Aunque la duda asalta frente a una pesa, una tarima o en las páginas online de compraventa, todavía rige en Ciego de Ávila el Acuerdo 239, emitido por el Consejo de la Administración Provincial, que puso tope a precios en el sector estatal y no estatal, mucho antes de que la COVID-19 fuera noticia y las crisis económica mundial uno de sus tantos efectos en espiral.
Sucede que las dificultades para Cuba llegaron mucho antes que el virus con el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero y, por eso, la lucha contra la pandemia ha sido doble bajo el influjo de la escasez.
Entonces se “reactivaron” los coleros, los revendedores, los intermediarios y los especuladores, eslabones más o menos visibles de una larga cadena de etcéteras que combinan lo permitido con lo ilegal sin mayores tropiezos, y que ha extendido los vicios del mercado negro al entorno digital.
Al respecto Cubadebate publicaba el pasado 14 de junio un trabajo donde se cuestionaban las desviaciones que experimentan hoy estos espacios online de compraventa y Ciego de Ávila no está exento de esto. Pueden, al menos, contabilizarse en Facebook tres grandes grupos: Revólico Ciego de Ávila, Revólico Morón y Compra-Ventas Ciego de Ávila, con cifras que ilustran hasta 30 000 miembros.
También la práctica demostró que justo cuando un paquete de detergente de pequeño formato comenzó a valer en este mercado virtual 5 CUC, un pomo de gel 8 CUC y otros alertaban ir al privado para más información —o especulación— sobre bienes que hoy escasean en las tiendas estatales; el asunto no era diferente en las tarimas donde la carne de cerdo se cotiza a 35 o 40 CUP la libra y en los puntos de venta de productos agropecuarios.
El pequeño kit de champú se vendió en la red de tiendas en divisas a 30 centavos en CUC
Este desfase, tanto en el espacio físico como en el virtual, tiene como víctima al cliente que, en el mejor de los casos, paga porque no tiene más opciones, aunque en uno y otro las reglas son distintas. Digamos que el Acuerdo 232 controla los precios de productos que van desde el granizado hasta la malanga, en el otro caso el asunto es más difícil de dilucidar al tratarse, por ejemplo, de que un tendero venda al por mayor, de que una persona compre 10 veces en la misma cola o de que alguien venda su mercancía importada a precios de otra galaxia.
Lo cierto es que para los inspectores de la Dirección de Integral de Supervisión dicho Acuerdo 232 no es letra muerta y de marzo a la fecha, según confirma Irán Cano González, jefe del Grupo Provincial de Supervisión, se han realizado 717 inspecciones y se han aplicado 147 multas, cuyo monto supera los 43 000 pesos, por violaciones asociadas al importe de productos agrícolas fundamentalmente. Para ser exactos esto es apenas la punta del iceberg.
Cualquiera pudiera pensar que es libre para determinar el valor de su mercancía o que debiera agradecerse su existencia aun cuando sea necesario pagar hasta tres veces su precio original, pero comprar barato y vender caro solo beneficia a unos pocos, y entre poner un clasificado, y vender mercancías importadas o sacadas de las tiendas cubanas hay diferencias sustanciales y, a los efectos de la ley, sanciones.
Si bien importar con fines comerciales es un anhelo de los cuentapropistas, al no contar con un mercado mayorista que los abastezca, especular con productos salidos de instituciones estatales y alterar precios vendría a ser, en cualquier circunstancia, inadmisible. Nada justifica que el sobreprecio sea otro efecto viral que termine por instalarse muy a gusto en el argot del mercado, mientras horada desde el bolsillo hasta la credibilidad.