Interesado Parlamento cubano en que la información baje y los criterios suban desde las comunidades pesqueras
Aprobar y poner en vigor una ley, sin el parecer, al menos, de quienes no solo deben conocerla, sino también ajustarse a ella, sería desacertado y hasta fatal.
Por eso una representación de pescadores y directivos de la Unidad Empresarial de Base Flota Pesquera Marina Júcaro, en el municipio de Venezuela de la provincia Ciego de Ávila, se concentran para recibir información, preguntar y opinar acerca del Proyecto de Ley de Pesca que debe ser aprobado por el Parlamento cubano en su sesión de julio próximo.
Atentos a la explicación que ofrece Ariel Padrón, director de regulaciones pesqueras del Ministerio de la Industria Alimentaria, están, además, tres diputados avileños y el presidente de la Comisión Agroalimentaria de la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Para nadie, el tiempo que se invierta en diapositivas e información estará perdido. El contexto actual no es el de los años 80 del pasado siglo, cuando la flota cubana capturaba unas 100 000 toneladas de peces en aguas internacionales (hoy no se dispone de esa fuerza), otras 75 000 en plataforma (casi cuatro veces más que el promedio anual del último quinquenio), además de las 30 000 que importaba (frente a apenas 8 000 ahora).
Quienes trabajaron en el Proyecto dejan claro que no solo inciden la obsolescencia técnica y tecnológica, o las limitaciones con artes de pesca; la tendencia al descenso e incluso a la extinción, en determinadas especies, no es un problema solo de Cuba: se manifiesta de manera preocupante a escala mundial.
Por eso la Ley de Pesca requiere ser “aterrizada” o atemperada en tiempo y espacio, para lograr un adecuado ordenamiento, administración y control de la actividad en función del aprovechamiento y conservación de los recursos.
Estos intercambios pretenden condensar el sentir de los 168 asentamientos pesqueros en el paísAsí, el intercambio incluye asuntos como la delimitación del acceso a las áreas destinadas a captura para cada entidad, división territorial por empresas, cuotas o volúmenes de extracción, tallas mínimas, regulaciones en artes de pesca, veda de especies, el otorgamiento de licencias, concesiones y permisos, o las modalidades: pesca de investigaciones, comercial, deportiva y recreativa, que incluye a la submarina.
Amplia pero precisa, la información no deja margen a dudas en torno a principios como los sustentados en el uso sostenible y la conservación, el llamado enfoque precautorio y la protección de los ecosistemas marinos, fluviales y lacustres.
Muestra de su carácter dialéctico, es el reconocimiento a formas no estatales (cuya comercialización de productos, por cierto, debe ser con la empresa estatal), la separación de las pescas deportiva y recreativa, la limitante que pueden significar los antecedentes de violaciones del régimen de pesca para poder acceder a una licencia, o la inclusión de los órganos del Ministerio del Interior en las acciones de prevención y enfrentamiento a ilegalidades, entre otras novedades.
La oportunidad que aprovechó el pescador comercial no estatal Humberto González Hernández, para evacuar dudas y alertar acerca del daño que provoca en el ecosistema costero allí, la congelación de un proyecto que ya no se va a ejecutar, es el mismo filón que no desperdiciaron otros marinos en cuatro intercambios similares realizados ya, dentro de un programa que concibe una decena de contactos de ese tipo en nueve provincias del país.
“Eso, desde mi punto de vista, es democracia, es una forma que tienen nuestros pescadores de legislar ellos también, desde sus comunidades y embarcaciones. Por eso, cuando en julio yo levante la mano para aprobar la Ley de Pesca, será como si la estuvieran levantando todos ellos”, afirma Dalia Aguiar González, diputada por el municipio de Venezuela.