Al sistema empresarial estatal corresponde la mayor responsabilidad en la producción de la riqueza nacional, pero se debilita cuando los esquilmadores de dentro y de fuera le chupan parte de los recursos
Más de un millón de habitantes de este país tienen el encargo social de producir bienes y servicios en escenarios de la empresa estatal socialista. En junio del pasado año, el sistema empresarial estatal ocupaba a un millón 431 000 trabajadores, y desde ese entramado se generaba el 75 por ciento de las exportaciones y el 87 del producto interno bruto.
Aunque los datos que entonces se ofrecían en la Mesa Redonda informativa dedicada al tema, necesariamente han sufrido variaciones, dan una idea del rol protagónico que les corresponde en la economía nacional a tales entidades, y a los colectivos laborales que en ellas actúan.
De ese entramado debe brotar parte de la riqueza que demandan los hogares cubanos, pero, en ocasiones, constituyen el ámbito desde donde parten hacia destinos impensados, pongamos por ejemplo, el azúcar, la energía eléctrica y el arroz. Dicho así, no se percibe quizás en toda su gravedad, lo que significan los robos y desfalcos que tanto daño hacen, y en los que en ocasiones se involucran, desde dentro, los que debieran sentirse dueños y defensores de los ataques externos.
Pese a los esfuerzos administrativos, y de las máximas autoridades de la provincia y el municipio Baraguá, la extracción ilegal de azúcar en ese territorio ha sido un flagelo que, de alguna manera, afecta la distribución en las bodegas avileñas. Pude comprobarlo en febrero de este año, cuando en boca de integrantes del Consejo de Dirección y del Comité del Partido en la Empresa Agroindustrial Azucarera Ecuador, escuché parte del anecdotario de fechorías que allí enfrentaban para encarar toda suerte de artimañas. Llegado este punto, el lector pudiera preguntarse si realmente los que allí laboran se sienten dueños de la fábrica de azúcar, o en su lugar, desembocar en la errónea posición de quienes justifican los desmanes contra el Estado porque los delincuentes “están en la lucha”, frase de moda con la cual se resume la aceptación tácita de los robos, si se trata de acciones que, a primera vista, no penetran en las cuatro paredes de la casa de familia.
Recientemente escuché, en el análisis provincial de los hechos delictivos ocurridos en una semana, que una docena de transformadores eléctricos, en el entorno de las fértiles tierras de la Empresa Agropecuaria La Cuba y áreas adyacentes, habían quedado sin aceite; una manera brutal de afectar el riego agrícola del que depende la producción de alimentos. ¿A quiénes afecta semejante proceder? ¿Acaso no se trata de consecuencias negativas similares a las que sufren los consumidores cuando una bodega es víctima del asalto y algo de la cuota normada va a parar a cualquier parte?
En franca contradicción con la letra de la Constitución de la República de Cuba, cuyo artículo 18 establece que “En la República de Cuba rige un sistema de economía socialista basado en la propiedad de todo el pueblo sobre los medios fundamentales de producción como la forma de propiedad principal”, en la percepción de muchos prevalece la interpretación que reduce la propiedad de todo el pueblo a una abstracción, a la propiedad de un Don nadie que no interesa, ni repercute en la calidad de vida de cubanas y cubanos.
Mucho habrá que hacer en todos los sentidos para hacer frente a las distorsiones y desvíos que hoy le hacen el juego a quienes pretenden ahogar al país. Como parte de los esfuerzos gubernamentales y políticos, será imprescindible tirar a la basura la justificación popular en boga del robo a las instituciones del Estado. En otras palabras, arrancarles los “paños tibios” a “los luchadores”. Hoy chupan parte de la sangre que fluye en las débiles arterias de la economía nacional; mañana, pudieran dispararnos, de frente, o como ahora, por la espalda, mientras reciben el inmaduro aplauso y la complicidad de los afectados.