Nohema Díaz Confieso que las terminales no me agradan. No importa si están más o menos iluminadas, si hay poco o mucho ajetreo. Pudiera haberles cogido el gusto de tanto viajar a través de ellas; sin embargo, no ha sido así. Se me antojan lugares de aturdimiento, de letanía, convulsos, y, a veces, hasta tristes.
Entre listas de esperas, rectificación de pasajes, guardar maletines, una se siente, en varios momentos, demasiado presionada. Tienes que estar a tiempo para chequear el boletín, acomodar las pertenencias, imaginas las horas sentada si es una distancia muy larga la que tendrás por delante…
Ahora, una nueva preocupación se ha añadido a las que ya estaban. La puesta en marcha de la Resolución 213 del 2018 del Ministerio de Finanzas y Precios, que establece el cobro por el exceso de equipaje en Ómnibus Nacionales, ha venido a traer más inquietudes y malestares a los pasajeros.
El tema ha generado, sobre todo en sitios digitales como Cubadebate, una gran cantidad de comentarios negativos sobre la medida y, aunque van por diferentes razones y análisis, tienen un denominador común: las quejas por los altos precios establecidos.
Según la normativa, el peso máximo que los viajeros pueden llevar es de 20 kilogramos para los mayores y de 10 para los menores. Aparece en el listado oficial la escala de lo que, por encima de lo establecido, se debe abonar, la cual va variando primero en 10 pesos de incremento, luego en 20 y 30, hasta llegar a la suma de 750 pesos por 30 kilos de más.
Esta disposición, según declararon autoridades al anunciarla, responde a opiniones de la población por irregularidades con el equipaje, y busca ajustarlo a la capacidad de almacenamiento de las guaguas en función de alargar su vida útil.
Sin embargo, la reacción casi generalizada ha sido de desaprobación. Muchos alegan, de acuerdo a lo que he podido leer y escuchar, que aceptan la idea de regular lo que se puede llevar. Varios plantean, también, que al viajar en familia utilizan un solo maletín, el cual, obviamente, se va del peso requerido, pues se cobra de manera individual.
Como ocurre casi siempre cuando se comienza a implementar una nueva legislación, los enredos y demoras no faltan. Nadie me lo dijo, lo pude comprobar días atrás en la terminal de Ciego de Ávila. El papeleo que deben hacer los que guardan equipajes, el pesar una y otra vez después que la gente hace trasbordo de cosas, saca algunas para aliviar, sobre todo el bolsillo, retrasa la mayoría de las salidas. Y, si se unen dos o más salidas en el mismo horario, la cosa empeora.
Uno de esos comentarios que leía me tocaba bastante de cerca. La remitente, una estudiante universitaria, hablaba sobre su inconformidad pues tiene que llevar, en las ocasiones que viaja, provisiones para mejorar un tanto las carencias alimenticias que conoce bien cualquiera que haya estado becado.
Pensaba en mi hermana que estudia en Santiago de Cuba y necesita llenar su maletín cada vez que viene y va porque son muy largas las estancias. Pensaba en ella, bueno, por los lazos, pero también en los ancianos que viajan con pocos ingresos; en quienes van a casa de familiares por cuestiones médicas y necesitan trasladar comida para sentir que molestan menos, y en otras muchas experiencias de carreteras.
Si el propósito de todo esto es facilitar trámites y escuchar las quejas de la población, hay que consultar con ella a todas las instancias. No se puede dejar a un lado que es vital el consenso para ejecutar medidas como esta, en una nación donde es harto conocido que el salario es un problema medular y cualquier ataque a su endeble efectividad es una bomba.
Si, además, se trata de frenar ilegalidades, ¿se ha pensado bien que, probablemente, en el trayecto los choferes seguirán recogiendo pasajeros “por fuera”, los que montarán con equipaje que nadie pesa?
Como en otras experiencias, hace falta aquí escuchar al pueblo, entender sus lógicas y sus reclamos. Las tarifas y las estrategias para evitar o mitigar las fisuras de lo legal urgen ser repensadas.