Al cierre del mes de marzo, 20 948 de este tipo de penalidades clasificaban en estado de apremio en Ciego de Ávila
Si no fuera porque la ley es clara en términos y condiciones, pudiéramos pensar que las multas no tienen fecha de caducidad y que ni los imputados están preocupados por abonar lo pendiente, ni los organismos impositores porque lo hagan, en una suerte de dicotomía malsana donde el presupuesto del Estado es el mayor perdedor. No obstante, esta puja entre civilidad y economía no es nueva aquí y, en un santiamén, podemos sacar conclusiones menos apresuradas, demostrativas de que hacer cumplir lo establecido, en lo referido al cobro de multas, transita hoy por un camino empedrado.
Las estadísticas oficiales son exactas: al cierre del mes de marzo, 20 948 de este tipo de penalidades clasificaban en estado de apremio en Ciego de Ávila; es decir, superaban los 60 días y, ante el impago, habían duplicado su cuantía. Hablamos de un monto de más de 19 millones de pesos que vendrían a ser una bocanada de aire fresco para las finanzas locales, justamente cuando es más necesario para resarcir otras deudas y emprender.
El dato fluctúa y ha tenido picos por encima de las 21 000 imposiciones, al sumar traslados que llegan desde otras provincias del país casi a término, cuando el margen de acción es corto, según explicó Andrea Socarrás, especialista del Departamento de Multas de la Dirección Provincial de Finanzas y Precios.
Desde esa instancia, aseguran, se ha trabajado de manera integrada con la Policía Nacional Revolucionaria y los factores de la comunidad, porque cobrarlas es un trabajo engorroso y largo, en el que no pueden violarse los pasos establecidos.
Para añadir complicaciones, con más frecuencia de lo que cabría esperar, las personas multadas no residen en el lugar indicado en el carné de identidad y localizarlas escapa a la habilidad o la posibilidad real de los gestores de cobro.
La otra clave de los impagos, tal cual reconoció la especialista, es que, aun cuando la legislación vigente faculta a judicializar a los morosos e incumplidores, en la práctica no se llega a estas instancias.
Luego de las acciones desplegadas en el territorio, en apenas 15 días, 2941 multas, incluidas en esta categoría, fueron saldadas; sin embargo, sobre tales números, ya lo dijimos antes, gravitan dos lecturas: impunidad de los infractores y permisibilidad de las autoridades.
Por otro lado, cuando llegan al estado de apremio se confirma la falta de interés personal por pagar y esto debería ser luz verde para salir a cobrarlas con más eficacia y valiéndose de otros métodos; pero el asunto no es tan sencillo, sobre todo, por la cantidad de organismos que participan en la imposición, las dificultades con el transporte y los altibajos en las plantillas de los gestores cobradores.
Indisciplinas sociales, contravenciones personales, y violaciones de precios y sanitarias, que datan de los días más duros de enfrentamiento a la COVID-19, figuran entre lo más reiterado, aunque lo cierto es que hay multas y multas.
No es exactamente igual, ni median las mismas subjetividades entre alguien que deja proliferar el mosquito Aedes aegypti en un patio enyerbado y un campesino que, a falta de alambre o cercas en buenas condiciones, no puede contener a sus reses en el potrero y estas circulan en la vía pública, motivo por el que puede ser penado a razón de 20 000.00 pesos por cada cabeza de ganado.
De hecho, no solo la magnitud y complejidad del hecho imputado varían de un caso a otro, sino los montos a desembolsar, siendo la aplicación del Decreto 225 “De contravenciones personales de las regulaciones para el control y registro del ganado mayor y las razas puras”, una legislación que ha generado más de un dolor de cabeza. En correspondencia con las conductas a sancionar incluidas en su cuerpo legal, se registra ya un adeudo que supera el millón de pesos en el municipio de Chambas y, de antemano, podemos augurar que esta cifra será difícil de pagar y de cobrar, no importa desde qué extremo se cuantifique.
• Descargue aquí el Decreto 225
En algún punto del diálogo habrá que comprender que no hay atajos. Para llegar a la línea de meta las opciones son reducidas: pagar, establecer acuerdos sobre cómo hacerlo en aquellos casos en que la solvencia económica sea insuficiente o terminar en los tribunales.