Con la entrada en vigor de dos decretos del Ministerio de Justicia, recientemente publicados en la Gaceta Oficial del 29 de enero, las violaciones sanitarias, y de la política de precios y tarifas, se pagarán más caro, y los nuevos montos podrían ponerle frenos a la impunidad con que muchos arriesgan la vida de otros o encarecen en demasía el producto de la tarima.
Tanto el Decreto 30, como el 31, de ese Ministerio, detallan las sanciones previstas, que pueden llegar hasta los 10 000.00 pesos; una cuota que, si bien parece excesiva, intenta, precisamente por eso, contener la oleada de irregularidades.
El dato de Irán Cano González, jefe del grupo provincial de la Dirección Integral de Supervisión (DIS) ilustra el panorama y justifica ese actuar en Ciego de Ávila: “en más del 50 por ciento de las inspecciones detectamos violaciones de precios. Por eso es importante que la gente sepa qué tipo de sanción aplicaremos en lo adelante, porque ahora sí se pagará caro”.
Amén de que no solo la DIS está facultada para imponer dichas medidas, Irán cree que la preparación del personal es decisiva para actuar con justeza ante incisos que, desde ya, se avizoran complejos. Por ejemplo, en la sección segunda del Decreto 30, el inciso F lo deja entrever al establecer multas de hasta 5 000.00 pesos a quien “fije, modifique u ordene precios o tarifas, o permita o propicie que otros lo hagan, a productos o servicios, utilizando información alterada o métodos distintos a los establecidos por el Ministerio de Finanzas y Precios”.
Hace dos días lo recalcaba en Ciego de Ávila Marino Murillo Jorge, Jefe de la Comisión de Implementación y Desarrollo de los Lineamientos: “ Ha existido la tendencia de irse a los precios máximos de los productos y no se han hecho las labores de conciliación con los productores, sobre todo en renglones como el mango y la guayaba, lo que ha repercutido en el incremento de precios a la población. Eso tiene que revisarse y no se puede transferir ineficiencias a la población en forma de precios”.
Pues, ahora, a la revisión podría acompañarle una multa, en caso de que inspectores con conocimientos económicos detectaran “información alterada” en fichas de costos que buscan utilidad a toda costa… y a todo costo. No obstante, siempre podrían hacerse acompañar de expertos en la formación de precios; una asignatura que han reprobado tanto estatales como privados, y tiene su expresión en el sube y baja de algunos productos.
Porque, del mismo modo que la reducción demuestra que se trabaja “con el oído pegado a la gente”, queda en entredicho la profundidad o la veracidad de la información usada para establecer los precios con márgenes razonables.
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La severidad del Decreto 30 del Ministerio de Justicia apunta, además, en otras direcciones, y otro de sus incisos lo deja claro al fijar cuantías que pueden llegar hasta los 10 000.00 pesos de multa para quien “cobre, permita que se cobre, u ordene cobrar por productos o servicios precios o tarifas superiores a los aprobados, o en cantidades, pesos, medidas, componente, volumen o calidades inferiores a los establecidos oficialmente”.
De ahí que la tendencia de algunos vendedores a pasar productos de tercera por primera podría tener ahora un freno aleccionador.
Sin embargo, al compararse las multas definidas en el Decreto 30, con las fijadas en el 31, referido a las infracciones de las medidas sanitarias, da la sensación de que resulta más grave vender un pan con menor gramaje, que hacer una fiesta en casa y propagar la epidemia. Mientras que el panadero, por el 30, podría multarse con 10 000.00 pesos, para el ciudadano que incurra en riesgo epidemiológico, la 31 apenas tiene un “tope de multas” de 3 000.00 pesos.
Y aun cuando Leonel Abreu Fernández, subdirector de Salud Ambiental, confiese que “las multas no han logrado acabar con la epidemia y se necesita ya otro grupo de medidas”, las 1 016 impuestas en la provincia por la Inspección Sanitaria Estatal durante el mes de enero, demuestran, asimismo, que la desobediencia sigue campeando hasta en los centros laborales.
Con más de 5 000 casos activos y más de 200 fallecidos en todo el país, y en medio de jornadas que sobrepasan los 1 000 positivos, ya ni siquiera podría aludirse a la falta de percepción de riesgo o a la falta de divulgación de medidas anti-COVID-19 y comportamientos suicidas (inconscientes). Por ello, a la par de medidas que acorralen el virus —como el aislamiento institucional de los viajeros internacionales, que entrará en vigor este 6 de febrero—, debiera continuar sancionándose con más peso (y pesos) actitudes inconcebibles que atentan contra la vida en al actual contexto.