El pasado 11 de agosto el Consejo de la Administración Provincial en Ciego de Ávila estableció precios topados para los productos de mayor demanda en el sector no estatal; sin embargo, la medida aún deja filtrar a través de sus fisuras los golpes al bolsillo y a la mesa del consumidor.
A Olga Lidia Vázquez la duda la asaltó aquel día delante del listado de ofertas. Acostumbrada a encontrar la pizza de siempre en la tablilla, lo de pizzeta media luna a 5.00 pesos no llevaba otra reacción que la incómoda pregunta: “¿Cuál es la diferencia?” Del otro lado, la respuesta puso fin a su curiosidad sin espantar la sorpresa. “Es la misma pizza que yo vendía antes, pero picada a la mitad, porque no la puedo vender entera. ¿Entiendes?”
Entender hubiese querido ella cuando, a dos puertas, en la calle Simón Reyes, de la capital provincial, otros se la llevaban completa por 7.00 pesos, el mismo importe que semanas atrás había leído en el periódico con el anuncio de los precios topados.
Las pizzetas media luna son, apenas, una de las “vías de escape” a la medida que intenta mantener las satisfacciones después del aumento salarial en el sector presupuestado.
Por eso, Carlos García Pereira, profesor de Economía en la Escuela Provincial del Partido, habla de pertinencia para una alternativa que considera lejos de la improvisación, si se toman en cuenta las condiciones actuales de la economía cubana. “Pero no por eso, deja de tener riesgos, a largo plazo, ante una producción llamada a crecer e imposibilitada de hacerlo de inmediato.”
De ahí que los sentidos deban aguzarse para seguirles las pistas a una posible inflación —explica—, pues una mayor circulación monetaria sin respaldo en bienes y servicios, trastroca el equilibrio entre las ya conocidas oferta y demanda.
Hay un punto en común en las opiniones sobre el tope de precios: sus días de duración tienen que estar contados. Mas, organizarlo mientras esté se torna complejo porque, cuando de dinero se trata, consumidores y vendedores no miran con la misma lente.
PIZZAS “CALIENTES”
Desde el 11 de agosto, al correo electrónico habilitado por la Dirección Provincial de Finanzas y Precios (DPFP) llegan continuamente las quejas. Por más que Irán Cano González, jefe del Grupo Provincial de Supervisión, llama a las personas a denunciar para sumar ojos al control, en realidad de lo que se trata es del derecho de cada cual a exigir porque se cumpla lo establecido; mecanismo que, queda claro, no puede ser el único ni el más importante.
En el buzón se repiten los casos vinculados a los bocaditos de cerdo, el pan, las viandas en municipios como Morón y Chambas, y las pizzas, a las que Yainet Vidal Sardiñas, máxima responsable de la DPFP, sitúa entre los productos más polémicos.
“A partir de incongruencias en el listado oficial se están revisando los importes establecidos para ellas. Nosotros topamos la masa que comercializa la corporación Cimex y que en estos momentos no se está vendiendo con regularidad. Además, aparece con 100 gramos (g) de peso, cuando es de 125 g.”
Los números errados podían haber sido, por sí solos, motivo para crear ruidos ante la imprecisión. No obstante, las faltas reiteradas de ese ingrediente en los establecimientos de Cimex, que Invasor corroboró en visitas a estos lugares, es en estos momentos punto de partida de una justificación que más de uno utiliza en sus negocios para evadir la normativa.
De esta manera, las que deberían costar 10.00 pesos, nunca llegaron a Nestor’s Pizzas, el punto que distingue por su popularidad en las calles Sexta y República, de la ciudad capital. Allí, si bien las pizzetas para nada se parecen a las descubiertas por Olga Lidia, tienen una función similar. Ahora, muchos piden cuatro, cada una por 3.00 pesos, y terminan comiendo y pagando lo de siempre.
En cambio, Caridad Gálvez, desde su cafetería, situada en los alrededores del Hospital Provincial General Docente Doctor Antonio Luaces Iraola, cumple con las nuevas exigencias, aunque, según dice, las ganancias se han ido estrechando. Así se lo ha explicado a los inspectores en su quiosco, con la esperanza de una revisión, sobre todo de esa versión tan nuestra del famoso plato italiano.
• Algunos hicieron su propia ficha de costo.
La respuesta se reproduce en varios mostradores: “la cuenta no da”, y sus dueños alegan que la inestabilidad de los suministros y la ausencia de un mercado mayorista donde poder comprar, son deudas pendientes con el sector cuentapropista. Razones que, muchas veces, los lanzan al mercado informal, donde hoy la masa de pizza, que producen otros particulares, puede encontrarse entre 2.50 y 3.50 pesos.
Mientras el caso de las pizzas continúa en estudio, los avileños tendrán que caminar para encontrar las más baratas, y la interrogante seguirá siendo, ¿por qué en algunos lugares sí y en otros no?
DEL CAMPO A LA TARIMA
Con cara de quien se ha llevado una ganga a casa, Mercy López Marrero carga la jaba de yuca por la que pagó 20.00 pesos y antes rondaba los 50.00. Las cosas han cambiado en el Mercado Agropecuario del Consejo Popular Indalecio Montejo (Ortiz), reconoce, aunque en los días cercanos a la implementación del tope, más de uno cerró y los que permanecieron abiertos tenían muy poco en oferta.
No la deja mentir Yainet Vidal Sardiñas cuando refiere que, bajo la falsa excusa de estar enfermos o de vacaciones, dejaron de vender. “Para estas situaciones lo establecido es retirarles el permiso si permanecen más de 15 días sin trabajar.” Sin embargo, conforme detalla Evaristo González Camacho, director provincial de Supervisión Integral, no consta caso alguno en el que se haya aplicado; todo ha quedado en la noble alerta.
El panorama actual resulta una suerte de dejavu para los habitantes de la Ciudad de los Portales. Quienes frecuentan los puntos de venta recordarán que las afectaciones del huracán Irma, en septiembre de 2017, fue el leitmotiv para fijar, en esa ocasión, precios a productos agrícolas. En aquel momento la Naturaleza se encargó de dejar casi desiertos los anaqueles; en 2019 son otras las circunstancias para que algunas viandas “se pierdan”.
• Dos años atrás también hablábamos de precios topados. Lea El control saca las viandas
Lo confirma Yunier Bordonado, quien, la semana pasada, tenía yuca a 1.20 peso la libra, “porque no había nada que vender”, de lo contrario la hubiese dejado pasar. “Se la traen a 1.00 peso” y, con ese margen, tampoco la cuenta le da.
Como él, otros entrevistados por Invasor coinciden en que luego de la aplicación de la medida, las carencias han sido más frecuentes. Se hace difícil, por ejemplo, encontrar malanga, boniato y ají.
Desde su posición de economista, Carlos García Pereira prefiere pensar que uno de los porqués está en la larga cadena (productor-intermediario-cuentapropista), lo cual, sumado a la rapidez con que merma la mercancía y las distancias a recorrer, termina por encarecerla para consumidores y vendedores.
La razón se la dan Ivón de la Caridad Hernández Castellanos e Inaudis Rosales de la Fe, productores de la Cooperativa de Crédito y Servicios (CCS) Raúl Martínez. Más de una vez, ante las demoras de la Empresa de Acopio para recoger lo pactado y las condiciones que frenan la posibilidad de acercar sus producciones a la ciudad, han apostado por los carretoneros como salida.
De cualquier manera, reconocen en esta figura el eslabón donde los precios se disparan; incluso, con ganancias, en ocasiones superiores a las de los obreros al pie del surco, revelan con tono de quien suena cansado de llenar arcas ajenas.
Ojalá todos pudieran hablar con la tranquilidad con que lo hace Augusto Reyes Palmero, quien pertenece a la misma CCS y, al tener un tractor propio, se ahorra los intermediarios y diversifica la oferta con lo comprado a otros campesinos.
Pero el problema trasciende al campo. A Iselda Reyes Reinaldo, vendedora del punto El Mamey, en el reparto Alfredo Gutiérrez Lugones, también se le fugan sus ingresos cuando, a escasos metros, un “mercado paralelo” y con sobreprecios, a la vista e ilegal, le roba la clientela.
Yainet Vidal los identifica entre los más reincidentes dentro de las 211 supervisiones y las 34 multas que, hasta el cierre del 29 de agosto, había aplicado en los 10 municipios el Grupo de Enfrentamiento Provincial, conformado por las direcciones Integral de Supervisión, la Estatal de Comercio, la de Trabajo, y la de Finanzas y Precios.
Estas estadísticas muestran solo la punta del iceberg. En parte, porque los infractores han buscado la manera de burlar el control con pregones que suenan en mitad de la noche y sitios apartados, y, por otro lado, la insuficiente plantilla del cuerpo de inspectores.
Resalta el municipio de Morón, que, si bien “carga” con el mayor número de violaciones detectadas por el mencionado grupo, ni siquiera cuenta con el personal necesario para efectuar las inspecciones, afirma el Jefe del Grupo Provincial de Supervisión. Se suman Venezuela, Majagua y Ciro Redondo, donde el Grupo de Enfrentamiento en ese nivel es asunto pendiente.
Por ello, señala Cano González, en esos lugares se han visto en la obligación de quedarse en la advertencia, la primera vez, con un 50 por ciento de los transgresores, por “desconocimiento” de las disposiciones. Al menos, en esa ocasión, confiaron en sus palabras.
Sin embargo, no ha sido ese desconocimiento la causa de que sea casi misión imposible encontrar la libra de bistec. Los tarimeros vuelven a hablar sobre cálculos apretados y añaden una prohibición no escrita sobre la venta de “carne limpia”. Que en el listado oficial de los precios, el cerdo troceado tuviera 25.00 pesos como techo, sin desglose alguno para sus partes, a diferencia de lo establecido en las provincias cercanas, ha sido el origen de una confusión que vuelve a recaer en el comprador.
De buenas intenciones está lleno este camino, solo que la voluntad no basta para arrancar de raíz las malas praxis que les hacen sombra. A estas alturas, en las que con anterioridad ya tiramos de la misma cuerda, se supone que algo hayamos aprendido como para no permitirnos errores y omisiones.
Todos estos cabos sueltos vienen a respaldar la tesis del profesor Carlos García Pereira. Aun cuando sea incuestionable su valor social, el tope de los precios no puede caer en la trampa del saco roto, ni prolongarse en el tiempo, más allá de lo que la economía necesita, o acabaría congelándose, con ellos, la productividad. Eso, si de verdad queremos un respiro para el bolsillo.