Tarifa eléctrica en Cuba, modificaciones para bien

Muchos comentarios y debates suscitan por estos días finales del año los temas relativos a la Tarea Ordenamiento. Una de las comidillas que ha generado desde memes en redes sociales hasta preocupaciones de la población ha sido la tarifa eléctrica ante su elevado coste, que desordenó a más de uno, calculadora de por medio, ante los nuevos salarios. La expectación estaba servida para la Mesa Redonda del lunes 28.

El análisis gubernamental no se hizo esperar, fiel a lo expresado por el Presidente cubano Miguel Díaz-Canel en reciente sesión de la Asamblea Nacional del Poder Popular: “Se revisará lo que haya que revisar y se corregirá lo que deba y pueda ser corregido”. Razones para la modificación del precio del imprescindible servicio en el sector residencial, pero que no quedaron solamente en el centro de la cuestión, fueron más allá con la aplicación de una nueva tarifa en beneficio de las formas de gestión no estatales altas consumidoras.

Todavía el país depende mayoritariamente (95 por ciento) de los combustibles fósiles para cubrir la matriz de generación, de ellos casi la mitad son importados, realidad que eleva los costos de divisas al presupuesto nacional. Sumado a ello, adquirir estas materias primas para Cuba tiene penalidades añadidas al incluir los suministradores montos superiores al valor de mercado, con el fin de cubrir sus espaldas ante el riesgo de sanciones estadounidenses, el costo de los fletes y los seguros.

Recuerde usted que desde hace más de un año compañías navieras y aseguradoras reciben una persecución en las transacciones petroleras entre Cuba y Venezuela, país que en la práctica ha pasado de ser exportador de productos derivados del petróleo a importador de ellos. Por ello, el combustible se busca en lugares más lejanos, elementos todos que encarecen la ecuación.

Mínima todavía resulta la contribución de las fuentes renovables de energía a la matriz de la Mayor de las Antillas, apenas un cinco por ciento, mayor participación de ellas redundaría en abaratamiento de los costos de generación y en soberanía energética, más allá de los beneficios ambientales.

De vuelta al tema en cuestión luego de aclaraciones necesarias, la modificación en las franjas de consumo tiene reducciones notables a las previamente aprobadas. Si tomamos en cuenta, según datos de la Unión Eléctrica (UNE), que el 91,2 por ciento de los consumidores residenciales se encuentran en los tramos de cero a 350 kW/h mensuales, en el caso de los que lleguen a este último número pagarán 286,78 pesos menos a lo inicialmente aprobado. Los beneficios saltan a la vista para las grandes mayorías.

Sin embargo, el precio que no se manifiesta en el bolsillo ciudadano alguien debe asumirlo en términos macroeconómicos. De ahí que se diseñaran una serie de premisas para sostener el importante cambio.

La primera de ellas fue conservar el objetivo de incentivar las políticas de ahorro y contribuir a no modificar la estructura de la matriz de consumo residencial.

En cuanto a la segunda, también trae beneficios al pueblo, pues está encaminada a no modificar la matriz del consumo en los hogares para la cocción de alimentos. De ahí que, por ejemplo, el precio de la balita (cilindro de 10 kg) de gas licuado de petróleo baje de 213 a 180 pesos, más coherente con las modificaciones.

Se entiende esta última decisión para no incrementar el consumo eléctrico dedicado a los equipos de cocina. Se trata entonces de establecer una especie de equilibrio a prestaciones igualmente caras.

En cuanto a la tercera de las premisas, deportivamente hablando, pone el balón del lado de la UNE al plantear como objetivo ganar en eficiencia y la reducción de sus costos, a la par de efectuar un sacrificio fiscal en interés de bajar las tarifas aprobadas. Claro está, aquí también tiene parte la ciudadanía con el ahorro desde las casas, centros de estudio, trabajo y demás.

Ahora el reto estará en no incrementar los consumos, pues las desviaciones podrían llegar a los 5 000 millones de pesos más por encima de los 17 800 millones previstos en el presupuesto para el subsidio de las tarifas, como advirtiera en la Mesa Redonda Marino Murillo Jorge, presidente de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos. Igualmente desafiante será enfrentar la decisión con el mismo déficit fiscal aprobado en el Parlamento cubano.

Como aspecto novedoso de las modificaciones, y no por último menos importante, llegó la posibilidad a las formas de gestión no estatal de sumarse a la tarifa B1, que se aplica al sector no residencial, con beneficios para aquellos consumidores que sobrepasan los 500 kW/h mensuales. Con tal decisión se da otro paso en equiparar a los diversos actores de la economía, además de no encarecer más sus productos y servicios y no afectar así la capacidad de compra de los nuevos salarios.

Los cambios son bienvenidos siempre que vayan a favor del mejoramiento constante, como en este caso. Otra vez se hace patente, con las medidas adoptadas, la voluntad gubernamental de tomar en cuenta el clamor popular acerca de las decisiones que se van implementando.