”, como tiende a confundirse.
“En ocasiones, los operadores del derecho quieren extrapolar los estándares en relación con los menores de edad —donde sí ha de primar el interés superior— a las personas en situación de discapacidad y adultos mayores, a pesar de que, tanto el Código de las Familias y las reformas que se introducen en el Código Civil, dejan claras las diferencias.
En el debate, auspiciado por la Unidad Notarial Docente de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez, quedó clara la importancia de la intersectorialidad en la aplicación de la actual Ley, pues, según Gallardo Pérez, el derecho de familias es el más multidisciplinar de todos. Pedagogos, psicólogos, profesionales de la salud y muchísimos otros entes sociales deben apropiarse de su contenido para ejecutarlo de manera eficaz y que este sea, realmente, útil para todos.
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