¿Son efectivas las medidas adoptadas en Ciego de Ávila para evitar aglomeraciones en los puntos de venta de gas licuado?
Seis años después de la Revolución Energética, el Censo de Población y Viviendas de 2012 reveló que, de los 2,8 millones de hornillas y fogones eléctricos censados, 2,7 millones todavía funcionaban. Esas cifras, sin embargo, ya eran inferiores al total de 3,2 millones de hornillas vendidas a los núcleos familiares al calor de aquel programa que cambió la matriz de cocción de alimentos en Cuba.
Hoy, a casi una década de ese momento censal (y de explotación de los equipos, sin repuestos estables), luego de que las cadenas de tiendas comercializaran medios de cocción similares y de que aumentara la tarifa de la electricidad, no se puede tener una idea exacta de cómo las familias cubanas cocinan sus alimentos. Ni siquiera el número de contratos de Gas Licuado del Petróleo (GLP) podría despejar las dudas.
Esa cifra, solo en Ciego de Ávila, creció de 32 734 en junio de 2018, según una nota de la Agencia Cubana de Noticias, a 47 301 en 2021, pero no se puede inferir que represente el 86 por ciento de los núcleos registrados (54 803) en la ciudad capital. No se puede porque, inicialmente, por cada núcleo familiar estaba permitido hacer hasta dos contratos de dos cilindros cada uno.
Lo que en junio de 2017 —momento en el que se extendió la venta liberada del GLP al resto de las cabeceras provinciales, pendientes desde 2015—, pareció una decisión que tenía en cuenta las múltiples variantes en que se organizan las familias (dígase dos matrimonios bajo el mismo techo, con sus cocinas separadas, por ejemplo), muy rápido chocó contra dos realidades: por una parte, el error de cálculo que llevó a esta provincia a vender en los primeros 15 días el 75 por ciento de lo previsto para el trimestre (después no alcanzó ni el gas ni las balitas). Y por otra, el mercado ilícito del combustible.
En lo adelante, la División Territorial de Comercialización de Combustibles Ciego de Ávila (DTCC) y la Unión Cuba Petróleo (CUPET) se vieron precisadas a enmendar temporalmente las normas (con hitos en 2019 y 2020), ajustando la venta a la disponibilidad y las coyunturas. Ciertos negocios al margen de la legalidad, no obstante, se mantuvieron.
De las congestiones puntuales que la falta del gas o los cilindros provocaron en el territorio este periódico dejó constancia, así como de decisiones no informadas que sorprendieron a los consumidores en su momento, justo a la hora de comprar la “balita”. Lo cierto es que, unas veces con menos afluencia y otras con excesos, la venta del GLP siempre dio lugar a concentraciones, colas, coleros, indisciplinas e ilegalidades. La COVID-19 solo lo puso en evidencia.
Medidas de contingencia
Desde mayo pasado el pago del gas licuado se puede realizar mediante la plataforma EnZona
Cómo disminuir o eliminar las aglomeraciones de personas en tiendas y establecimientos comerciales fue y es, todavía, un dolor de cabeza para las autoridades políticas, gubernamentales y sanitarias avileñas. Las vías para atenuar o solucionar este problema han estado entre las discusiones más fuertes del Grupo Temporal de Trabajo para el enfrentamiento a la pandemia. Pero no ha sido fácil.
La COVID-19 coincidió en el tiempo (y provocó) con una agudización de la crisis económica doméstica e internacional que nos ha puesto cara a cara con viejas y nuevas escaseces, al punto de que cualquier producto, artículo o alimento es considerado como básico y deficitario. También el gas licuado. Las largas filas desde la madrugada en los puntos de venta fueron focos de atención a los que el vice primer ministro Jorge Luis Tapia Fonseca les “puso el dedo”, conminando a buscar soluciones inmediatas.
Cilayla Rosa Hernández Suárez, directora de la DTCC, lleva suficiente en el cargo como para haber vivido todos “los tiempos” del GLP en Ciego de Ávila y, ante el imperativo y junto a su equipo de trabajo, diseñó cuatro medidas que podrían empezar a cambiar el panorama y hacerlo coincidir con un descenso en la curva de contagios, si se cumplen bien y en todo el sistema.
1- Mantener un cuadro al frente de cada punto, que brindará información a los clientes sobre los cilindros disponibles para la venta del día. Organizarán las colas a la hora de abrir (6:00 am), para que no se aglomeren personas y puedan quedarse en espera del servicio solamente los clientes que tienen posibilidades de adquirir el servicio en el día.
2- Habilitar tres puntos de ventas provisionales para aminorar la afluencia de personas en puntos con mayor aglomeración.
3- Vender sobre camión a los clientes que residen en las zonas más alejadas de la ciudad.
4. Reorganización de los ciclos de venta de GLP a partir del lunes seis de septiembre. Esta medida consiste en alargar a 15 días el ciclo de rotación de un cilindro de GLP, el cual se encontraba a siete días.
Esas medidas comenzaron a aplicarse desde la última semana de agosto y, a juzgar por un recorrido que realizó el jueves Invasor, su cumplimiento no va siendo uniforme. Hay colas “licuadas” y otras no tanto.
De punto a punto
Un cliente del servicio de gas licuado muestra el número que le correspondió después de estar desde la noche anterior “cuidando” la cola
A las 6:10 de la mañana llegamos al punto de venta del Consejo Popular Indalecio Montejo (Ortiz), a tiempo para comprobar in situ la primera de las medidas propuestas. Un centenar de personas aguardaban que Everardo Flores Rodríguez, Especialista en Atención al Cliente y cuadro administrativo designado para ese establecimiento, organizara la cola y repartiera “los números”.
Aunque la cola se conforma por orden de llegada, Everardo confeccionó unos pequeños cartones numerados del uno al 100, cantidad promedio de cilindros que se expenden allí, y personalmente los entrega a cada cliente, al tiempo que les pide la tarjeta de control. “No se dan más números que la cantidad de balitas disponible”, aclara Everardo, quien explica que dentro del total se tiene en cuenta a las personas enfermas de COVID-19, los impedidos físicos, quienes pagan por EnZona y los mensajeros.
Una decisión no incluida en el listado de las medidas, pero puesta en vigor al unísono, precisa que un miembro del núcleo, registrado en la libreta de abastecimiento, debe ser quien compre el combustible. Lo que se persigue, dice Cilayla Hernández, es eliminar la mensajería ilegal. “En muchas ocasiones, esos “mensajeros” cobraban más que los que sí tienen patente para ese trabajo por cuenta propia. Sin los ilegales, no hay cola”.
La medida tiene defensores y detractores. Entre los primeros está Enrique Rojas, un avileño de 58 años cuya fuente de trabajo es buscarles la balita a sus clientes, que van desde personas con horarios inflexibles hasta adultos mayores o discapacitados.
Según dijo, su tarifa es de 70.00 pesos por cilindro y solo puede comprar cuatro al día. Después de recibir su numerito en el punto de venta ubicado en Marcial Gómez, él y el resto de los mensajeros llegan hasta la unidad El Mogambo, en la intersección de Bembeta y H. Castillo, y allí compran sin demoras. Lo confirma, asimismo, Guillermo Blanco, quien compagina la mensajería remunerada con la voluntaria a los enfermos de COVID-19.
En el punto alternativo de El Mogambo compran los usuarios con residencia en el 12 Plantas y el bulevar
Rudisley del Toro Ávila es el administrador del punto de Marcial Gómez, y desde que se abrió un lugar alternativo en El Mogambo, hace las veces de dependiente. Vende unos 40 cilindros diariamente y asegura que todo transcurre con normalidad.
Sin embargo, a José Antonio Estremera, cantinero de la unidad gastronómica y en funciones de custodio, le preocupa la seguridad del proceso de venta, pues el expendio se realiza a escasos metros de la calle y lo obliga a interrumpir sus servicios. “Una chispa de un carro que pase y salimos volando”.
A Omar Cervantes Brown las medidas le parecen correctas, pero le pone pegas al hecho de que para estar a las 6:00 de la mañana y no ser de los últimos en la cola, debe madrugar. “!Ah!, pero si la policía te ve a las 3:00 o las 4:00 de la mañana con la balita, te ponen una multa. Yo creo que hay que ser flexibles con eso”. A su lado, otros que esperaban su turno dijeron que la exigencia de que compre alguien registrado en la libreta atenta contra personas mayores solas, madres con niños pequeños y familias donde todos trabajan. Más allá, un hombre adujo que le quitaron su forma de ganarse la vida, pues se dedicaba a hacerle la cola a otros por “unos pesitos”.
El joven Edelso Pardo, dependiente en Marcial Gómez, dice que sí hay un trato diferenciado con los clientes que se sabe no pueden buscar el gas licuado por sí mismos. Empero, pone de relieve que ningún método es infalible: “hay quienes se quedan con el número de un día para otro, para vendérselo a otra gente. Nos ha pasado que aparecen números repetidos y es por eso, hacen trampa. Con el público nunca se queda bien. Pero la medida sí ha organizado mejor todo. Cuando tú ves a la misma persona tres veces en una semana, te das cuenta de que está en el negocio. Y no lo permitimos”.
El nudo gordiano de este asunto, a todas luces, sigue siendo la cola, o por lo menos esa incapacidad natural o inducida del cubano de no saber hacerla. Lo más sencillo del mundo sería por orden de llegada, cada uno en su lugar. Pero no. “Yo llegué aquí a las 4:00 am y no había 15 personas. Pues resulta que soy el 67. Te dicen con toda su calma que marcaron para dos, para tres”, se lamentaba Edilberto Blanco, en Ortiz.
“Por lo menos tienen número” fue lo que me dijo Yanisleydis Jones Reyes, a las 7:50 de la mañana, en el punto de venta de la calle Maceo, cuando comenté cómo se organizaba el expendio en el otro extremo de la ciudad. A esa hora una multitud aguardaba impaciente, las balitas amontonadas cerca de la puerta, y nadie les había explicado cuántas se venderían en la jornada. “Imagínate que están despachando primero a 30 que quedaron de ayer, pero solo recogieron 20 tarjetas. Yo soy trabajadora, ¿tú crees que puedo estar en esto todos los días?”, replicó.
De acuerdo con Ernesto Izquierdo Benítez, dependiente del punto de venta, con frecuencia se quedan clientes de un día para otro porque, aunque este fue uno de los establecimientos al que se le añadió una ampliación temporal (ubicada en el Patio del Mulato Acelerao), es el punto con más usuarios de los ocho en la cabecera provincial. “La afluencia es mucha y yo soy uno solo para atender a todos”.
Nótese la diferencia en la cantidad de clientes y la organización; a la izquierda el punto de venta de Marcial Gómez, y a la derecha el de la calle Maceo. Jueves 7:30 am.
Preguntado por el método de organización de la cola —y creyendo yo que era el mismo del resto de los puntos de venta—, Izquierdo Benítez confirmó que allí no se reparten números, ni tickets, apenas se recogen las tarjetas, de 10 en 10, de 20 en 20. En realidad, no hay tal organización, de ahí que la acera y los alrededores permanezcan abarrotados de personas que no saben si podrán comprar en el día.
Algo muy similar sucedía pasadas las 8:00 de la mañana en el punto de venta Micro A-1. Según Ernesto Molina Rodríguez, dependiente, él no da números porque a las 6:00 de la mañana no hay ni 20 personas. Pero en la cola había clientes que madrugaron y otros que pagaron 40 pesos por un turno. “En la práctica, los mensajeros ilegales siguen. Marcan, y a la hora de comprar, mandan a buscar al titular de la tarjeta; hacen el trámite y se van”.
• Usuarios de nuestra web señalan otras demandas relacionadas con el servicio
La venta directa en comunidades de la periferia de la ciudad, precisa Cilayla Hernández, transcurre sin contratiempos y ha permitido que 2 681 clientes reciban el combustible en sus zonas de residencia, al tiempo que ha descongestionado un poco los puntos de venta. No obstante, esta medida es temporal, pues la DTCC no puede sostener la transportación sin el aseguramiento del gobierno, definido solo para esta coyuntura sanitaria.
Faltan “balas”
Con apenas 1 100 cilindros disponibles, la División Territorial de Comercialización de Combustibles debe hacer “magia” para mantener una oferta que, si bien no satisface la demanda, al menos la regule. Cada uno de los ocho puntos de venta de la capital provincial tiene más de 4 600 clientes y solo recibe entre 100 y 200 balitas al día. Si tomáramos esas cifras como referencia y si la vida se comportara como una fórmula matemática, le tomaría a cada consumidor unos 23 días en reponer el gas licuado.
Fuente: División Territorial de Comercialización de Combustibles Ciego de Ávila
Pero, en realidad, unos clientes compran cada más tiempo y otros cada menos. El mercado ilícito de GLP se nutre no solo del afán de lucro de algunos, vendiendo al doble de su precio oficial el contenido de una balita; sino de ciclos de venta liberada que permiten reabastecer en apenas 15 días (antes solo siete).
Ese lapso, según la Resolución 92 de 2017 del Ministerio de Energía y Minas Reglamento para el Servicio de Gas Licuado de Petróleo a la población, sería el tiempo que demoraría un núcleo de seis personas con servicio normado, en tanto uno de 10 miembros o más podría adquirirla cada 8 días, teniendo en cuenta las normas de consumo establecidas por la misma resolución. ¿Por qué no se toman como referencia estas escalas para los ciclos de reaprovisionamiento del GLP liberado, en un contexto en el que faltan balitas y también ha faltado el combustible?
En cada punto se comercializan entre 100 y 200 cilindros diariamente
Como se sabe, el trasiego de cilindros no solo genera mayor afluencia en los puntos de venta, sino acorta su vida útil, porque el trasvase del contenido de una balita a otra, además de peligroso, deriva en roturas con frecuencia. En este momento, las que se rompen no tienen recambio.
La única fábrica de émbolos para el gas licuado en Cuba (también los repara) está ubicada en Matanzas y desde 2017 acusa déficits de producción que añaden presión a la creciente demanda de este combustible. En mayo último, Pedro Llerena Rivero, director general de la Empresa de Conformación de Metales (Conformat), perteneciente al Ministerio de Industrias, declaró a Prensa Latina que para fabricar 1 000 cilindros se requiere una tonelada de metal cuyo costo ronda los 1 300.00 euros.
Hasta esa fecha la entidad matancera había entregado 22 000 nuevos cilindros, entre unidades de 10 y de 45 kilogramos, y reparó otros 28 000. Ambas cifras son muy inferiores a los 282 000 producidos en 2016, pero, sabiendo los costos aproximados, entenderemos que igualar esos totales equivaldría a medio millón de euros o dólares.
Todo ello apunta a un escenario en el que la falta de este tipo de envases seguirá tensando las cuerdas de la distribución nacional (y demandará todas las medidas que alivien esas tensiones), teniendo siempre en cuenta que la mayoría de los municipios del país, y de la provincia, espera aún la posibilidad de cocinar con gas licuado, con colas o sin ellas.